Pedro Sánchez propone repartir los beneficios de las renovables: ¿cómo?

“Vamos a seguir desplegando las energías renovables, integrando a los vecinos y vecinas en la toma de decisiones y también en el reparto de beneficios”. La frase la pronunció Pedro Sánchez en su discurso de investidura, y, como casi todo lo demás, quedó opacada por la ley de amnistía.

Sin embargo, la declaración es de vital importancia: el reparto de beneficios de las renovables es imprescindible para que la apuesta del Gobierno por las renovables se haga de la mano de los municipios y sus pobladores.

El propósito, señaló el ya reelegido presidente, es triplicar la potencia instalada de autoconsumo con el objetivo de que la mitad de toda la energía que se consuma en España sea de origen renovable a finales de la década actual.

Sánchez fue incluso más lejos que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), cuya última actualización planteaba el reto de que las renovables tuvieran un peso del 48% en el consumo final de energía para 2030.

La desigualdad territorial en la generación de energías renovables

Al grito de “renovables sí, pero no así”, algunas comunidades (habitualmente las más despobladas) soportan que su campo se llene de placas solares y de molinos eólicos a cambio de (casi) nada. Con el reparto de los beneficios se busca apocar esa enrome desigualdad territorial que ha provocado el modo en el que se han extendido las energías renovables en España.

Según el Informe resumen de energías renovables 2022, de Red Eléctrica, entre Castilla y León (17,8%), Castilla-La Mancha (14%), Andalucía (13,9%) y Extremadura (12,1%) suman el 57,8% de la potencia renovable instalada del sistema eléctrico nacional. En contraposición, Cantabria tiene un 0,2%; Madrid un 0,3% y las Islas Baleares un 0,4%.

También hay grandes diferencias respecto a la generación: en Castilla y León, el 90% de la energía que se crea es renovable. Llega el 75% en Aragón y al 65% en Galicia. Por abajo: las Islas Baleares con un 7%, Catalunya (14%) y la Comunidad Valenciana (16%).

Mayor es la distancia comparando lo que se genera con lo que se consume. Extremadura, por ejemplo, genera (26.227 GWh) un 540,9% de la energía que demanda (4.849 GWh). Castilla-La Mancha un 218% y Aragón un 199%. La Comunidad de Madrid se queda en el 3,4%.

Sánchez también apuntó en su discurso de investidura que será una prioridad “impulsar una transición ecológica que ayude a mitigar y adaptarnos al cambio climático, que proteja nuestra biodiversidad y que genere riqueza y oportunidades en todo el territorio”. Pero… ¿Cómo se logra eso?

“Debería ser obligatorio permitir que los vecinos participen en el proyecto”

Climática ha hablado con diferentes especialistas en la materia, y coinciden en que es estrictamente necesario que se camine hacia este reparto de beneficios de las renovables. “Lo hecho hasta ahora en términos de redistribución ha sido un desastre”, apunta Albert Banal-Estanol, profesor del Departamento de Economía y Empresas de la Universitat Pompeu Fabra.

El modelo de transición energética, asegura, “beneficia a los ricos y perjudica a los pobres. Los precios más altos de la electricidad, obviamente, hacen más daño a quienes menos tienen, y de los coches eléctricos, los paneles solares, etcétera, sólo se benefician los hogares con rentas más altas”.

Para cambiar esta tendencia, sostiene, “el Gobierno tiene que establecer unas pautas de obligado cumplimiento”. Banal-Estanol considera que un buen sistema para lograrlo es abrir la participación del proyecto a los vecinos y vecinas, que cada uno aporte lo que pueda y luego es propietario de lo que le corresponda. Debería ser obligatorio hacerlo de esta forma, porque está comprobado que cuando las personas del territorio participan de ello, hay menos oposición”.

De igual forma lo percibe Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables: “La relación entre la producción de energía y el beneficio de los que viven alrededor, para que acepten esa ubicación, es fundamental. Es una actividad no deseada, para que lo sea tiene que estar bien hecha y que tú te beneficies”.

Electricidad gratis para los vecinos

A esa sensación de ser partícipes que menciona Banal-Estanol también se refiere Marcial González de Armas, investigador de la Universidad Carlos III. Se ha demostrado, señala, que las comunidades locales no reconocen las energías renovables como suyas porque no dejan beneficios suficientes en el territorio.

En la misma línea, Ferrando da un dato: “El alquiler de una hectárea para instalar placas fotovoltaicas se está pagando unas 10 veces más que la renta agraria. Es decir, si yo cedo mis tierras para que alguien ponga una planta, gano 10 o 12 veces más que si la cultivara y mis vecinos no van a poder poner otra planta cercana”.

Si al que le toca la planta, agrega, “le conviertes en un rentista con grandes beneficios, pero al resto le quitas trabajo y superficie agraria, pues es normal que haya contestación en el territorio. Lo que habría que hacer es que esa cantidad que se paga, no sólo beneficie al propietario, sino a toda la zona”.

Por ejemplo, comenta Ferrando, “hay un Ayuntamiento de 600 habitantes que, sólo por la licencia de obras, ha cobrado 4 millones de euros. Y lo que se está diciendo es que, con ese dinero, hagan una comunidad energética para que los habitantes de los tres municipios adscritos al Consistorio tengan la electricidad gratis”.

El desarrollo de las energías renovables no puede consistir “en una mera extracción de recursos”

González de Armas indica que lo que pretende implementar el Gobierno pivota sobre tres ejes. El primero, informa, tiene que ver con la reforma de los mecanismos del mercado de la electricidad, que, “aunque no tenga una relación directa con repartir los beneficios de las renovables, sí hará que disminuyan los beneficios caídos del cielo de las empresas”.

En segundo lugar, se quiere vincular mucho más el desarrollo de este tipo de energías con el del territorio. Y, por último, hay que procurar que estos proyectos no se perciban como algo que hace una empresa privada, “y que consiste en una mera extracción de recursos, sino como un bien que reportará beneficios tangibles para todos”.

Ello, estima, se consigue con una relación bilateral entre las empresas y los vecinos. Hay algunas, por ejemplo, que se han comprometido a llevar fibra óptica a todo el pueblo. También hay que incidir en el empleo, haciendo que un tanto por ciento de la gente contratada sea de la zona. Y otra alternativa “son las comunidades energéticas y el autoconsumo compartido. Esto democratizaría mucho más las energías renovables”, destaca.