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Cuando el 11 de junio llegaron las noticias del brutal asesinato del líder campesino Carlos Cabral, la historia parecía estar repitiéndose en Río María. Este pequeño pueblo al sur del Estado de Pará se encuentra en el corazón de la lucha por la tierra más larga, notoria y violenta de Brasil. A la entrada de las modestas oficinas de la Unión de Trabajadores Rurales, donde se celebró el funeral de Cabral, cuelgan los retratos de otros tres líderes sindicales asesinados en la región.
Una de las fotografías es la de Joao Canuto, miembro del Partido Comunista y suegro de Cabral. Lo mataron a tiros en 1985, durante una disputa entre agricultores, que habían ocupado ilegalmente terrenos públicos deforestados, y campesinos sin tierra, que buscaban una reforma agraria con el apoyo de organizaciones de izquierdas. En ese momento, Canuto lideraba la Unión de Río María, el mismo puesto que Cabral, de 58 años, ocupaba 34 años después cuando dos hombres se le acercaron en una motocicleta a escasos metros de su casa. Una de sus balas del calibre 38 le atravesó la cabeza.
La zona sur de Pará es una esquina del Amazonas, abierta caóticamente durante la dictadura militar de los 70 con nuevas carreteras y una gran presa hidroeléctrica. Los ganaderos entraron en la zona, ocupando los terrenos públicos, arrebatando territorios a comunidades tradicionales y pueblos indígenas. Hoy es una de las áreas más deforestadas del Amazonas, convertida casi por completo en pastos.
Y aunque el bosque ha decrecido, la violencia ha continuado. Cabral ya había sobrevivido a un intento de asesinato. En 1991, mientras caminaba con su amigo y compañero del sindicato Roberto Neto da Silva, le dispararon en la pierna izquierda. Tras el suceso, ambos fueron puestos bajo protección federal durante dos años. El motivo era el mismo que llevó al homicidio de su suegro: los grandes agricultores no estaban contentos con los intentos de la izquierda de conseguir una reforma agraria.
Una foto suya señalándose la herida junto a la viuda de Canuto, Geraldina, que sostenía la foto de su difunto marido, se convirtió en un símbolo de la lucha campesina en el sur de Pará. Pero cuando fue asesinado, Cabral, antaño afiliado al Partido de los Trabajadores, ya no era defensor de ideales de izquierdas para los pobres rurales. El año pasado, durante la campaña electoral, Cabral apoyó al candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro.
Bolsonaro se ha puesto del lado de los grandes agricultores y contra los movimientos por la reforma agraria de los campesinos, a los que acusa de formar organizaciones terroristas. En julio del año pasado, durante una visita a la región de su campaña, rindió tributo a un policía militar juzgado y condenado por matar a 19 trabajadores rurales en 1996.
Pero hay una explicación simple para el cambio de bando de Cabral: la avaricia. En su funeral, familiares y amigos afirmaron que se había convertido en uno de los acaparadores de tierras, robando zonas de bosque del territorio indígena para deforestarlas y dedicarlas, sobre todo, a la ganadería.
Las organizaciones tradicionales de la izquierda, como el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y la Comisión Pastoral de la Tierra (apoyada por la Iglesia católica) llevan mucho tiempo oponiéndose al robo de tierra a los indígenas. Pero Bolsonaro, que llegó a la presidencia de Brasil en enero, ha defendido la revocación de demarcaciones indígenas para acomodar a agricultores blancos y proyectos mineros.
La caída de Cabral cuenta una historia de caos que amenaza con envolver al Amazonas y sus restantes bosques tropicales. Según los que lo conocían, hace años, Cabral y un hermano suyo tomaron posesión de 1.542 hectáreas de bosque a unos 425 kilómetros de Río María. Unas 12 horas en coche, en su mayor parte por caminos sin asfaltar. Las tierras eran de titularidad pública, pero ahora están dentro del Territorio Indígena Apyterewa, hogar del grupo étnico Parakana.
Estos últimos años, Cabral había comerciado con tierras dentro de Apyterewa. Un amigo del líder sindical declaró a Climate Home News que el año pasado había comprado 484 hectáreas a la tercera mujer de Cabral (que ya no estaba casado con la hija de Canuto). “Él pensaba que Bolsonaro reduciría las reservas indígenas”, afirmó el amigo de Cabral y superviviente del tiroteo de 1991, Neto da Silva, de 61 años, que se opone a la ocupación de territorios indígenas.
Los derechos indígenas a la tierra en Brasil están respaldados por la Constitución, y, en el caso de Apyterewa, por el Tribunal Supremo. En 2015, en una sentencia no recurrible, el Tribunal sentenció que todas las personas no indígenas debían abandonar el área. El Gobierno federal nunca ha acatado la orden.
En su perfil de Facebook, Cabral había pedido una intervención militar para acabar con el Tribunal, una campaña apoyada solo por los seguidores más extremistas de Bolsonaro. “Siempre intenté sacarlo de ahí”, afirmó Neto da Silva, que pasó todo el día en el funeral de su viejo amigo. “Pero los intereses que le motivaban eran otros, e insistía en esta estupidez, hasta el punto de cambiar su visión como líder sindical”.
En todo el Amazonas se ha repetido un patrón similar. Las reservas de Apyterewa, Uru-eu-wau-wau y Cachoeira Seca han denunciado un aumento en el número de invasores desde la elección de Bolsonaro. Como la protección federal de estos territorios se ha reducido, algunos campesinos están aprovechando la oportunidad para, finalmente, controlar su propia tierra. Los propietarios indígenas, muchos de los cuales no habían tenido contacto con la cultura blanca hace menos de 30 años, no tienen poder para defenderse sin el apoyo del Gobierno.
Un apoyo que no van a recibir de Bolsonaro. El presidente ha ordenado a su secretario de Asuntos de Territorio, el ganadero Nabhan Garcia, que revise las demarcaciones indígenas. Garcia, exlíder de la organización de extrema derecha Unión Democrática Ruralista, quiere legalizar prácticas tales como el arrendamiento o incluso la venta de territorios indígenas, para lo cual necesita la aprobación del Congreso.
Recientemente, los repetidos enfrentamientos de Garcia con el presidente del Funai (la oficina indígena de Brasil), el general del ejército Franklimberg de Freitas, supuso que Bolsonaro despidiera a este último. En su discurso de despedida a los funcionarios del Funai, el 11 de junio, Freitas afirmó que “cada vez que García habla de pueblos indígenas, empieza a salivar de odio hacia ellos”. Freitas dijo que algunos miembros del Gobierno de Bolsonaro consideran a la oficina indígena “un obstáculo para el desarrollo nacional”.
El resultado es que los precios de la tierra se han disparado en Apyterewa, dado que cada vez más gente ve la tierra como una inversión segura. El año pasado, una hectárea costaba tan solo 53 dólares (unos 47 euros). Ahora, ya ha subido a 212 dólares (alrededor de 188 euros), según explicó el amigo de Cabral. Pero con las oportunidades también vienen los rivales. El negocio de Cabral lo metió en problemas con otros acaparadores de tierras. El domingo, la Policía Civil de Pará detuvo a dos agricultores sospechosos de estar involucrados en el asesinato. Un tercero ha escapado. Los tres habían comerciado ilegalmente con terrenos en Apyterewa, según la investigación policial.
Además de detener a los agricultores, la policía confiscó un arsenal de armas y munición ilegales, incluyendo revólveres, pistolas y rifles. El alijo era tan grande que, cuando se terminó de escribir este artículo, aún lo estaban contabilizando. Entre 2017 y 2018, según cifras del Gobierno, Apyterewa fue el cuarto territorio indígena más deforestado de Brasil, con una pérdida de casi 2.000 hectáreas: un incremento de la deforestación de casi el 357% comparado a 2016 y 2017.
Al funeral de Cabral acudieron sus amigos, familiares (incluida su madre) y los miembros del sindicato. Junto al ataúd, la única corona funeraria rezaba: “Nos entristece la irreparable pérdida. El Partido de los Trabajadores”.
Este artículo fue publicado originalmente en ‘Climate Home News’
Traducción de Santiago Sáez
Los indígenas tenemos el sagrado derecho de ser escuchados. Por éso les pido en nombre de mis compañeros, todos que, si es posible, hagan el esfuerzo de buscar la forma de ser escuchados, porque entendemos bien que todos los indígenas del mundo somos los más despreciados, los más marginados, los más olvidados.
Creemos que ha llegado el momento de que todos unamos nuestras voces para que nos escuche el mundo entero.
No nos atraen los cantos de sirenas y ángeles para darnos acceso a un mundo que nos mira con desprecio y desconfianza, que escatima el valor de nuestra sangre y ofrece fama a cambio de dignidad . No nos interesa vivir como ahora se vive.
(Subcomandante Marcos, Convención Nacional Demócrata, Aguascalientes (Chiapas)
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En la India muchísimos indígenas se enfrentan a la expulsión de sus tierras; las políticas de Bolsonaro en Brasil tienen en jaque las vidas de las tribus del país; en la cuenca del Congo los bakas afrontan torturas solo por adentrarse en sus selvas ancestrales, muchas reconvertidas en parques nacionales.
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no compremos ningún producto de brasil si hacemos presión el bolsonaro cambiara pero no sera gracias a la unión europea y el mercosur que quieren introducirnos pesticidas , ogm y demas mierda!!!
No a los dictadores ultracapitalistas que quieren destruir el mundo vendiéndolo por un plato de lentejas
«DEMOCRACIAS» NEOLIBERALES. La misma historia.
COLOMBIA: Iván Duque. injusticia, asesinatos, juego sucio…
“Hemos estado involucrados en el proceso de paz desde el principio y tenemos que denunciar que el Gobierno no está cumpliendo con su parte de los acuerdos. Incumplimientos que pasan por puntos clave de lo firmado y que van desde la restitución de tierras, hasta los programas para la transición de la agricultura, pasando por cuestiones muy graves como la reincorporación de los exguerrilleros a la sociedad y que se garantice su seguridad”, ha señalado.
Desde la firma de los acuerdos “han sido asesinadas más de 600 personas, 134 de ellas excombatientes”. La UE debe ejercer su responsabilidad en controlar que los recursos del Fondo Fiduciario se destinen a los objetivos previstos en los acuerdos.
La visita de Lobo y Cala (FARC, Fuerza Alternativa revolucionaria del Común) al Parlamento Europeo es la última etapa de una gira por Europa que les ha llevado a Madrid, Euskal Herria, Roma y Ginebra.
Entre los elementos que no están siendo implementados, según ha explicado Cala, está la reforma política, “un aspecto central para permitir la participación de otros partidos y sectores minoritarios en igualdad de condiciones”. En la firma de la paz, Ejecutivo y FARC pactaron la creación de 16 puestos especiales en la Cámara que deberían ser ocupados por representantes delegados por las personas que residen en las zonas de Colombia donde el conflicto se vivió con mayor crudeza. Sin embargo, “los partidos mayoritarios se han opuesto”.
Son pocos los avances en la transición agrícola, según los parlamentarios colombianos. La medida estaba dirigida a garantizar la sustitución de los “cultivos de productos ilícitos” como la coca, por nuevas producciones que ayudaran a reactivar la economía en las zonas rurales y que las familias campesinas no dependieran del dinero de los cárteles. “Se están convirtiendo en el eslabón más débil. 123.000 familias firmaron esos compromisos, pero apenas 7.000 recibieron el desembolso inicial” para dejar el cultivo de coca. Esos recursos “no han seguido llegando a los territorios y hoy la sustitución ha sido suspendida”.
El Gobierno, además, ha anunciado un plan para reanudar el fumigado de los terrenos con glifosato, algo que está generando alarma social por las consecuencias que tiene para la salud y el medio: “Hay estudios que indican que por cada hectárea de coca fumigada se ven afectadas 15 hectáreas de biodiversidad y de bosque primario”.
En lo que se refiere a la reincorporación de los excombatientes a la vida pública, Cala y Lobo denuncian que el Gobierno no está destinando los recursos necesarios para que esto se produzca de manera efectiva. “Queremos saber qué recursos se han destinado, si se han destinado y a dónde” comenta Lobo.
“Hoy los 13.200 excombatientes tenemos un futuro incierto desde el punto de vista de la activación económica en el marco de la legalidad”, ha insistido Cala, que ve con preocupación que el Estado no esté asegurando “la seguridad física y jurídica” de los exguerrilleros.
Cala ha puesto especial énfasis en “cómo se sigue señalando y estigmatizando a los excombatientes de las FARC EP que hoy están en la legalidad”, un hecho peligroso de cara a los comicios locales y regionales del mes de octubre.
Esto, unido a los asesinatos “sistemáticos” de exmiembros de la guerrilla, están generando tensiones y una sensación de que el acuerdo de paz podría peligrar. “Hay evidencias de que el Ejército está asesinando a excompañeros. Tememos que se pueda reactivar una época aciaga de la vida nacional como los falsos positivos”, ha dicho Cala.
Y no sólo el Ejército. Él y Lobo han denunciado las acciones violentas de los grupos paramilitares que han ocupado las veredas y comunidades que, en cumplimiento de los acuerdos, fueron desalojadas por los antiguos miembros de las FARC EP. “El Estado se comprometió a ocupar esos territorios, pero eso no ha ocurrido. Las bandas de narcotraficantes, apoyadas en el paramilitarismo, las han ocupado, profundizando en la oleada de asesinatos”, han explicado.
https://arainfo.org/el-supremo-colombiano-ordena-detener-al-exlider-de-las-farc-jesus-santrich/