Catalunya retrasa la aprobación del decreto ley contra la sequía

Hace menos de un mes, Catalunya decretaba la excepcionalidad hídrica por riesgo de sequía extrema. Esta medida ha afectado desde entonces a los 224 municipios que se benefician del sistema Ter-Llobregat y el acuífero Fluvià-Muga.

Para hacer frente a la escasez de agua, el edicto prohíbe ciertos usos agrícolas e industriales del agua e insta a recuperar pozos en desuso, suspender en caso de ser necesario el suministro de agua potable para usos no domésticos, y aumentar las sanciones a municipios en caso de incumplimiento severo.

Irónicamente, coincidiendo con el día Mundial del Agua, el Parlament ha votado este miércoles la aprobación del Decreto de Sequía. Las diferencias entre los grupos políticos y la falta de diálogo han hecho que salga adelante como proyecto de ley que volverá a ser sometido a votación tras un proceso de negociación.

Uno de los motivos de la negativa política ha sido el carácter sancionador del mandato. Teresa Jordá, consellera de Acción Climática, ha defendido, sin embargo, que «la idea no es sancionar. La vocación es disuadir y que todos juntos seamos capaces de ir cumpliendo y hacer los deberes. Que no haya ningún tipo de escape en ninguno de los municipios del país. Y que todas aquellas infraestructuras que quizás no se han priorizado por parte de muchos ayuntamientos se hagan ahora».

Los planes municipales contra la sequía son un requisito para las localidades de más de 20.000 habitantes desde 2020. Aun así, solo 24 de los 67 municipios catalanes que superan esta población tienen planes presentados y aprobados. Por ello, la Agencia Catalana del Agua (ACA) ha abierto un expediente sancionador a diez ayuntamientos por no haber presentado ningún plan para afrontar situaciones de sequía como la que amenaza ahora a la región. Esta inacción contempla multas de hasta 10.000 euros. La ACA no ha querido detallar qué municipios han sido sancionados.

La plataforma Aigua és vida, por su parte, reclama a la administración la modificación del Plan de Sequía para acelerar la activación de medidas que ayuden a reducir el derroche de agua en todos los ámbitos, y la aprobación de planes de emergencia municipales también en el caso de las localidades con menos de 20.000 habitantes.

«Es urgente que la Generalitat, no solo la ACA, entienda la gravedad de la situación y la necesidad de sentar a los diferentes departamentos y cruzar políticas para abordar la necesaria contención y gestión de la demanda, hecho que supone redefinir las políticas de agricultura, ganadería, urbanización y turismo», asegura en el comunicado.

Ante las críticas, el Govern anunció hace dos semanas la convocatoria de una cumbre para el 31 de marzo. Esta fecha será otra ocasión para que los diferentes partidos políticos debatan las medidas actuales y realicen nuevas acciones que palíen la falta de agua en el territorio.