Cerrar la Nissan y abrir el futuro

La planta de Nissan en Barcelona cierra, dejando en la calle a los 3.000 personas que trabajan en ella y a casi 20.000 a las que da trabajo indirectamente. Alcoa, productora de aluminio, cierra su planta gallega y despide a más de medio millar. No es un problema local: Renault anuncia recortes que pueden implicar el despido de hasta 15.000 trabajadores en todas sus plantas. El mensaje está claro: la industria del automóvil tal cual la conocemos se muere, como tantas otras. No deben minimizarse las implicaciones de esta decadencia, en particular desde el Estado español: tras la desindustrialización forzosa de los años ochenta y noventa, este sector es uno de los pocos iconos que quedan de la por muchos añorada gran industria. Como mínimo, este golpe supone que, en medio de una pandemia y a las puertas de una profunda crisis económica, más de veinte mil personas y sus familias verán radicalmente dañados sus medios de subsistencia.

Las respuestas al cierre de Nissan no se han hecho esperar: los sindicatos reclaman que no se cierre, y el Gobierno desea abrir un diálogo. Hasta aquí, lo habitual, los primeros compases de una película que termina con la compañía japonesa —que recientemente recibió cientos de millones de euros en subvenciones— haciendo lo que tenía previsto desde el principio y los trabajadores en el paro. Sin embargo, el discurso público en esta ocasión tiene tonos diferentes a los que estamos acostumbrados. Parte de los sindicatos, la oposición de izquierdas e incluso voces en el Gobierno, aunque estos con más suavidad, proponen estudiar la nacionalización de la planta. Algunos sugieren que el único debate posible debe ser si se nacionaliza con o sin compensación a la empresa. Es, desde luego, una novedad refrescante que, si se llevara a cabo, marcaría un giro en lo que se considera posible ante este tipo de decisiones empresariales.

Ahora bien, nacionalizarla ¿para qué? El análisis inicial sigue siendo válido: cada vez se van a fabricar menos coches y los que se produzcan serán eléctricos. No puede tratarse, simplemente, de que el Estado asuma las pérdidas o se quede una fábrica que ha perdido su razón de ser. La planta en sí es importante, desde luego, pero más aún lo son los miles de trabajadores expertos que de repente pasarían a estar desocupados. Aquí es donde tiene que hacerse patente la apuesta del Gobierno por una transición ecológica justa (con todas las limitaciones que esta puede tener en el marco austeritario de la Unión Europea, al que se adhieren apasionadamente buena parte de los ministros del gobierno de coalición). Si de verdad van en serio, esos trabajadores deberán pasar, sin un solo día de desempleo, a desempeñar trabajos necesarios para la transición ecológica, conservando sueldos y condiciones laborales. Aunque no sea el modelo ideal a largo plazo, los propios trabajadores de la planta han manifestado que tienen la capacidad de acometer la producción de coches eléctricos. La tarea que tenemos por delante es inmensa y sería incomprensible desperdiciar esta oportunidad.

Esta crisis es, por otra parte, la enésima constatación de que el maniqueo discurso de que los ecologistas buscan destruir empleos, por oposición a la fuerza creadora y dinamizadora del mercado laboral que son los grandes empresarios, es falso. Desde luego que nuestro objetivo es, en línea tanto con las recomendaciones científicas como con la mejor tradición obrera, que, en conjunto, trabajemos mucho menos. La lucha para mantener los puestos de trabajo de esas familias puede ir acompañada, por ejemplo, de la reivindicación de una semana laboral de cuatro días manteniendo los sueldos. No creemos que nuestro destino sea transformar incesantemente recursos naturales limitados en bienes de consumo innecesarios y plusvalía para los accionistas de Nissan. Creemos que el trabajo debe estar mejor repartido, que algunos deben poder descansar más, y que el acceso al empleo no debe estar condicionado por los caprichos de estos supuestos benefactores, que siguen demostrando su capacidad para devastar la economía de comarcas enteras. No es algo irracional, claro: cosechan beneficios durante unos años, dejan miseria tras de sí. Su racionalidad no puede ser la nuestra.

Lo que está sucediendo se suma a la crisis ya existente, provocada en parte por la pandemia de la COVID-19, y que ha hecho evidente la ausencia de una red de seguridad económica para gran parte de la población. Los intereses de los trabajadores de Nissan no son diferentes de los de los riders de Glovo o las trabajadoras del hogar: necesitan, necesitamos, una garantía de ingresos, algo que nos ponga a salvo de los vaivenes del capital. Una renta básica universal jugaría este papel, elevando por igual a los trabajadores de todos los sectores y permitiendo un mayor margen de maniobra tanto a cada persona como a la clase obrera en su conjunto, de cara a enfocar las incertidumbres de la transición ecológica con menos miedo. Pelear por la conversión de los empleos contaminantes y antisociales en empleos verdes no está reñido con luchar por una garantía vital para todo el mundo y una reducción de la jornada laboral. Al revés, estas luchas deben retroalimentarse.

En definitiva, el caso de la planta de Nissan puede servir como ejemplo concreto de qué queremos decir cuando hablamos de transición ecosocial justa. En primer lugar, pondrá a prueba cuánta verdad hay en los planes del Gobierno. Si no son capaces de nacionalizar una fábrica, ¿cómo vamos a confiar en que lleven a cabo las enormes reducciones de emisiones comprometidas? Además, esta posible nacionalización, de darse, no debería quedarse en una mera respuesta ante una determinada coyuntura, sino convertirse en norma. Una ‘transición justa’ no llegará caída de los cielos patronales, sino que deberá arrancar aquí, ahora, con la Nissan y con Alcoa, para más pronto que tarde evolucionar y tener la forma de un plan económico de largo alcance en el que este tipo de acciones se den de forma ampliada, sistemática y regular por iniciativa de los propios poderes públicos. Este no es más que uno de los muchos pasos que habrá que dar para hacer frente a la crisis ecosocial. Pero podría ser la oportunidad para demostrar que hay motivos para confiar en nuestras posibilidades.