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Demandan al Gobierno de España ante el Tribunal Supremo por inacción climática

Greenpeace, Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón inician el primer litigio climático de España ante la falta de acción frente a la crisis climática.
Foto: españa

Las organizaciones ecologistas Greenpeace y Ecologistas en Acción, junto a Oxfam Intermón, han decidido iniciar ante el Tribunal Supremo el primer litigio climático de España dirigido contra el Gobierno «por su inacción ante el cambio climático».

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Esta decisión la toman, aseguran, puesto que el Ejecutivo ha incumplido el Reglamento (UE) 2018/1999, de 11 de diciembre de 2018, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, que establece que debían haber aprobado un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y una Estrategia a Largo Plazo (ELP) con carácter definitivo el pasado mes de diciembre.

Mientras que el PNIEC constituye la hoja de ruta que la Comisión Europea pide a todos los países de la Unión Europea para reducir sus emisiones de cara a 2030, la Estrategia a Largo Plazo representa los planes de cada Estado para 2050. Según los demandantes, si bien ambos textos ya fueron remitidos a Bruselas, el Consejo de Ministros y Ministras aún no lo ha adoptado formalmente, dando lugar a “un incumplimiento del derecho de la UE”.

Sobre esto último, la propia vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, asegura que “ha habido un pequeño error” porque “ya está aprobado y remitido a Bruselas con un anteproyecto de ley que ya es proyecto de ley” y el cual “está en tramitación parlamentaria”. No obstante, Ribera considera “normal que los ciudadanos pidan más acción en materia de clima” puesto que “tenemos que transformar de manera muy importante nuestro modelo de producción, consumo, desarrollo y progreso. En este sentido, los Gobiernos son “particularmente responsables a la hora de facilitar ese cambio y de ofrecer señales que lo faciliten”.

Las organizaciones se quejan también de que el borrador en el que trabaja el Gobierno «no está en linea con el Acuerdo de París y las recomendaciones científicas del Panel Intergubernamental del Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC) para no superar 1,5 ºC». Así, instan a que España asuma «una reducción de las emisiones de al menos el 55% en 2030 respecto a 1990 y el cero neto de las emisiones en 2040». “Para evitar un cambio climático devastador solo hay una vía: reducir drástica y rápidamente las emisiones de CO2 y acelerar la transición ecológica, lo que requiere de decisiones políticas y judiciales valientes”, asegura Mario Rodríguez, director de Greenpeace. 

Para Unidas Podemos, la demanda presentada por las organizaciones ecologistas contra el Gobierno responde a una “razonable y legítima petición de la sociedad civil ante la gravedad de la emergencia climática en la que nos encontramos”. También se ha referido al litigio el diputado de UP y presidente de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Juantxo López de Uralde, quien afirma que trabajan para “sacar cuanto antes esta ley, sin más retrasos, pero, a la vez, elevando su ambición para hacer frente a esta emergencia en la que estamos inmersos”.

Ejemplos a seguir

Los litigios climáticos son procedimientos judiciales que pueden dirigirse contra grandes corporaciones –por su actividad altamente contaminante– o contra los Gobiernos por su falta de acción ante el cambio climático.

Hasta el momento, como apuntan desde Greenpeace, se han presentado demandas de este tipo en 39 países, la mayoría dirigidas contra grandes empresas, si bien hay precedentes contra Gobiernos: Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Bélgica, India, Nueva Zelanda y Holanda son algunos de los ejemplos.

Uno de los casos más sonados, y que sirve de inspiración para las organizaciones españoles, es el de Países Bajos. En diciembre del año pasado, el Tribunal Supremo del país confirmaba las dos sentencias anteriores que ordenaban al Ejecutivo holandés a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero -causantes del calentamiento global-, al menos, un 25% para finales de este año respecto a los niveles de 1990. No obstante, esta victoria tardó en llegar: la batalla de la ONG ecologista Urgenda contra el Gobierno comenzó en 2013, lo que deja ver la complejidad y lentitud de este tipo de acciones.

En esta línea, la última demanda que ha acabado con victoria para el clima tuvo lugar en Irlanda. Allí, el Tribunal Supremo tumbó el actual plan climático del Gobierno y le obligó a presentar uno más ambicioso acorde a la emergencia climática.

* Noticia actualizada el 18 de septiembre a las 11:00.

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COMENTARIOS

  1. Comunidad de Madrid:
    Prosigue la modificación de la Ley del Suelo desoyendo a la Abogacía General y a Patrimonio Cultural.
    El Proyecto de Ley de modificación de la vigente Ley del Suelo para el impulso y reactivación de la actividad urbanística, que este mes proseguirá su tramitación en la Asamblea de Madrid, podría ser inconstitucional.
    La Abogacía General de la Comunidad de Madrid, en un informe del pasado mes de julio, alerta de la posible invasión de competencias municipales y de la vulneración de la normativa urbanística básica.
    La Dirección General de Patrimonio Cultural indica de que «la figura de la declaración responsable tiene efectos muy negativos en la protección del patrimonio cultural».
    Todo ello ha sido ignorado por el Gobierno regional. Ecologistas en Acción exige que se paralice cuanto antes la tramitación de la ley o al menos la decisión de que se tramite por lectura única.

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