La detección de las fugas de metano no se puede entender sin mencionar a Itziar Irakulis Loitxate (Amorebieta-Etxano, 1996). Esta investigadora de la Universitat Politècnica de València está detrás del sistema pionero que permite su localización en tiempo real a nivel global a través de satélites.
Lo que empezó como una idea de tesis doctoral inspirada en su preocupación por el cambio climático la convirtió en colaboradora del Sistema de Alerta y Respuesta al Metano (MARS) del Observatorio Internacional de Emisiones de Metano del Programa de la ONU para el Medio Ambiente (IMEO), creado para ayudar a reducir las emisiones de este gas en un 30% para 2030. Algo a lo que se comprometieron más de 150 países en 2021 en el conocido como Compromiso Mundial del Metano (Global Methane Pledge), entre ellos España.
El metano es el gas que más contamina después del dióxido de carbono. Sin embargo, mitigarlo es todavía más eficiente que tratar de reducir el CO₂: «A corto y medio plazo es mucho más eficaz porque el metano aguanta en la atmósfera de diez a doce años y luego ya pasa a ser carbono de dióxido. Pero su poder de calentamiento global es más de 80 veces más grande que este último en un periodo de veinte años en la atmósfera. Por tanto, cortar una fuga de metano tiene una repercusión mucho mayor que cortar una fuga de una fuente de emisión de carbono de dióxido», explica Irakulis.
Su día a día se basa en estar atenta a la pantalla de su ordenador para detectar puntos calientes en el globo, es decir, zonas en las que haya una mayor concentración de emisiones de metano. «Primero nos enfocamos más en el sector de gas y petróleo, porque la forma en la que ellos emiten es más fácil de detectar», dice. «Pero ahora estamos también explorando otras zonas relacionadas con las minas de carbón, los vertederos, que emiten una barbaridad… Al principio pensábamos que iba a ser difícil verlo desde satélite porque lo emiten de forma más difusa. Pero hay algunos que emiten tal cantidad que se aprecia perfectamente».
Tras comprobar que realmente se tratan de fugas de este gas, se pone en contacto con gobiernos y empresas para que se hagan cargo de ellas. El sistema de alerta es de dos pasos: «Primero, se envía una notificación lo antes posible desde que se detecta la fuga. Si la ubicación en la que hemos detectado la emisión podemos ligarla a una empresa que es parte del OGMP 2.0, un programa de compañías de gas y petróleo que están intentando ser más transparentes en el reporte de sus emisiones, lo enviamos también a esa compañía. Si no está incluida en él, se envía primero al Gobierno y este se tiene que encargar de contactar con la compañía para avisarle de que estamos viendo emisiones en su instalación», relata.
Entonces les piden una respuesta preliminar para saber si era una operación legal y si eran conscientes del problema. «Luego, a las dos semanas, enviamos un reporte más completo, con más información de lo que hemos recopilado desde satélite. Ahí ya pedimos algo más de feedback para conocer si saben qué tipo de instalación ha sido la que ha emitido, si están tomando medidas para que no vuelva a pasar… Y luego hacemos un seguimiento de esa pluma por si continúa o por si resurge en algún momento». Eso es en caso de que reciban respuesta, algo que, en algunos casos, no ocurre.
En otros, las empresas o gobiernos directamente niegan la fuga. «Intentan echar para atrás lo que decimos, pero esos penachos se ven desde satélites que son mínimamente sensibles al metano. Lo bueno de nuestra investigación es que se basa en datos públicos y cualquiera con conocimiento en este campo puede contrastar la información y llegar a la misma conclusión que nosotros».
Cerca de Madrid se extiende la mayor montaña de residuos del país. Este vertedero, en el municipio de Pinto, lleva en funcionamiento desde 1987 y recibe 800.000 toneladas de residuos al año. Por si no fuera poco, en 2022, la agrupación de municipios que gestiona el vertedero presentó a la Comunidad el plan para ampliarlo, algo que organizaciones ecologistas y vecinos están intentando evitar.
En España, el sector que emite más metano es el de la agricultura, responsable de un 62,7% de esas emisiones. Por detrás, se encuentran los residuos, con un 31,1%, según el último Informe de Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
España presentó en 2020 el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC). En 2023, el Gobierno lanzó a consulta pública la actualización de este plan, obligatoria por imperativo de la Comisión Europea. El nuevo plan 2023-2030 es más ambicioso y la CE lo dio por bueno en enero de este mismo año. Pero, a pesar de que España alberga dos de los puntos calientes de emisiones de metano de todo el continente, esta estrategia no contempla un plan de reducción de emisiones de metano.
A nivel mundial, los esfuerzos para reducir estas emisiones en un 30% para 2030 tampoco son suficientes. Entre enero de 2023 y 2024, MARS ha detectado casi 1.500 penachos de metano procedentes del sector energético en todo el mundo y ha enviado alertas a los gobiernos de 187 grandes plumas de metano por su riesgo climático.
«Aunque algunos Gobiernos se han puesto las pilas y quieren ser más transparentes, en muchos casos no saben cómo hacerlo, están un poco perdidos», señala Irakulis. «Es como un motor que se ha puesto en marcha. Quieren reducir las emisiones, pero aún no se acaba de ver la implicación, esa intención de querer hacer algo».
Sin embargo, la científica mantiene la esperanza de que las cosas mejoren. «No quiero ser negativa y decirle a todo el mundo que eche la toalla, eso es lo último que se puede hacer. Es difícil, sí, pero cuando empecé el doctorado nunca hubiese pensado que el tema del metano se hubiese tomado tan en serio, nunca me hubiese imaginado que algunos gobiernos colaborasen tanto con las fugas que reportamos».
El lunes pasado, despegó el primer satélite diseñado para detectar emisiones de metano. Está por ver si sus datos serán útiles para evidenciar el exceso de emisiones de empresas y gobiernos. «Si esto es posible es gracias a la investigación científica. Y, aunque ahora este proyecto esté teniendo repercusiones políticas y a nivel mundial, todavía hace falta investigar más», concluye Irakulis.
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EL PVC, otro elemento contaminante.
El PVC es el tipo de plástico (con código 3) con más sustancias cancerígenas y aditivos tóxicos. Representa por sí solo el 73% de la producción mundial de aditivos, de los que una cuarta parte son sustancias preocupantes que pueden migrar o escaparse de los productos.
A pesar de su toxicidad, el PVC se emplea en juguetes, envases alimentarios y tuberías de agua, además de otros productos habituales.
Que no te engañen, no existe el PVC “verde” ni “sostenible”. Al contrario, este plástico provoca importantes problemas en la salud y en la naturaleza. Además, es muy difícil de reciclar y si se incinera, emite tóxicos como las dioxinas.
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¿Valen la pena tantos “adelantos” en nombre del confort occidental, para morir, entre un gas u otro, entre una sustancia u otra, envenenados?
En los últimos cinco años ha habido una incidencia nuclear en España cada 11 días (Ecologistas en Acción)
Según un nuevo informe, las centrales nucleares españolas acumulan 164 sucesos en los cinco años transcurridos desde el acuerdo de cierre. Los dos últimos años son los que acumulan más problemas, sobre todo en los reactores de Ascó.
Ante los últimos movimientos del lobby nuclear, el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), vuelve a reclamar el cierre de las centrales nucleares.
El MIA recuerda que el envejecimiento de las centrales nucleares se hace cada día más costoso y eleva el riesgo.
De cumplirse con el calendario de cierre pactado por las eléctricas y el gobierno, todavía quedan 11 años de convivir con el riesgo de las centrales nucleares. La revisión de incidentes y fallos muestra que, mientras sigan en funcionamiento, no puede relajarse la vigilancia y la atención pública sobre ellas por el riesgo que suponen. El envejecimiento de las centrales nucleares que superan los 40 años ha provocado el deterioro de numerosos sistemas e incrementado el riesgo. La inflexibilidad de estas energías, la extracción del uranio, los enormes costes y la peligrosidad de sus residuos radiactivos la hacen incompatible con la descarbonización de la economía.
En cuanto a estos residuos, el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) vuelve a señalar lo insuficiente de un plan de gestión que deja para más allá de 2070 un almacenamiento definitivo. Mientras tanto, se seguirán acumulando los residuos de alta actividad radiactiva en el entorno de las centrales nucleares. Así, frente a los intentos de la industria nuclear de seguir manteniendo su actividad, y lo que es más importante, evitar pagar por la gestión de los residuos nucleares que han generado, el MIA sigue exigiendo el cierre de estas centrales, que se acelere el desarrollo de una solución definitiva en un emplazamiento viable y que sean las empresas propietarias, y no la ciudadanía, quienes asuman los costes.