¿Está en riesgo el futuro de las renovables en España?

A menos de tres kilómetros del mar en línea recta, en el Ayuntamiento de Outes, se eleva el Tremuzo. Situado al norte de la ría de Muros-Noia, el monte se levanta a 524 metros de altitud; es uno de los últimos picos del macizo Galaico-Leonés antes de hundirse en el Atlántico. Su cumbre la comparten la abundante vegetación baja, habituada a los vientos que soplan del océano, y un parque eólico. La estampa no es única: se repite en muchas de las zonas de mayor altitud de las sierras litorales de Galicia. De hecho, solo alrededor de los molinos del monte Tremuzo (que entraron en funcionamiento en 2003), están también emplazados los parques de Currás y Serra de Outes.

Las características únicas del litoral gallego –vientos casi constantes del Atlántico y altitud media elevada– han convertido a esta comunidad autónoma en uno de los epicentros de la transición energética de España. De acuerdo con los datos del Observatorio Eólico de Galicia, de la Universidade de Vigo, hay más de 4.000 aerogeneradores instalados en la región, con una potencia total que se acerca a los 4 gigavatios (GW). Sin embargo, tras un boom inicial en los primeros años 2000, durante la última década apenas se han instalado nuevos parques eólicos en Galicia, a medida que el avance de las renovables se iba topando con una resistencia creciente de las comunidades rurales y los colectivos ecologistas y algunos obstáculos políticos.

Ahora, las demandas presentadas en los últimos años a los más de 70 nuevos proyectos autorizados recientemente desde la Xunta de Galicia han cristalizado en una decisión sin precedentes. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha solicitado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que se pronuncie sobre el conflicto abierto, lo que ha derivado en una suspensión cautelar de, por ahora, 27 proyectos (una cifra que probablemente seguirá aumentando en las próximas semanas). Entre ellos, el de Banzas, el nuevo parque proyectado en los alrededores del monte Tremuzo.

Los colectivos demandantes celebran la medida, mientras la patronal eólica habla de inseguridad jurídica y de freno para la industria gallega y para la transición energética de toda España. Y lo del TSXG no es el único palo a las renovables de los últimos meses: el Gobierno PP-Vox de Aragón acaba de aprobar un nuevo impuesto a las plantas de renovables de la comunidad autónoma, y el de La Rioja ha suspendido por ley la autorización de nuevos proyectos de renovables.

¿Una transición energética con pies de barro?

Volvamos a la cara norte de la ría de Muros-Noia. Además de los parques que ya están en funcionamiento, hay otra decena de proyectos eólicos en desarrollo, como el de Banzas, afectado por la medida del TSXG. De acuerdo con Ecologistas en Acción, la organización que presentó la demanda a la autorización de este parque por parte de la Xunta de Galicia por su impacto paisajístico, acústico y sobre el medioambiente, el de Banzas es un caso paradigmático. «Como en otros muchos proyectos, para el parque de Banzas no se han hecho estudios hidrológicos ni hidrogeológicos. Los aerogeneradores irían situados sobre o muy cerca de cursos de agua y humedales. Tampoco se ha evaluado su impacto sobre las zonas cercanas de la Red Natura 2000», explica Rober Vilela, de la organización ecologista.

«En general, los estudios ambientales, que elaboran las propias empresas promotoras de los parques, son muy flojos. Eso sin tener en cuenta que la propia administración autonómica no ha catalogado debidamente todas las zonas de alto valor ecológico de Galicia», añade Vilela. «Esto, unido a la oposición de las personas directamente afectadas por los parques, se ha acabado convirtiendo en un cuello de botella a nivel jurídico. La mayor parte de los proyectos eólicos de Galicia se han judicializado, lo que ha acabado frenando la implantación de las renovables».

Para el ecologista, el problema real es de base. De unos estudios ambientales incompletos o poco serios. De una administración que favoreció y autorizó buena parte de los proyectos para acelerar la implantación de las renovables. De una escasa adaptación a la realidad social y demográfica del territorio. «Nosotros creemos que en Galicia deberíamos tener la potestad de decidir, de debatir de verdad sobre la ordenación del territorio antes de decidir dónde se pueden colocar los parques eólicos», señala Vilela.

Desde la Asociación Empresarial Eólica (AEE), reconocen que el proceso podría haberse hecho mejor, pero recalcan que la legislación fue la que favoreció que se haya hecho como se hizo. «El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) marca unos objetivos muy ambiciosos y la industria ha respondido de forma masiva», asegura Heikki Willstedt, director de Políticas Energéticas y Cambio Climático de la patronal eólica. «El 90% de la población está de acuerdo con que se instalen renovables, pero los problemas aparecen cuando los proyectos se concretan en el territorio. El apoyo popular puede mejorarse explicando mejor los beneficios, abriendo el debate y siendo muy claros. Y esto no siempre se ha hecho».

«Ahora bien, a todos nos gustaría que la transición energética no tuviese ningún impacto sobre el territorio. Pero eso es imposible. Estamos intentando transformar un consumo energético basado en combustibles fósiles que están bajo tierra, que no se ven y cuyos impactos directos apenas se notan en nuestro país y menos aún fuera de las ciudades», añade Willstedt. «Los parques eólicos, las plantas fotovoltaicas o las centrales hidráulicas van a ocupar una porción del territorio, está claro, pero es muy pequeña. Para cumplir el objetivo de 2030, se va a necesitar el 0,04% de la superficie de España».

¿Cuál es el futuro de la transición hacia las energías renovables?

El último PNIEC busca reducir un 32% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990 para finales de la década. Para conseguirlo, el documento establece los objetivos de que el 48% del uso final de la energía y el 81% de la generación eléctrica sean de origen renovable. Esto se traduce en que, para 2030, España deberá contar con 62 GW de potencia instalada de energía eólica –de los que 3 GW serán de eólica marina–, 76 GW de solar fotovoltaica, 14,5 GW de hidráulica y 4,8 GW de solar termoeléctrica. De acuerdo con los datos de Red Eléctrica, 2023 terminó con 31 GW de eólica y 25,5 GW de fotovoltaica en funcionamiento.

«El sector eléctrico está descarbonizado al 80%, entre renovables y nuclear, y el resto lo cubren los combustibles fósiles. Pero la electricidad es alrededor del 22% de la energía que se consume en España. El resto es petróleo y gas. Si hacemos un pequeño esfuerzo, habremos descarbonizado la producción eléctrica, pero aún nos quedará mucho camino de reducción de emisiones. Esa va a ser la parte más dura de la descarbonización, por lo que no tiene sentido que estamos penalizando ya las pocas herramientas que tenemos para generar energía limpia y en nuestro territorio», añade Heikki Willstedt desde la patronal eólica.

«El futuro de la transición energética en España es un poco preocupante. La decisión del TSXG implica que, o se han hecho mal las cosas desde el principio, o se está aplicando un exceso de celo. Y decisiones como las del nuevo impuesto de Aragón ya sabemos a dónde llevan. Antes de 2018 tuvimos políticas que fueron bastante lesivas para la implantación de energías renovables, como el llamado ‘impuesto al sol’, que frenaron las inversiones en el sector», explica Xavier Cugat, experto en renovables y product manager de la empresa de baterías Pylontech. «El cambio climático no tiene color político y el acuerdo para instalar renovables debería ser algo transversal».

Para Cugat, es probable que las cosas no siempre se hayan hecho bien y que hayan faltado explicaciones y transparencia con los proyectos, aunque tampoco entiende el papel de algunas organizaciones ecologistas que, en los últimos años, se han opuesto sistemáticamente a la implantación de renovables. «Lo que no podemos hacer es dejar de colocar molinos o paneles porque no nos gustan. El mundo no se muere por fealdad, el mundo se muere por las emisiones contaminantes, emisiones que evitan los aerogeneradores y las plantas fotovoltaicas», añade.

Desde Ecologistas en Acción, insisten en el que el debate no está tanto alrededor del impacto paisajístico, aunque este es indudable, sino más bien del impacto ambiental, en especies animales y vegetales (sobre todo, las aves) y en los acuíferos, así como de la afectación de los territorios de una población rural que casi nunca se ha sentido parte del proceso de toma de decisiones. Sea como sea, los cimientos de la transición energética se tambalean, sembrando dudas no solo sobre la descarbonización de la producción eléctrica, sino también sobre las opciones de una reindustrialización del territorio basada en las energías alternativas.