Manual para sobrevivir al oligopolio energético (y construir un modelo más justo)

Hace más de medio siglo que la central hidroeléctrica El Electrón dejó de funcionar, pero en La Palma todavía hay quien la recuerda. Hoy, el 90% de la electricidad consumida en la isla canaria se produce en la central de Los Guinchos a partir de diésel. Ante la necesidad de cambiar la forma en que se produce la energía en La Palma, varias entidades públicas y sociales llevan cerca de una década impulsando un proceso colectivo y participativo para avanzar hacia un nuevo modelo energético en la isla. En el proceso, que ha cristalizado en el Manifiesto del Electrón (en memoria del extinto salto de agua), las comunidades energéticas tienen un papel central.

“Energía Bonita nace de ese movimiento hace ahora dos años y medio. La constitución de la cooperativa se firmó justo en medio de la erupción del volcán de Tajogaite y hoy está formada por más de 200 personas”, explica Nuria Albet, presidenta de la comunidad energética palmera. Tienen ocho proyectos de autoconsumo fotovoltaico compartido en diferentes puntos de la isla, aunque solo uno se ha materializado ya en una instalación de paneles solares operativa. Está en la cubierta del colegio Manuel Galván de las Casas, en el municipio de Breña Alta, y tiene una potencia de 112 kilovatios (kW).

Para este y otros proyectos similares que salpican la geografía española, la producción de energía limpia es solo uno de los objetivos. La transformación y la democratización del sistema, la ruptura con la dependencia de las grandes empresas energéticas o la inclusión de las personas vulnerables y el fin de la pobreza energética son tanto o más importantes. Sin embargo, el progreso de estas iniciativas es lento y está plagado de obstáculos. Su papel en la transición energética es, a día de hoy, testimonial.

Según un estudio publicado en 2021 por Amigos de la Tierra, si se establecieran 8.000 comunidades energéticas, una por cada municipio y más en grandes ciudades, se podría cubrir casi toda la demanda eléctrica del sector doméstico y terciario. Con los objetivos de reclamar al Gobierno un impulso decidido a las comunidades energéticas y concienciar a la ciudadanía sobre la urgencia de multiplicar las comunidades energéticas, la Coalición por la Energía Comunitaria, de la que forman parte más de 30 organizaciones, ha lanzado la campaña Enciende la Energía Comunitaria.

Qué son las comunidades energéticas (y qué no)

Las comunidades energéticas son entidades constituidas legalmente que permiten que la ciudadanía produzca, consuma, almacene, comparta y venda energía renovable colectivamente. Están ligadas al autoconsumo y su finalidad principal es proporcionar beneficios ambientales, económicos y sociales a sus socios. Esta definición, que se recoge en la legislación europea desde 2019, hace también hincapié en la importancia de las comunidades energéticas para reestructurar y democratizar el sistema energético, dando más poder de decisión a la gente.

“Sin embargo, las directivas europeas no se han traducido en un desarrollo normativo sólido en España para proteger esta figura”, señala Cristina Alonso, de Amigos de la Tierra. “La figura de las comunidades energéticas debe estar reservada a la ciudadanía y a las pequeñas empresas, pero lo que estamos viendo es que, ante el vacío legal en términos de definición, hay muchas grandes empresas que también están aprovechando para formar sus comunidades energéticas, en muchos casos a través de empresas pantalla, y usurpar recursos públicos, tanto en términos de fondos y subvenciones como de espacio. Calculamos que un 30% de las ayudas para comunidades energéticas en España las está gestionando Repsol”.

En función de lo estricta que sea la definición, las cifras alrededor de las comunidades energéticas cambian mucho. De acuerdo con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), existen más de 400 proyectos en marcha, la mayoría para generación de electricidad con fuentes renovables. Los datos de Energía Común, de la fundación ECODES, hablan de 353 comunidades de energía renovable y 50 iniciativas públicas de autoconsumo colectivo.

“De los casi 75.000 megavatios de renovables instalados en España, unos 25.000 son de energía fotovoltaica. De ahí, poco más del 8% es autoconsumo y por debajo del 1% es autoconsumo colectivo”, añade Cristina Alonso. “La cantidad de producción de energía o de potencia instalada por parte de proyectos de comunidades energéticas es irrisoria. Estos son proyectos de base ciudadana que necesitan tiempo, fondos y más personas contratadas, pero a los que no está llegando ni un marco legislativo favorable ni el apoyo económico necesario”.

Mucho más que producción eléctrica

El barrio sevillano de San Jerónimo cuenta, desde hace un año, con su propia comunidad energética: Jalea Luz. Aunque uno de los objetivos es la producción de electricidad con paneles fotovoltaicos, todavía no han instalado ninguno. Se quejan, sobre todo, de la inacción de las autoridades locales, que les han escuchado, pero no han respondido a su demanda de espacio para instalar las placas solares ni han tenido ningún otro gesto de apoyo. Sin embargo, en Jalea Luz no han estado quietos en los últimos 12 meses, ya que su objetivo va mucho más allá de la producción eléctrica.

“Nosotros tenemos claro que nuestra razón de ser es terminar con la pobreza energética y potenciar la inserción sociolaboral de personas vulnerabilizadas”, asegura Charo Baquero, integrante del equipo de coordinación de la comunidad energética sevillana. “Hemos estado ocupadas encontrando a las personas que serían destinatarias de la energía a bajo precio y definiendo cómo llevarlo a cabo y preparando una formación de larga duración que cubra desde la rehabilitación de edificios para la eficiencia energética y la instalación de energía renovable hasta la resolución de conflictos y temas de género”.

“La primera idea que viene a la mente al hablar de comunidades energéticas es ‘vamos a ser independientes del oligopolio energético y vamos a generar nuestra propia energía’, pero en realidad estas iniciativas van mucho más allá. Nosotros hacemos siempre hincapié en la parte transformadora y democrática, en la innovación social”, añade Cristina Alonso. “Esto solo puede conseguirse a través de proyectos comunitarios en los barrios y en los pueblos, proyectos que apuesten por una participación real de la ciudadanía, sobre todo, de aquellas personas que más lo necesitan”.

“Claro que queremos producir energía fotovoltaica para autoconsumo, pero lo realmente importante es construir un espacio democrático que cubra nuestras necesidades, que la gente participe y tome decisiones”, recalca Nuria Albet desde La Palma.

¿Cómo impulsar las comunidades energéticas?

Los obstáculos que enfrentan las iniciativas de energía comunitaria están claros. Las tres personas entrevistadas para este reportaje coinciden que las barreras son legales (falta protección para evitar que las grandes energéticas absorban los recursos que deberían llegar a los proyectos ciudadanos) y burocráticas, de recursos humanos (las ayudas suelen centrarse en los aspectos técnicos y tecnológicos y no cubren las necesidades de personal), de capacidad de distribución de electricidad y de acceso a la financiación.

“También podríamos hablar de la implicación de los Ayuntamientos, que deberían ser facilitadores de estas iniciativas, pero en poco casos lo son. Para ellos es más fácil firmar un proyecto de energía comunitaria con una gran empresa, pero eso no cambia nada del modelo energético. Deberían facilitar a la ciudadanía el acceso a recursos técnicos y económicos y reducir las trabas burocráticas”, cuenta Cristina Alonso. “Dar el paso y crear un proyecto así como ciudadano puede ser abrumador. Nosotros siempre decimos que hay que empezar poco a poco, formando un pequeño grupo promotor, entrando en contacto con otras iniciativas que ya existen y, sobre todo, implicando al Ayuntamiento. Las autoridades locales tienen un gran poder para impulsar estos proyectos”.

La campaña Enciende al Energía Comunitaria ha definido tres grandes grupos de medidas para impulsar la energía comunitaria en España:

• Aumentar la financiación para las comunidades energéticas de base ciudadana. También se deben impulsar las figuras de asesoramiento para la creación de comunidades energéticas y crear una comunidad energética por cada municipio, involucrando a los Ayuntamientos.

• Romper el oligopolio energético y regular para evitar que un pequeño número de empresas controle el mercado eléctrico. Se necesitará una mayor protección jurídica para la figura de las comunidades energéticas de base ciudadana. Entre otras cosas, la coalición propone prohibir la participación de entidades que dispongan de una cuota de mercado de un 10% en cualquiera de los mercados o sistemas energéticos.

• Cumplir el mandato de las Directivas Europeas a través del cual se otorgan derechos a las comunidades energéticas para gestionar las redes de distribución.

Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero pasa, en gran medida, por abandonar los combustibles fósiles. Pero existen muchos caminos para lograrlo. Las comunidades energéticas no son solo una herramienta para cambiar calderas de gas por paneles fotovoltaicos, sino que también abren una ventana a un nuevo modelo energético más justo y más distribuido, un modelo que no permita que 7 millones de personas no puedan calentar su hogar en invierno, que aumente la resiliencia de las comunidades y que deje que sean los ciudadanos los que decidan cómo producir, distribuir y comercializar su energía.