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EFE/Climática
Cuando se cumplen 10 años del Acuerdo de París, un nuevo estudio evidencia que de la teoría a la práctica hay una brecha inmensa. Gobiernos de todo el mundo tienen previsto producir en 2030 más del doble (120%) de combustibles fósiles en 2030 de lo que sería coherente con la limitación del calentamiento global a 1,5°C, y un 77% más de lo que sería coherente con 2°C. Ambas cifras de temperatura
El informe sobre la brecha de producción, elaborado por el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo (SEI), la organización Climate Analytics y el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible, analiza los planes de los veinte mayores productores de combustibles fósiles (Alemania, Arabia Saudí, Australia, Brasil, Canadá, China, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Federación Rusa, India, Indonesia, Kazajstán, Kuwait, México, Nigeria, Noruega, Qatar, Reino Unido y Sudáfrica), responsables de un 80% del total global, resalta que los gobiernos planean ahora incluso mayores niveles de producción de carbón para 2035 y de gas para 2050 que en 2023.
La producción conjunta de carbón planeada sería así un 7% más alta de lo estimado entonces, y la de gas, un 5%.
Diecisiete de los veinte países incluidos en el estudio (todos los mencionados antes excepto Noruega, Reino Unido y Sudáfrica –este último, por falta de datos) tienen previsto aumentar la producción de al menos un combustible fósil para 2030 y once esperan incrementarla más para esa fecha de lo que planeaban hace dos años.
El número de países que planean desarrollar una producción nacional de combustibles fósiles alineada con los objetivos nacionales y globales de cero emisiones ha aumentado no obstante de cuatro a seis.
El estudio resalta la necesidad de impulsar reducciones más pronunciadas y rápidas en la producción de esos combustibles para compensar la falta de progreso de políticas coordinadas para asegurar una transición justa.
«Para mantener el objetivo de 1,5 grados al alcance, el mundo necesita reducciones rápidas en carbón, petróleo y gas, redirigiendo esos recursos a una transición energética que priorice la igualdad y la justicia», señala en un comunicado Emily Ghosh, una de las coordinadoras del informe.
Ghosh inste a los gobiernos a comprometerse de cara a la próxima cumbre climática «a expandir las renovables, eliminar gradualmente los combustibles fósiles, gestionar las demandas de energía e implementar transiciones energéticas centradas en las comunidades para alinearse con las obligaciones del Acuerdo de París».
El informe alerta de que a pesar del compromiso global de eliminar los subsidios a este tipo de combustibles, muchos gobiernos siguen sin embargo proporcionando «apoyo financiero substancial, directo e indirecto». Entre ellos, se menciona a los de Canadá, Brasil, China, India, México, Kazajistán, Rusia, Estados Unidos y Noruega.
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Y tanto que no quieren.
Organizaciones exigen el fin del mecanismo de arbitraje inversor-Estado para evitar demandas multimillonarias como la de Berkeley.
Organizaciones europeas y estatales publican diez estudios de caso de arbitraje inversor-Estado que muestran cómo este mecanismo amenaza la adopción de medidas climáticas y sociales y vulnera la legislación europea.
Uno de los casos es la demanda de 900 millones de euros presentada por Berkeley contra España tras el rechazo de la mina de uranio en aplicación de la legislación ambiental y de seguridad.
La empresa se ampara en el Tratado de la Carta de la Energía, un instrumento que España y la UE abandonaron en 2024 pero que sigue protegiendo a los inversores durante dos décadas.
Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción y el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) se unen a varias plataformas europeas para demandar el fin del mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados, un sistema que socava la acción democrática de los gobiernos y obstaculiza la urgente transición ecológica.
Uno de los casos analizados es la demanda que la multinacional australiana Berkeley presentó en 2024 contra España después de que el gobierno y los tribunales españoles tumbaran el proyecto de una mina de uranio en Salamanca. Berkeley ha acudido al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) amparada por el Tratado de la Carta de la Energía (TCE). Aunque España y la Unión Europea abandonaron este tratado en 2024, los inversores siguen protegidos por este instrumento durante veinte años después de su terminación.
“El sistema de arbitraje de inversiones está dando a grandes empresas y especuladores el poder de anular la acción democrática de un gobierno, incluyendo el cumplimiento de la legislación ambiental, con el único fin de garantizar sus beneficios. Se trata de una herramienta muy peligrosa en el escenario actual, donde las políticas europeas sobre minerales críticos están multiplicando los proyectos extractivos en todo el estado”, ha afirmado Adriana Espinosa, responsable de recursos naturales de Amigas de la Tierra.
Las organizaciones recuerdan que a pesar de que la Unión Europea abandonó el Tratado de la Carta de la Energía en 2024, actualmente hay más de mil tratados bilaterales de inversión (TBI) en vigor entre Estados europeos y no europeos. La mayoría de ellos contiene un mecanismo de resolución de controversias inversor-Estado. “Se trata de un sistema paralelo a la justicia ordinaria, opaco y favorable al inversor que debilita las políticas ambientales, climáticas y sociales de la Unión Europea. La UE y los gobiernos deben abolir este sistema obsoleto”, ha afirmado Pedro Ramiro, coordinador de OMAL.
Las organizaciones exigen a la Unión Europea y al gobierno de España que pongan fin a los mecanismos de solución de controversias inversor-Estado en los acuerdos de inversión para proteger la soberanía de los gobiernos y la urgente transición ecológica frente a la avaricia de los grandes capitales.
La sociedad civil pide una moratoria inmediata para la construcción de nuevas incineradoras de residuos en toda la UE.
Más de 150 organizaciones de la sociedad civil europea han enviado hoy una carta conjunta a la presidenta Ursula von der Leyen, a los comisarios de la UE y a los ministros nacionales en la que piden una moratoria inmediata sobre la aprobación y construcción de nuevas instalaciones de incineración de residuos en toda la Unión Europea (UE).
Liderada por la Zero Waste Europe, esta coalición pide:
Una moratoria en toda la UE sobre las nuevas incineradoras de residuos (R1 y D10);
Estrategias de reducción gradual de la capacidad de incineración existente.
Un aumento de la inversión en infraestructuras de economía circular, como sistemas de reutilización, compostaje y tecnologías de reciclaje.
Los 156 firmantes advierten de que la UE ya se enfrenta a una importante crisis de exceso de capacidad en la incineración de residuos, ya que las instalaciones existentes pueden gestionar al menos 60 millones de toneladas de residuos municipales. La expansión de la incineración socavaría la jerarquía de residuos y los objetivos de economía circular de la UE, ya que encadena a los Estados miembros a un modelo de gestión de residuos lineal y con altas emisiones.
La carta también recuerda a los políticos que la incineración se reconoce cada vez más como un problema para el clima. Estudios recientes destacan la alta intensidad de carbono de la incineración, que a menudo supera la de las fuentes de energía fósiles debido a la importante cantidad de plástico presente en los residuos. La construcción de nuevas incineradoras hoy en día comprometería a Europa a décadas de emisiones innecesarias de gases de efecto invernadero, lo que entraría en conflicto directo con el Pacto Verde Europeo y los objetivos de neutralidad climática.
La carta se envió en el marco de la jornada de acción contra la incineración de la campaña «Better than burning» (Mejor que quemar), que incluye un manifiesto y testimonios en las redes sociales de la red Zero Waste Europe sobre el impacto nocivo de la incineración de residuos en sus países…