Casi un millón de personas en España vive en zonas de inundación recurrente

Más de 970.000 personas podrían verse afectadas en los próximos años por inundaciones en las costas de la península ibérica y Baleares. En total, las superficies artificiales damnificadas por lluvias torrenciales, cliclogénesis o tormentas podrían ascender a 27 mil hectáreas. Este tipo de catástrofe natural es la que más daños genera en España, con 800 millones de euros de media al año, según datos del Consorcio de Compensación de Seguros y el Instituto Geológico y Minero de España. Se espera que esta cifra siga aumentando debido al continuo crecimiento económico, los procesos de urbanización y la crisis climática.

Así lo avisa un estudio, titulado Población en riesgo de inundación en España en la franja de los primeros 10 kilómetros de costa y presentado este miércoles en Madrid. Liderado por el Observatorio de Sostenibilidad y con la colaboración del Centro de Estudios del Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguro (CECAS), el informe tiene como objetivo «poner a disposición de aseguradoras y administraciones públicas una información que utiliza la última tecnología cartográfica y predictiva con el objetivo de minimizar el impacto de futuras catástrofes naturales». A diferencia de otras investigaciones, esta no tiene en cuenta las inundaciones por subida del nivel del mar, sino por eventos meteorológicos severos.

Para la investigación, se ha tenido en cuenta el impacto que las inundaciones tienen en los primeros 10 kilómetros de costa y con vistas a un periodo de 10, 100 y 500 años. «Un periodo de retorno de 500 años no quiere decir que la inundación se vaya a producir cada 500 años, sino que, cada año, hay una probabilidad de una inundación de un 0,05%. Esa probabilidad es mayor que la de que te toque la lotería». Así lo explica el geógrafo y climatólogo Jonathan Gómez Cantero, encargado de aportar al estudio datos de precipitaciones y de lluvias resultantes de fenómenos adversos ocurridos en los últimos años. «En los últimos cinco años hemos tenido inundaciones de periodos de retorno de más de 1.000 años», aclara.

Estimaciones por comunidades y provincias

La Comunidad Autónoma que presenta una mayor exposición para su población en el periodo de 10 años es la Comunidad Valenciana, con cerca de 150.000 personas. Le siguen Cataluña con 75.457 y Andalucía con más de 38.000.

Por provincias, la que arroja los datos más preocupantes es Valencia, con 126.943 personas en potencial peligro por las inundaciones. Aunque lejos, le siguen Girona, con 28.904, y Barcelona, con 27.358. En el extremo contrario se sitúan Lugo y Almería, cuyo informe estima en unas 265 y 946, respectivamente, la población en riesgo serio.

Ampliando el periodo de proyección a 500 años, la Comunidad Valenciana tiene a 383.144 personas expuestas a las inundaciones. En Cataluña, la cifra rondaría las 190.000, mientras que en Andalucía serían 130.000. «Casi podríamos sacar, con nombre y apellidos, todas las personas de España que viven en zona inundable», explica Gómez Cantero. Según narra, lo bueno que tiene el estudio “es que podemos sacar muy claramente por calles, por barrios y por municipios cuáles son las zonas que están en mayor riesgo de inundación en nuestro país. Es algo que se debe conocer».

En España los daños provocados en las costas tras el paso de la última DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) en el mes de septiembre ascendieron a 435 millones de euros. Hasta el 23 de octubre, el Consorcio de Compensación de Seguros reibió 63.034 solicitudes de indemnización y los pagos realizados ascendieron a 20,4 millones de euros. Desde 1985, detalla el estudio, el impacto económico por catástrofes naturales España ha aumentado un 200%.

En total, la superficie artificial urbanizada que está situada en lugares de inundación se estima en un 2,35% para el conjunto de Península y Baleares. Para la denominada costa fría -Cornisa Cantábrica y Galicia-, el porcentaje es 1,79% en el periodo de 10 años, frente al 4,63% para el de 500 años. Para la costa cálida -costa mediterránea, incluyendo Baleares y Atlántica sur  peninsular (Huelva y Cádiz)-, los datos son aún mayores. En la franja de 10 años, un 2,56% se sitúa en zona en riesgo de inundación. Con vistas a 500 años, una de cada diez hectáreas de la costa cálida se establecerá sobre zona de inundación.

La mayor parte de las áreas artificiales en riesgo de inundación, detalla el estudio “son consecuencia de la construcción impulsada por el sector turístico inmobiliario”, mientras que, “en la costa norte, las superficies con alto riesgo se sitúan en áreas urbanas históricas mucho más consolidadas, y tradicionalmente asentadas en el fondo de valles fluviales”.

Cádiz (8,81%), Girona (6,79%), y Valencia (4,61%) serían, porcentualmente, las provincias más afectadas por las inundaciones para el periodo de 10 años. En cambio, en términos absolutos, Valencia, Barcelona y Girona son las regiones con mayor superficie artificial en peligro de inundación. Los autores del informe destacan, además, que tanto en términos absolutos como porcentuales, la provincia de Valencia es la que presenta mayores extensiones artificiales de costa amenazadas por inundación. En concreto, se detalla el tramo entre el sur de Valencia capital y el Cabo de la Nao, en Alicante, como el que concentra mayor riesgo de impacto sobre superficie urbana por inundaciones en la costa de España.

Hasta 14 ‘puntos calientes’

La costa española, sobre todo la mediterránea, recibe gran cantidad de turistas cada año. Esto se traduce en una gran presencia de población, tanto nacional como extranjera, en riesgo de sufrir los efectos de las inundaciones. Una primera estimación de la población potencialmente afectada de residentes extranjeros expuestos al riesgo de inundación supone un total de casi 40.000 personas para el periodo de retorno de 10 años, y 120.000 para 500 años. 

Asimismo, la investigación identifica un total de 14 ‘puntos calientes’, es decir, áreas costeras que acumulan una mayor exposición a las inundaciones. Es el caso de Isla Cristina-Ayamonte (Huelva), Palmones-Guadarranque (Cádiz), Bajo Guadalhorce (Málaga), Bajo Andarax (Almería), Cartagena (Murcia), San Javier-Los Alcázares (Murcia), Costa de Marina Alta (Alicante), Gandía-Oliva (Valencia), Alaquas-Catarroja (Valencia), Vinaroz-Peñíscola (Castellón), Empuribrava-Santa Margarida (Girona), Palma de Mallorca (Baleares), Gijón (Asturias), y Bajo Urumea (Guipúzcoa). Incluso algunas de estas, como San Javier-Los Alcázares, Costa de Marina Alta, Gandía-Oliva y Gijón ya han sufrido importantes inundaciones durante este año. 

Los campings asentados sobre zonas en riesgo de inundación son otro de los focos de la investigación. En este sentido, los autores han podido constatar que, todas las zonas de acampada de la provincia de Valencia, un total de 21, se sitúan dentro de las zonas de inundación.

Como se recuerda en el estudio, en el año 2007 la Unión Europea la Directiva sobre inundaciones, la cual “ha tenido efectos positivos, pero que necesita un importante esfuerzo en lo referente a información a los ciudadanos, especialmente sobre el incremento del riesgo por efecto del cambio climático, la importancia de los seguros como herramienta compensatoria de los efectos socioeconómicos de las inundaciones y la necesidad de considerar las inundaciones en la ordenación territorial”, señala el documento presentado hoy. 

Además de todo esto, hay que tener en cuenta los efectos del cambio climático, que harán que aumenten los eventos meteorológicos extremos, incrementando, además, la irregularidad en las precipitaciones y provocando cambios notables en los flujos de lluvia, “lo que podría derivar en inundaciones más imprevisibles, más torrenciales y efectos más graves en el futuro”, apuntan los responsables del estudio.

Recomendaciones

El estudio no solo analiza los posibles escenarios derivados de inundaciones, sino que aprovechan para proponer posibles soluciones. Así, instan al nuevo Gobierno a tomar medidas preventivas eficaces respecto a las inundaciones, y a «tomar medidas relevantes de adaptación al cambio climático en un escenario donde las inundaciones serán cada vez más relevantes».

La principal sería, remarcan, la “comunicación inmediata a los ciudadanos, especialmente a los propietarios de viviendas y negocios del riesgo de inundación con los diferentes periodos de retorno para minimizar los riesgos a través de un etiqueta en cada una de las edificaciones”. Esta información está ya disponible en la administración central  y en algunas Comunidades Autónomas como en el caso de Cataluña.

Otras de las recomendaciones que proponen los autores del estudio tiene que ver con la puesta en marcha de soluciones basadas en la naturaleza. La forma más efectiva para evitar daños catastróficos es, cuentan, “la gestión sostenible del territorio: reforestar las cuencas, restaurar ecosistemas, recuperar la funcionalidad natural de las riberas de los ríos y de sus llanuras de inundación naturales, a fin de laminar las avenidas, reduciendo la erosión y el impacto sobre los núcleos habitados”.

Para Jonathan Gómez Cantero, «en todas las zonas, construidas o por construir, lo que está muy claro es que hay que hacer una buena ordenación del territorio. Sin ello, seguiremos hablando de inundaciones los próximos años». Por último, el estudio señala la necesidad de “potenciar al máximo” los Planes de Gestión de Riesgo de Inundaciones. “El cambio climático aumentará el incremento de los episodios meteorológicos extremos, por lo que cuanto antes se actúe mejor”, avisan.