De la política a la ciencia: un manifiesto contra la «criminalización» de Futuro Vegetal

Más de 60 personalidades, sobre todo del ámbito de la ciencia y de la política, han firmado un manifiesto contra la «criminalización» que sufre el movimiento ecologista Futuro Vegetal y, según denuncian, la desproporción de cargos y sanciones aplicadas contra él por sus acciones de protesta para reivindicar una mayor acción climática en España y que el Gobierno deje de subvencionar a empresas ganaderas.

Futuro Vegetal se enfrenta a la imputación de varios delitos como el de pertenencia a organización criminal, daños contra el patrimonio histórico, daños contra la seguridad vial y del tráfico aéreo, atentado a agente de la autoridad y desórdenes públicos, tras una investigación llevada a cabo por la Policía Nacional que supuso la detención de 22 personas el año pasado.

El manifiesto va acompañado de numerosas firmas, entre las que destacan miembros de Podemos, como su líder, Ione Belarra, el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y la exministra Irene Montero; dirigentes de Sumar, como Aina Vidal; el diputado de Compromís en las Cortes Valencianas Juan Bordera (Compromís); el biólogo Fernando Valladares; la antropóloga Berta Munné o el filósofo Santiago Alba Rico.

Reclaman la derogación de la ‘Ley Mordaza’

La carta condena las actuaciones de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, presidido por Fernando Grande-Marlaska, y conmina al Ejecutivo a despenalizar las protestas y derogar la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza: «Todas nos beneficiamos individual y colectivamente de las actuaciones de colectivos como Futuro Vegetal», advierten.

El cuerpo policial atribuye al grupo ecologista 65 acciones de protesta con daños por valor de más de medio millón de euros. Una de las acciones más conocidas de Futuro Vegetal fue la protesta de las Majas de Goya, en la que las activistas se pegaron al marco de la obra «evitando recurrir a otros actos que hubieran podido causar algún daño a la obra», según explican. También han protagonizado un sabotaje a una gasolinera en Francia, cortes en las carreteras M-30 y M-40 y la irrupción de activistas en el Congreso de los Diputados.

El grupo señala que en sus protestas «siempre crean las condiciones de seguridad necesarias para eludir la comisión de delitos» y que cuando lanzan pintura sobre alguna superficie utilizan siempre zumo de remolacha o témpera al agua, ambos materiales fácilmente lavables con agua.

Desde Futuro Vegetal resaltan que utilizan la desobediencia civil, reconocida por las Naciones Unidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como un método de protesta legítimo, y recuerdan que hasta ahora no cuentan con ninguna condena judicial por su actividad reivindicativa. Sus presuntos líderes, sin embargo, se enfrentan a un posible delito por «constituir, coordinar y dirigir una organización criminal», según consta en su acta de detención, lo que puede conllevar penas de cárcel. 

El manifiesto destaca que el Código Penal exige para considerar a un grupo como organización criminal que el fin de éste sea la comisión de delitos. «Entender que un colectivo cuya finalidad es proteger los recursos hídricos del Estado frente al avance de las grandes corporaciones cárnicas mediante el legítimo ejercicio de su derecho a la protesta es una aberración ética y jurídica que compromete el derecho a la protesta de toda la sociedad. Las leyes deben proteger a la población, no condenarla a contemplar pasivamente cómo se destruye nuestro futuro sin  que podamos hacer nada para evitarlo», aseguran desde Futuro Vegetal.