La crisis climática es vinculante

En diciembre, el Gobierno de Países Bajos fue condenado a reducir sus emisiones. Ahora, un tribunal británico ha paralizado la ampliación del aeropuerto de Heathrow por su impacto climático.
Ventana en Toledo con una pancarta contra el cambio climático. EDUARDO ROBAINA. Foto: stopcc

El mes de febrero que acaba de concluir pasará a la Historia como un mes para recordar. La semana pasada, un tribunal de apelación británico declaró ilegales los planes para construir una tercera pista en el aeropuerto londinense de Heathrow, el más transitado de Europa. La lucha contra la crisis climática suma un nuevo hito.

“El Gobierno debería haber tenido en cuenta el Acuerdo de París. No se realizó una declaración de planificación nacional como exige la ley”. Por primera vez, una sentencia tiene en cuenta los compromisos que fueron adquiridos en 2015 en la capital francesa, ratificado en la actualidad por 189 Partes

El Acuerdo recoge en su artículo 2 “la necesidad de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático”. Un objetivo basado en las reclamaciones de la ciencia, y que sería imposible lograr con la expansión de un sector que supone un porcentaje significativo de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Según Naciones Unidas, las emisiones derivadas de los viajes en avión aumentaron un 76% entre 1990 y 2012. Hoy, la aviación representa alrededor del 2% del total de emisiones a nivel global. Sin embargo, las previsiones apuntan a un fuerte crecimiento del sector, alcanzando un 22% para 2050. Pasaría a ser una en una de las principales fuentes responsables del calentamiento global de la atmósfera.

El proyecto de expansión del aeropuerto de Londres, aprobado por la Cámara de los Comunes en junio de 2018, ha contado siempre con el rechazo de las organizaciones ecologistas, además del propio Gobierno de Londres. Mientras que el Gobierno de Boris Johnson ha anunciado que no recurrirá, sí lo hará la compañía que gestiona el aeropuerto, que tiene como principal accionista a la empresa española del IBEX 35 Ferrovial.

La sentencia, si bien es a nivel nacional, tiene implicaciones a escala global. El Acuerdo de París supone mucho más que unos compromisos de cara a la galería, y lanza un potente mensaje: el pacto firmado se respeta, es vinculante y, como tal, ya forma parte del ordenamiento jurídico de los Estados, que deberán tenerlo siempre presente para futuros planes y leyes.

Para Andrew Murphy, responsable de aviación de Transport & Environment, lo más relevante de la sentencia de Heathrow es, precisamente, la eliminación de la idea de que la aviación se encontraba al margen del Acuerdo de París. Por ello, asegura, los gobiernos y la propia industria “deben dejar de fingir lo contrario”.

En cuanto a España, AENA tiene actualmente proyectos de expansión de varios aeropuertos españoles. Uno de ellos es el de Barcelona, donde existe una fuerte movilización ciudadana en contra. Desde Zeroport, plataforma en defensa del decrecimiento del aeropuerto y el puerto de la ciudad condal, afirman que se están ejecutando estudios preliminares para la expansión de El Prat “sin publicidad oficial, por lo tanto, no controlamos los tiempos ni los pasos”.

Sobre la importancia del fallo de Heathrow, Zeroport ve una gran noticia que exista un precedente legal en la Unión Europea. Gracias a este, sostienen, “otros jueces podrían basarse en los mismos razonamientos jurídicos que afectan por igual a España”. Asimismo, ven como una posibilidad empezar a tomar vías legales, pues las de protesta “tiene pocas garantías”.

El Gobierno de Países Bajos, condenado

Esta victoria se produce dos meses después de la conseguida por la ONG ecologista Urgenda en Países Bajos. En diciembre, el Tribunal Supremo confirmaba definitivamente las dos sentencias anteriores que ordenaban al Gobierno a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 25% para finales de este año respecto a los niveles de 1990.

Durante el largo proceso judicial, iniciado en 2013 -cuando aún faltaban dos años para que se firmara el Acuerdo de París-, el Gobierno holandés argumentó que, si bien acatarían el veredicto, los tribunales debían respetar la separación de poderes sin interferir en política. No obstante, la justicia argumentó que los representantes políticos “tienen la obligación de proteger a la ciudadanía contra actividades industriales dañinas, y si no actúa, la actual generación verá peligrar su vida y su vida familiar”. Además, según el propio Tribunal de Apelación, Países Bajos está obligado por los tratados internacionales, que son jurídicamente válidos.

Aunque, como recordaba entonces Ana Barreira, directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, «la sentencia no sienta un precedente judicial para España», sí «abre la puerta al reconocimiento y legitimidad para que los tribunales obliguen a los gobiernos a proteger el medio ambiente y a aplicar las normas vigentes».

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