A tres años del derrame de petróleo más grande de la historia de Perú, su capital y Callao todavía tienen zonas afectadas. El incidente, provocado por la compañía española, inactivó la pesca artesanal e inmovilizó la economía de cientos de familias.
Casi diez años después, esta semana se celebra una audiencia oral para responder a la primera de dos cuestiones: ¿existe una amenaza real de daños a la propiedad del demandante por culpa de las inundaciones?
‘Karuara, la gente del río’, elegida como la mejor película peruana en el pasado Festival de Cine de Lima, cuenta el afán de la comunidad Kukama Kukamiria por conseguir el reconocimiento legal de su río, en el Amazonas peruano, como ser vivo y preservarlo así de las amenazas de la actividad extractiva.
Numerosos organismos públicos han señalado las deficiencias de los análisis realizados por la petrolera española, que finalmente confía (sin pruebas científicas que lo avalen) en que el mar se depure por sí solo en un plazo de dos años.
Un grupo de mujeres kukama ha conseguido que la Justicia reconozca este río de la Amazonia peruana como sujeto de derechos y a la comunidad kukama como su representante.
Constantino Aucca, de Acción Andina, es uno de los ganadores de los World Restoration Flagships de la ONU, que reconocen proyectos comunitarios que van desde la restauración de los bosques andinos hasta el trabajo con jardines verticales en zonas rurales de Kenia.
Hace nueve años, Saúl Luciano Lliuya demandó a la compañía germana por los riesgos que el cambio climático había traído a su ciudad, Huaraz, con el deshielo de los glaciares de los Andes. El litigio encara ahora unos meses decisivos.
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