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Los países del G20, que agrupan al 66% de la población mundial, rebajaron sus emisiones de dióxido de carbono relacionadas con la energía durante el año pasado. Por primera vez, fue gracias a sus políticas climáticas y no a factores externos. Sin embargo, en sus planes de recuperación frente a la crisis que ha provocado la COVID-19, estos 19 gobiernos han vuelto a priorizar el carbón, el petróleo y el gas por encima de las renovables.
Según la base de datos Energy Policy Tracker, en lo que va de año han destinado 233.000 millones de dólares a industrias de combustibles fósiles, como parte de los fondos de recuperación de la COVID-19.
Un informe de Climate Transparency publicado este miércoles detalla las líneas de acción climática en los planes de estímulo del G20, un grupo que representa a algunos de los países con mayor nivel de emisiones del mundo y que, «por lo tanto, tienen la responsabilidad de liderar una acción climática ambiciosa», dice Tasneem Essop, el director ejecutivo de Climate Action Network International, para quien «este informe no solo ayuda a los países a comprender cuánto más deben hacer sino que también ayuda a la ciudadanía a responsabilizar a estos gobiernos«.
Uno de los puntos más problemáticos que encuentra Climate Transparency sobre la respuesta que está dando el G20 a la pandemia en términos climáticos es el rescate de aerolíneas nacionales sin condicionantes, algo que han llevado a la práctica 14 de los 19 países que lo forman.
En total, y conforme al estudio, las aerolíneas y los aeropuertos han recibido 90 mil millones de dólares como apoyo a la situación que ha traído la pandemia para este sector. Solo Francia ha puesto condiciones en su rescate de 7 mil millones de dólares a la compañía franco-holandesa Air France-KLM, si bien no se ha estipulado todavía cómo esta va a llevar a la práctica una reducción del 50% de sus emisiones y el uso mínimo de un 2% de combustible renovable para 2030. Nada nuevo: se trata de unos objetivos que las aerolíneas deberían cumplir sí o sí si quieren contribuir a frenar los impactos del cambio climático y ajustarse al Acuerdo de París.
Más allá de la falta de rigurosidad con la que se plantean estos límites a uno de los sectores más contaminantes que existen –en el caso de que se plantee alguno–, estos rescates no son viables a largo plazo y contravienen a los consejos de informes expertos como el de Climate Transparency u otros similares publicados recientemente, como el del Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible.
No todos los países del G20 están ofreciendo la misma respuesta frente a la descarbonización. Tal y como señala el estudio de Climate Transparency, en lo que refiere al transporte, mientras que Japón, Francia, Reino Unido y Canadá han fijado fechas para la eliminación gradual de los automóviles que utilizan combustibles fósiles, la administración de Trump revocó cualquier regulación en esta línea.
Australia e India son los únicos gobiernos del G20 sin planes para fijar precios al carbón, cuyo consumo no cuenta con restricciones vigentes en China, Rusia, Indonesia y Sudáfrica, además de India. A pesar de esta falta de ambición, son estos, precisamente, algunos de los países que sufrirán en mayor medida los impactos de la subida de la temperatura global en forma de eventos meteorológicos extremos como olas de calor, aumentos de los incendios forestales e inundaciones.
El informe de Climate Transparency incide en que las políticas e inversiones que se han anunciado recientemente por parte de algunos gobiernos del G20 se quedan en el corto plazo y no son suficientes a largo plazo. A fin de lograr que las medidas no sean meramente temporales, «las decisiones políticas de los próximos meses determinarán si los países del G20 logran doblar de manera sostenible la curva de emisiones», dice Jorge Villarreal, de Iniciativa Climática de México.
Volver a la tendencia que había antes de la pandemia sería uno de los primeros pasos, ya que, según Villarreal, «la acción climática estaba dando sus frutos en algunos sectores relacionados con la energía». El consumo de carbón por parte de los países del G20 se redujo un 2% en 2019, pero solo son cinco los gobiernos miembros de este grupo que han fijado objetivos para lograr la neutralidad.
Las renovables suponen un 27% del total de energía que genera el G20, una cifra que podría subir un punto durante 2020, según estiman especialistas. En 2019, las emisiones asociadas a la construcción se redujeron respecto a 2018, pero aquellas que provienen del transporte y la industria siguieron creciendo.
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Rescatan aerolineas, uno de los sectores más contaminantes que existen, mientras al pequeño y mediano empresario le obligan a bajar definitivamente la persiana de su negocio.
El nuevo orden mundial se está imponiendo y el ciudadano cada vez más amordazado nunca mejor dicho.
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El rescate de Air Europa, un nuevo paso en la dirección equivocada.
Los recursos del contribuyente deben ser destinados a atender las necesidades de las y los y trabajadores, al tiempo que se invierte en la transición hacia un modelo de transporte más justo y sostenible.
Cualquier apoyo financiero al sector aéreo debe estar condicionado a una reconversión de este modo de transporte que garantice su decrecimiento en volumen e impacto social y ambiental.
, ofrecer apoyo financiero con dinero del contribuyente a compañías que durante años han maximizado sus beneficios gracias a injustas exenciones fiscales resulta inaceptable. Según un estudio de la Comisión Europea, los privilegios fiscales de las aerolíneas en la UE (no pagan impuestos por el combustible ni el IVA de los vuelos internacionales) suponen un agujero en las arcas comunitarias de unos 27.000 millones de euros al año.
En opinión de Pablo Muñoz Nieto, responsable de la campaña de aviación de Ecologistas en Acción, “las ayudas públicas no pueden destinarse a mantener de manera artificial –algunas aerolíneas ya estaban al borde de la quiebra antes de la crisis provocada por la pandemia- a compañías que maximizan sus cifras de negocio a costa de dañar el planeta y que socializan las pérdidas mientras acumulan los beneficios en las manos de unos pocos.
Frente a los rescates multimillonarios a compañías privadas individuales, Ecologistas en Acción defiende el empleo de los fondos públicos para el desarrollo de una red de transporte más justa y sostenible –en especial, potenciando el transporte ferroviario- que sea una alternativa real a la aviación, así como para prestar el apoyo necesario a las y los trabajadores para su recolocación en dicha red.
Resulta imprescindible aprovechar el parón por la COVID-19 para repensar la estructura de nuestro modelo de transporte y movilidad con el fin de hacerlo más justo y sostenible. Mientras tanto, dediquemos el dinero de todas y todos a proteger a las personas –enfermas, cuidadoras, trabajadoras-, no a las empresas.