El envés de la propuesta ibérica de limitar el precio del gas

Este artículo forma parte del especial ‘Hacia la transición energética‘.

Siguen recientes las conclusiones del pasado Consejo Europeo, cuando se anunció como una victoria el reconocimiento de la singularidad ibérica en términos de energía. Tras ello, el Gobierno se apresuró en aprobar el RD-Ley 6/2022 el 29 de marzo, adoptando medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. A finales de marzo se presentó a la Comisión Europea el acuerdo entre Portugal y España para limitar el precio del gas para frenar el efecto contagio en el precio de la electricidad. Sin embargo, la Comisión aún tiene que validarlo y aprobarlo.

En este baile de fechas, anuncios y con una propuesta pendiente de aprobación, el mecanismo de ajuste propuesto sólo se aplicará de forma excepcional por las circunstancias de la guerra y de forma temporal a las tecnologías marginales, que fijan el precio en el mercado marginalista, y en particular a las centrales de ciclo combinado de gas, a las centrales de carbón y a las cogeneraciones. En este marco, para calcular el ajuste necesario, proponen fijar un precio de referencia basado en el mercado ibérico del gas (MIBGAS) de forma que los productores de electricidad en el mercado mayorista de electricidad (OMIE), con costes variables por encima de 30€/MWh, sean compensados después por la diferencia entre ese techo y el valor de mercado para el día siguiente. Con ese precio se garantiza que la orden de mérito no es alterada y que, por tanto, todas las tecnologías recibirán la misma retribución de la tecnología marginal. En definitiva, no se altera en esencia el mecanismo actual.

La diferencia estriba en que es un mecanismo de dos sesiones de subasta. En una primera ronda las centrales de gas ofertarán a los precios actuales y servirá de referencia para las exportaciones en la interconexión con Francia y, en una segunda ronda de casación, ya se aplicará ese tope.

Varias opciones, todas dudosas

Sin embargo, hay dudas sobre qué precio se tendrá en consideración, cómo y quién soportará la diferencia para pagar el gas. Se plantean tres propuestas: la primera implica que el coste se reparta entre el resto de generadores de electricidad; otra alternativa es que el coste se reparta entre los comercializadores; y finalmente, que se considere un coste del sistema y se traslade a la parte regulada (cargos) de la factura eléctrica. Ninguna de ellas parece muy acertada.

La primera opción significaría que, por ejemplo, las renovables financiaran los combustibles fósiles. No parece que tenga sentido ambiental o que esté en línea con los objetivos del Pacto Verde Europeo y el paquete Fit for 55. La segunda alternativa puede suponer que las empresas terminen traspasando este nuevo coste a los consumidores finales. Y el tercer plan implicaría que el ahorro en el precio de la energía que se consigue se vería anulado por un mayor coste en la parte regulada de la tarifa. Ninguna de las tres opciones responde a las necesidades de los ciudadanos. 

Debemos tener en cuenta que no todo se compra en el mercado organizado ibérico (MIBGAS). ¿Qué ocurre si se hace a través de contratos bilaterales a largo plazo directamente con un país productor?  Existen operadores que han firmado hace años, previos a la crisis energética, contratos con precio de unos 20-30€/MWh. Estos mismos operadores pueden estar ahora especulando en MIBGAS vendiendo a 110€/MWh el gas para los operadores pequeños. Estarían sacando un primer margen con la venta de gas en MIBGAS y además recibiría una compensación por la diferencia para que sus centrales de ciclo combinado oferten a 30€/MWh, sacando un doble margen. No se reducen los beneficios caídos del cielo de algunas empresas, sino que se podrían incrementar.

¿Qué pasa cuando sea otra la tecnología marginal? En España, en un porcentaje de horas muy relevantes, entre el 45-60%, la tecnología marginal (la que fija el precio) no proviene del ciclo combinado de gas, sino de las centrales hidroeléctricas, que están ofertando a precios del gas. ¿Cómo se frena esta situación? Con esta medida, de ninguna manera.

En conclusión, esta propuesta no pone en duda el actual sistema de asignación de precios marginalista, que es la esencia misma del problema que tenemos. Supone una intervención temporal y excepcional en el mercado del gas para contener de forma indirecta precios eléctricos. ¿Por qué actuar en un mercado indirecto y no hacerlo en el principal? ¿Por qué no actuamos directamente en el mercado mayorista de electricidad? 

Alex García es experto en política energética.