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Varias personas acampadas en el Forn de la Barraca del municipio de Alboraya, en Valencia, han sido desalojadas este viernes por la Guardia Civil antes de que se procediera al derribo de esta histórica alquería. El Forn de la Barraca, levantado en 1900, era un punto simbólico de la lucha ecologista, contra la crisis climática y por el territorio en la huerta valenciana.
Desde hace 12 días, decenas de activistas se turnaban para intentar impedir el derribo, como resultado del proyecto de ampliación de la V-21, que fue aprobado hace tres legislaturas, todavía con el Partido Popular en la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia, y que el gobierno central retomó en 2017, con Mariano Rajoy como presidente.
El Ministerio de Fomento, dirigido actualmente por el socialista José Luis Ábalos, es ahora el encargado de ejecutar estas obras, que, además de acabar con este espacio emblemático, arrasarán unas 80.000 metros cuadrados de huerta productiva en el norte de Valencia. Lo ocurrido «es contraproducente en la situación en la que nos encontramos ahora», señala Helena Prima, coordinadora de Ecologistas en Acción en Valencia. Paradójicamente, hace algunas semanas, la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana, aprobó la declaración de emergencia climática «con la intención de dar un mayor impulso a la lucha contra el cambio climático», según explicaban en un comunicado desde el gobierno valenciano.
«Estamos frustrados con que el gobierno autonómico y el local no hayan sido capaces de defender que no se haga esta ampliación», continúa Prima. La formación de atascos es una de las justificaciones frente al proyecto. Para la coordinadora de Ecologistas en Acción, «esta zona de la V-21 coincide con la salida a Barcelona y es por eso que los fines de semana se forman atascos». Sin embargo, «esta ampliación no arregla el problema: seguirá habiendo retenciones porque está muy estudiado el efecto llamada. Cuando se amplían carreteras, lo que ocurre es que, por un momento, baja el tráfico, pero como no hay atascos, se anima a la gente a que coja el coche y en un año vuelven a generarse los mismos porque hay más coches. Es una forma de malgastar dinero público que podría emplearse en otras cosas, como la mejora de las conexiones entre la zona metropolitana y las localidades de alrededor», añade.
«Por mucho que evolucionemos y que digamos que estamos en emergencia climática, las políticas no cambian de dirección: las palabras bonitas no nos sirven, queremos que se tome conciencia y cambie la manera de gestionar el territorio», señala a Climática Ignacio Vázquez, exalcalde de la pedanía valenciana de La Punta y activista por la huerta valenciana, que también insiste en la coincidencia de este derribo con una semana de acciones por el clima a nivel mundial. «Defender la huerta en Valencia es algo muy simbólico pero al final es tan genérico como reclamar el derecho a que se planee el territorio para el bien común», concluye.