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Elisenda Pallarés
Este texto se publicó originalmente en el Magazine 2024 de Climática y se ha actualizado con información nueva. Puedes adquirir tu ejemplar aquí.
Sabe que se expone a pasar años entre rejas, pero Deanna Maree Violet Coco (Sídney, 1990), conocida simplemente como Violet Coco, está decidida a alertar «sobre la emergencia climática y ecológica para evitar millones de muertes». La australiana pasó en 2019 de dirigir una empresa de organización de eventos a ser activista ambiental voluntaria a tiempo completo tras ver arder grandes áreas forestales sin control durante semanas. Se enroló en los colectivos Fireproof Australia y Extinction Rebellion y empezó a organizar una resistencia masiva contra un gobierno que, según dice, es «cómplice» del calentamiento global.
En 2022, fue condenada a 15 meses de prisión por cortar el tráfico en el puente Harbour de Sídney. Apeló con éxito su sentencia: el juez determinó que su condena se basó en la falsa acusación, por parte de la policía, de bloquear una ambulancia, y se le concedió la libertad condicional. Un año antes, tras no solicitar la libertad bajo fianza, pasó 16 días en prisión por prender fuego a un cochecito de bebé a las afueras del Parlamento australiano.
Esta entrevista se realizó en febrero de 2024. Unos días después, el 5 de marzo, participó en una acción en el puente West Gate en Melbourne, cortando parcialmente la vía en hora punta. Aquella protesta causó caos en el tráfico y provocó que una mujer diera a luz en un coche. Violet Coco, que pidió disculpas por ello, fue a juicio y se declaró culpable de alteración del orden público y obstrucción intencional a la policía. Fue condenada a 21 días de prisión, pero tras apelar, la pena se incrementó posteriormente a dos meses de prisión en el Centro Dame Phyllis Frost de Ravenhall, siendo su estancia más larga entre rejas.
¿Por qué decidió hacerse activista? ¿Ha visto políticas favorables al clima en su país desde entonces?
Cuando supe de la importancia de la crisis climática orienté inmediatamente toda mi vida hacia la organización de base para prevenir el colapso. En ese momento estaba claro que el Gobierno tenía muchas oportunidades de hacer más; hoy entendemos que solo un giro de la democracia hacia el pueblo podría evitar esta crisis. Australia es el mayor exportador de emisiones de carbono: somos los traficantes de drogas de los combustibles fósiles. También somos uno de los mayores emisores per cápita. Así que tenemos una enorme responsabilidad, pero no hay voluntad política ni social para cambiar.
Yo ayudo a organizar una revolución política para detener el abrasamiento global… O dicho de forma más simple: organizo una resistencia masiva contra un gobierno que es cómplice de autorizar más minas de carbón cuando la ciencia es clara y dice que debemos tomar medidas de emergencia inmediatas, con el apoyo de la comunidad, para evitar una mayor desestabilización de nuestros sistemas climáticos y ecosistemas.
En abril de 2022 estuvo en la cárcel por bloquear el puente Harbour en una protesta. ¿Cómo se sintió?
Sí, estuve en prisión 14 días, y antes había estado en una especie de arresto domiciliario durante muchos meses. Lo que siento es que debemos ser fuertes para derrocar a gobiernos violentos y opresivos. Estoy decidida a hacer lo que sea necesario para proteger la habitabilidad de nuestro planeta. Australia tiene una de las tasas de encarcelamiento de indígenas más altas del mundo. Como migrante blanca de tercera generación en este continente, tengo muchos privilegios en esta sociedad debido a un genocidio que todavía está ocurriendo tras las rejas, con muchas muertes en prisiones. Ningún manifestante pacífico debería ir a prisión jamás, pero es que además el sistema penitenciario tiene muchos problemas. Me he convertido en una abolicionista de la prisión después de experimentar las atrocidades que se cometen dentro de ella.
En el Estado de Nueva Gales del Sur se modificó la legislación en 2023 y ahora se contemplan penas de hasta dos años de prisión por protestar en infraestructuras críticas como carreteras, líneas ferroviarias, túneles y puentes.
¿Usted fue la primera persona en ir a la cárcel por una protesta climática en Australia?
No, ha habido otras. Mi sentencia de 15 meses ha sido la condena más larga, pero apelamos y fue cambiada por la libertad condicional. Ha habido una serie de cambios legales en Australia que han facilitado el encarcelamiento de manifestantes. Muchos han acabado en prisión y se les ha negado la libertad bajo fianza antes de dictar sentencia. La policía eleva los cargos a cosas más extremas y miente en la exposición de los hechos, como hizo conmigo diciendo que bloqueé una ambulancia, cuando no fue así. A menudo, la policía retira los cargos en el último minuto y utiliza lo que llamamos «litigio estratégico» como una forma de castigo y disuasión para los manifestantes antes de que los tribunales encuentren a alguien culpable.
¿Considera que esta ley viola el derecho a protestar?
Por supuesto, ningún manifestante pacífico debería acabar en prisión. Las leyes de derechos humanos establecen que tenemos derecho a reunirnos pacíficamente. También deberíamos tener derecho a un planeta habitable en el que estar juntos. El proyecto colonial que prioriza el beneficio de las empresas sobre la vida y la democracia no tiene sentido.
¿Cuál es su situación legal [febrero de 2024]?
Ahora mismo estoy en libertad condicional, supeditada a mi buena conducta, y tengo intención de ser lo más buena que pueda… Es decir, de seguir protestando. Un mes después de que se anulara mi sentencia bloqueé un tren de carbón. Al mes siguiente bloqueé unos camiones madereros. Mi situación legal no es tan importante como la determinación que tengo en mi corazón de detener el colapso climático para las generaciones futuras.
En España estamos viendo en los últimos años la criminalización de activistas climáticos de colectivos como Futuro Vegetal o Rebelión Científica. Algunas personas han sido acusadas de pertenecer a una organización criminal y se enfrentan a penas de varios años de prisión. ¿Qué les diría?
Manténganse fuertes, camaradas. Esto es parte de la historia y del gran giro. Protestar abiertamente como lo hacemos, humanizar el movimiento como lo hacemos, sin máscaras y a la luz del día, es un trabajo importante. Manténganse firmes, pacíficamente, llenen las cárceles, abrumen con nuestra determinación, coraje y amor.
¿Cree que la criminalización de activistas climáticos es una tendencia global?
Sí, creo que el movimiento se está volviendo más rebelde y por eso están tratando de detenernos.
¿Teme que esta criminalización merme los movimientos reivindicativos?
A veces sí. Pero la historia muestra que, si somos inteligentes al respecto, también podemos causar el efecto contrario. Cuando me metieron en prisión vimos las protestas más grandes en este continente desde la COVID-19. Y, por supuesto, aquello fue ampliamente superado ahora por las protestas a favor de una Palestina libre y para acabar con su genocidio.
2023 fue el año más cálido jamás registrado y Australia sufrió incendios devastadores. ¿Cree que la mayoría de la población es consciente de la relación entre estos eventos extremos y el cambio climático?
La mayoría de australianos quiere una acción climática más firme. Pero viene de la mano del decrecimiento y somos una sociedad muy privilegiada y cómoda. ¿Renunciará Australia a sus lujos para salvar al mundo? Esa es otra cuestión.
Los litigios climáticos contra empresas y Estados están aumentando. Bélgica, por ejemplo, debe reducir sus emisiones al menos un 55% de aquí a 2030 gracias a un juicio iniciado por la ONG Klimaatzaak. ¿Esto le da esperanza?
Mantengo la esperanza porque rendirse es desviarse del camino de la peor manera. Sé que las posibilidades son escasas y que debemos tomar medidas urgentes. Lo que hagamos en los próximos años determinará el destino de la humanidad y del resto del mundo vivo. Me gustaría que las democracias se transformaran en «asambleas de ciudadanos».
Cuando grupos de personas se reúnen para resolver un problema, asesorados por los expertos adecuados, como indígenas y científicos, hallan soluciones muy justas, razonables y originales. Nos estamos quedando sin tiempo. En realidad, para hacer este cambio no estamos siendo lo suficientemente radicales. Detengamos la máquina de la muerte. Rebelémonos por la vida.
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La UE no puede claudicar: el reglamento contra la deforestación debe aplicarse con firmeza
La Alianza Cero Deforestación, en la que se integran las principales organizaciones ambientales de España, exige al Gobierno que resista las presiones de los grandes intereses empresariales y apruebe sin dilación la ley que frenará la destrucción de los bosques.
Cada minuto que pasa, desaparecen 30 campos de fútbol de bosques en el mundo. El año pasado fue el décimo más caluroso registrado, marcado por graves incendios forestales, inundaciones generalizadas y sequías. Detrás se encuentra un modelo de producción y consumo que prioriza el beneficio a corto plazo. La deforestación es una tragedia ambiental, pero también afecta desproporcionadamente a la agricultura y amenaza la seguridad alimentaria, los derechos humanos y la estabilidad climática.
En 2023, la Unión Europea (UE), gracias a la presión de la sociedad civil, dio un paso sin precedentes al aprobar el Reglamento de productos libres de deforestación (EUDR), con el que, por primera vez, asume su responsabilidad como segundo mayor importador mundial de deforestación ―tras China― vinculada al comercio internacional.
Sin embargo, esta legislación pionera sigue enfrentándose a más presiones para ser aplazada o simplificada hasta vaciarla de contenido. Grupos empresariales, con apoyo de varios gobiernos de la UE y países productores de materias primas agropecuarias, intentan debilitar su aplicación, escudándose en argumentos de complejidad administrativa o competitividad. Es crucial que no se ceda ante estas presiones, porque lo que está en juego es el futuro de los bosques, que son el cimiento de la estabilidad económica en regiones donde la sequía vinculada a la deforestación ya está causando disturbios y volatilidad en los precios de las materias primas por malas cosechas.
Los bosques arden, las excusas también.
Defender la ley contra la deforestación es defender el futuro.
España ante un momento decisivo en la aplicación del EUDR
El Gobierno español tiene la obligación de aprobar una ley estatal que adapte al régimen jurídico estatal determinados aspectos del EUDR para su correcta aplicación. Y, en paralelo, acompañar a los productores afectados, especialmente a los más pequeños, en su adaptación a la norma. Por ello, en un contexto internacional en el que España defiende mayores niveles de ambición climática, es prioritario que el Proyecto de Ley llegue al Congreso de los Diputados antes de julio, y que los próximos Presupuestos Generales del Estado incluyan partidas específicas y adecuadas para garantizar su aplicación efectiva.
La UE no puede claudicar: el reglamento contra la deforestación debe aplicarse con firmeza
La Alianza Cero Deforestación, en la que se integran las principales organizaciones ambientales de España, exige al Gobierno que resista las presiones de los grandes intereses empresariales y apruebe sin dilación la ley que frenará la destrucción de los bosques.
Cada minuto que pasa, desaparecen 30 campos de fútbol de bosques en el mundo. El año pasado fue el décimo más caluroso registrado, marcado por graves incendios forestales, inundaciones generalizadas y sequías. Detrás se encuentra un modelo de producción y consumo que prioriza el beneficio a corto plazo. La deforestación es una tragedia ambiental, pero también afecta desproporcionadamente a la agricultura y amenaza la seguridad alimentaria, los derechos humanos y la estabilidad climática.
En 2023, la Unión Europea (UE), gracias a la presión de la sociedad civil, dio un paso sin precedentes al aprobar el Reglamento de productos libres de deforestación (EUDR), con el que, por primera vez, asume su responsabilidad como segundo mayor importador mundial de deforestación ―tras China― vinculada al comercio internacional.
Sin embargo, esta legislación pionera sigue enfrentándose a más presiones para ser aplazada o simplificada hasta vaciarla de contenido. Grupos empresariales, con apoyo de varios gobiernos de la UE y países productores de materias primas agropecuarias, intentan debilitar su aplicación, escudándose en argumentos de complejidad administrativa o competitividad. Es crucial que no se ceda ante estas presiones, porque lo que está en juego es el futuro de los bosques, que son el cimiento de la estabilidad económica en regiones donde la sequía vinculada a la deforestación ya está causando disturbios y volatilidad en los precios de las materias primas por malas cosechas.
Los bosques arden, las excusas también
España se ha convertido en uno de los principales consumidores de deforestación tropical de la UE. Datos recientes revelan que alrededor del 40% de las importaciones de soja proceden de regiones gravemente afectadas por deforestación, donde, por otro lado, el descenso de las precipitaciones y el acortamiento de los periodos productivos ya están afectando al rendimiento de esta materia prima. Los incendios que asolan la Amazonía, el Cerrado brasileño o Indonesia no son “desastres naturales”, sino consecuencia directa de un modelo de producción que transforma valiosos ecosistemas en monocultivos de soja para alimentar al ganado europeo, o en plantaciones de palma cuyo aceite termina en los supermercados y los depósitos de los vehículos europeos.
En este contexto, resulta imprescindible señalar que la responsabilidad no recae únicamente en los países productores. España y el conjunto de la UE tienen una responsabilidad directa y demostrable en el impacto sobre estos ecosistemas a través de sus decisiones de importación y consumo. La dependencia estructural del modelo agroindustrial ―en particular, de la ganadería intensiva y la producción de agrocombustibles― alimenta la destrucción de los bosques a ambos lados del océano.
Defender la ley contra la deforestación es defender el futuro
La aplicación del EUDR, aun con sus limitaciones iniciales, permitiría reducir significativamente la deforestación importada. Sin embargo, la campaña constante de presión por parte de determinados sectores económicos y políticos alegando exceso de burocracia o el impacto en la competitividad carece de fundamento técnico: por ejemplo, el 90% de la soja que importa la UE para piensos ya cumple con los requisitos de trazabilidad, lo que demuestra la viabilidad de la legislación. Estas resistencias no son nuevas, pero sí especialmente preocupantes cuando provienen de actores con un largo historial de impacto ambiental, o cuando se articulan desde gobiernos o formaciones políticas que se proponen debilitar el marco regulador ambiental de la UE.
Ceder ante estas presiones supondría no solo traicionar la voluntad mayoritaria de la población, sino echar abajo una legislación ya aprobada y en vigor. Mantener la fortaleza del EUDR, aplicar la legislación con rigor y apoyar a los sectores y empresas comprometidos con una transición ambiental justa sostenible es, hoy más que nunca, una cuestión de responsabilidad política y de justicia ambiental.
España ante un momento decisivo en la aplicación del EUDR
El Gobierno español tiene la obligación de aprobar una ley estatal que adapte al régimen jurídico estatal determinados aspectos del EUDR para su correcta aplicación. Y, en paralelo, acompañar a los productores afectados, especialmente a los más pequeños, en su adaptación a la norma. Por ello, en un contexto internacional en el que España defiende mayores niveles de ambición climática, es prioritario que el Proyecto de Ley llegue al Congreso de los Diputados antes de julio, y que los próximos Presupuestos Generales del Estado incluyan partidas específicas y adecuadas para garantizar su aplicación efectiva.