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Se avisó y finalmente ha ocurrido. España ha iniciado el proceso de retirada del Tratado de la Carta de la Energía (ECT, por sus siglas en inglés), el polémico acuerdo nacido en 1994 para proteger las inversiones extranjeras en la industria de la energía. La noticia ha sido adelantada por Karl Mathiesen, de Politico, y la ha podido confirmar Climática con fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La decisión ya se le ha hecho saber oficialmente a la Comisión Europea y al resto de las partes firmantes del Tratado.
Bajo el régimen del ECT, los inversores extranjeros pueden demandar a Estados Parte del Tratado cuando consideren que han tomado decisiones que son perjudiciales para sus intereses. Desde la cartera que dirige la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, consideran que dicho acuerdo «no está alineado con el Acuerdo de París, el Pacto Verde Europeo, la neutralidad climática como tarde en 2050 y la defensa de la integridad y primacía de la UE en el ordenamiento jurídico de todos los Estados miembros».
En los últimos años, se ha buscado actualizarlo. El proceso para ello terminó el pasado junio, aunque sin «ninguna mejora», según la vicepresidenta, en declaraciones al citado medio. Precisamente, hace un año, la propia Ribera, junto a las ministras de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, y de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, se dirigieron a Bruselas para expresar su preocupación por si no se alcanzaba un acuerdo que alineara el Tratado con los objetivos climáticos. Ya entonces deslizaban la idea de que el país (y todo el bloque comunitario) debería retirarse del acuerdo multilateral si no se daban mejoras de calado.
A finales de 2020, cientos de especialistas en el campo del clima también mostraron su preocupación y rechazo, y pidieron a la UE en bloque a través de una carta que se retire del Tratado de la Carta de la Energía, del que forman parte hasta ahora 53 países (incluido España). En su escrito, señalaban que los combustibles fósiles suponen el 72% del suministro de energía en Europa, por lo que “necesitan ser eliminados con urgencia para evitar una catástrofe climática”. Ese año –cuando arrancaron las negaciones para actualizar el acuerdo–, además, 20 millones de jóvenes, inversores del Institutional Investors Group on Climate Change, 300 miembros de los Parlamentos de la Unión Europea y la Federación Europea de Energías emitieron declaraciones similares mostrando su rechazo al acuerdo.
España es uno de los países que más demanda acumula bajo bajo el Tratado de la Carta de la Energía. Para cuando arrancaron las negociaciones, España tenía 48 demandas por valor de 8.000 millones, y ya había sido condenada a pagar a los inversores extranjeros más de 1.000 millones de euros. A día de hoy, las reclamaciones superan los 10.000 millones de euros. A pesar de la retirada, existe una cláusula que señala que cualquier país que abandone el Tratado seguirá siendo objeto de litigio durante 20 años.
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Entre tantos motivos de preocupación y malas noticias, una buena.
El Tratado de la Carta de Energía, un desconocido acuerdo para la mayoría de la población que protege a las grandes multinacionales energéticas y sus intereses milmillonarios por encima de las necesidades sociales, de la naturaleza o de la soberanía de cada país.
Se aprobó a espaldas de la ciudadanía sin debate ni consulta pública.
DEMANDAS CONTRA BULGARIA Y HUNGRÍA POR ATAJAR LA POBREZA ENERGÉTICA
Bulgaria y Hungría ya han sido demandados bajo el TCE (Tratado de la Carta de la Energía) por cientos de millones de euros por limitar las ganancias de las grandes compañías eléctricas y presionar para que se baje el precio de la electricidad.
(El Salto)
Desde el discurso de Salvador Allende en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 4 de diciembre de 1972, en el que denunció el poder de las corporaciones transnacionales, hasta el instrumento internacional jurídicamente vinculante, sobre el que se viene debatiendo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU desde que en 2014 se aprobara la resolución 26/9, o la propuesta de directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, publicada por la Comisión Europea en 2022, pasando por las diferentes iniciativas legislativas que se han llevado a cabo en Francia, Suiza y Catalunya, en los últimos años se han presentado diferentes desarrollos normativos con el objetivo declarado de controlar las actividades de las empresas más allá de las fronteras del país de origen.
En las últimas décadas, la regulación de los impactos de las actividades de las empresas transnacionales sobre los derechos humanos y el planeta ha sido una cuestión central en la agenda de numerosas organizaciones indígenas, campesinas, sociales, ecologistas, sindicales y de cooperación en todo el mundo. El avanzar en el establecimiento de mecanismos para controlar y castigar los abusos cometidos por las grandes corporaciones, impedir la impunidad y evitar su repetición se ha convertido en uno de los grandes desafíos actuales para la humanidad.
En el caso español, a la vez que se ha venido desarrollando un sistema de apoyos y subvenciones a la internacionalización de la empresa, así como de incentivos y reconocimiento de las “buenas prácticas” empresariales, hasta la fecha no se han llegado a contemplar mecanismos efectivos de evaluación y seguimiento para poner fin a los incumplimientos relativos al derecho internacional de los derechos humanos. El Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos, publicado en 2017, incluyó una serie de promesas, acciones y códigos de autorregulación y, sin embargo, no han cesado las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos cometidas por empresas españolas.
Las obligaciones de las grandes corporaciones en materia de derechos humanos se remiten a unos ordenamientos nacionales que son papel mojado porque han sido desregulados y flexibilizados y que, en líneas generales, cuentan con estructuras judiciales y administrativas incapaces de hacer valer las disposiciones jurídicas con las que puedan llegar a contar.
En un contexto internacional de guerra y crisis energética, emergencia climática y socioecológica, ofensiva capitalista y aumento de desigualdades, las propuestas de regulación basadas únicamente en la diligencia debida corren el riesgo de operar como la cara amable del rescate de las grandes corporaciones por parte de los estados centrales europeos. Mientras se inyectan miles de millones de dinero público a las grandes empresas y bancos vía fondos europeos, compras de deuda, rescates de organismos públicos estatales, contratación pública, etc., no hay ninguna obligación ni requisito socioambiental efectivos para estas mismas compañías. Al contrario, se están aprobando leyes y medidas en favor de las grandes corporaciones. La diligencia debida, en esta coyuntura, viene a jugar el papel de servir como aparente contrapeso, cuando en realidad refuerza la falta de controles reales sobre el capital transnacional. No es de extrañar que grandes empresas como Microsoft, Unilever, Primark y Nestlé estén pidiendo impulsarla….
https://www.ecologistasenaccion.org/210670/por-una-ley-que-exija-obligaciones-extraterritoriales-a-las-grandes-empresas/