El partido liderado por Yolanda Díaz presenta el programa más completo de todos los analizados en materia de clima, biodiversidad, contaminación y energía. Las propuestas, muchas de ellas inéditas en Europa y a nivel mundial, van desde la reducción de la jornada laboral, “un cambio en el modelo de crecimiento”, establecer impuestos a las empresas fósiles o limitar los vuelos nacionales.
El programa de Sumar consta de 185 páginas que se dividen en cinco ejes. Las cuestiones medioambientales no se encuentran en un bloque concreto, sino que son transversales a lo largo de todo el documento. No obstante, la mayoría de medidas de corte climático y medioambiental están condensadas en el apartado económico.
Haciendo un análisis únicamente cuantitativo, Sumar es el partido –de los cuatro con opciones a gobernar– que más habla de cambio climático. Hasta 80 veces se repite la palabra cambio climático o sus variantes crisis y emergencia climática (por 34 del PSOE y 6 del PP). También se pone mucho énfasis en la otra gran crisis medioambiental: hasta en 35 ocasiones se menciona la palabra biodiversidad (12 en el programa del PSOE y 5 en el del PP).
A diferencia del resto de formaciones, el partido de la actual vicepresidenta segunda sí hace mención explícita a los combustibles fósiles. Concretamente, apela a desengancharse de ellos mediante la desinversión y la apuesta por las renovables.
Más allá de medidas y cifras concretas (que se analizarán a continuación), el programa de Sumar hace referencia a un gran número de estrategias, pactos y planes para avanzar en la transición ecológica y energética. Y para coordinar todo eso, proponen la creación de bastantes organismos, agencias y oficinas.
De ganar, Sumar adelanta que Transición Ecológica seguirá teniendo rango de vicepresidencia, un gesto pionero impulsado por el PSOE de Pedro Sánchez.
Dado que el programa contiene muchas propuestas, solo se resaltarán a continuación aquellas con contenido real y las de mayor calado.
Sumar se compromete a mantener los impuestos extraordinarios sobre las empresas energéticas y financieras, una medida impulsada por el Gobierno de coalición durante la actual legislatura. Además, apuesta por ir más allá y crear un gravamen a los beneficios extraordinarios de la industria fósil y otro para “los bienes y servicios de lujo que generan un gran volumen de emisiones y nulo rendimiento social, como vehículos de lujo, aviones privados, grandes yates y vuelos frecuentes peninsulares o en clase business”. Asimismo, impulsarían un impuesto general a las grandes empresas contaminantes basado en las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) y azufre (SOx).
También apuestan por detener las nuevas inversiones y subvenciones al gas natural y a otros combustibles fósiles, una medida que no contemplan los otros partidos analizados. Asimismo, se comprometen a eliminar cualquier referencia “explícita o implícita” a la consideración de cualquier combustible fósil, lo que incluye el gas fósil y las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono.
El programa electoral para el 23J de Sumar también recoge la aprobación de una estrategia estatal contra el lavado verde (greenwashing), un mal que ha denunciado en múltiples ocasiones la ONU y su secretario general, António Guterres. La propuesta va de la mano de la creación de Observatorio de control del greenwashing que vigile “el lavado verde de las grandes empresas” y de la prohibición de la publicidad y los patrocinios de combustibles fósiles.
Recientemente, el Gobierno anunció una actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), el documento bajo la tutela de la Unión Europea que contiene los objetivos para abandonar progresivamente los combustibles fósiles y reducir las emisiones que causan el calentamiento global y el cambio climático. No obstante, una vez más, no han sido pocas las críticas por seguir lejos de los objetivos que reclama la ciencia y las organizaciones ambientales, y de los fijados por la propia UE.
En este sentido, Sumar muestra mayor ambición. El partido apuesta por subir hasta el 55% el objetivo de reducción de emisiones para 2030, tal y como tiene fijado la UE. Actualmente, tanto el Gobierno como la propuesta del PSOE no pasan del 32%. Desde Sumar también prometen mayor objetivos que el Gobierno en materia de energía: 50% de electrificación de la demanda total de energía en 2030; alcanzar el 55% de mejora de la eficiencia en el uso final de la energía; y que un 90% de la energía sea renovable en la generación de electricidad para finales de década. Además, Sumar apuesta disponer de una potencia de, aproximadamente, 148.000 MW en 2030 y alcanzar emisiones netas nulas en 2040.
El partido de Yolanda Díaz promete la implementación de “un plan nacional de transición energética” que, por lo que se menciona en el programa, sería lo mismo que el PNIEC pero con objetivos más ambiciosos. Entre las medidas que llevaría este plan está la rehabilitación de 500.000 viviendas al año. La propuesta actualizada del Gobierno propone llegar a 1,38 millones para 2030 y el programa del PSOE recoge el objetivo de rehabilitar medio millón durante la próxima legislatura.
Otra de las metas es impulsar las renovables y colocarse a la vanguardia de Europa en empleos verdes. En este sentido, apuestan por una Ley de Tejados Solares y “facilitar el autoconsumo y las comunidades energéticas locales”, si bien ven como hecho diferenciador la “instalación de plantas de generación renovable en suelo“. Y como respuestas al debate del impacto de las renovables sobre la biodiversidad y los ecosistemas, desde Sumar aseguran que uno de sus objetivos será “garantizar una transición energética justa hacia un modelo basado en las energías renovables, a la vez que se asegura la preservación del paisaje y del modelo tradicional de producción en el medio rural”.
¿Y cómo pretenden conjugar renovables y biodiversidad? En Sumar quieren que el despliegue sea “un proceso ordenado que cumpla con los máximos estándares sociales y ambientales, en diálogo con las comarcas de instalación de las nuevas plantas y revirtiendo en las mismas la riqueza generada de modo prioritario”. Para ello, apuestan por la creación de un mapa nacional de instalación preferente de energías renovables y priorizar la instalación de las plantas en suelos degradados.
También hay mención al hidrógeno renovable (también conocido como ‘verde’). Sumar “apuesta” por esta tecnología dándole “uso prioritario” en la aviación y el transporte marítimo, aunque dicen que revisarán “la actual hoja de ruta del hidrógeno evitando procesos especulativos como el H2Med”.
Al igual que el PSOE (y a diferencia del PP), Sumar tampoco quiere modificar los planes con la energía nuclear. En este sentido, la formación de Díaz se compromete a mantener el calendario de cierre del parque nuclear español y “asegurar un proceso de transición justa de los trabajadores vinculados al sector”.
Respecto al sistema eléctrico, Sumar apuesta por reformar el mercado marginalista hasta su eliminación.
El programa de Sumar también hace mención a medidas dirigidas a las personas más vulnerables desde el punto de vista energético. Por ello, proponen, entre otras acciones, “una tarifa social que permita garantizar el suministro básico a todos los hogares” y “acceso universal a la energía en un sistema tarifario progresivo”.
Sumar asegura que calificará la movilidad sostenible como un derecho ciudadano con el mayor rango legislativo posible e incluso buscará “constitucionalizarlo”. En esta línea, quieren impulsar la Ley de Movilidad Sostenible, una norma que ya estaba lista pero que el adelanto electoral ha paralizado (y que el PSOE también lleva en su programa), así como crear una Ley de Financiación del Transporte Colectivo, Público o de Bajas Emisiones.
Para que la población pueda comprar un vehículo eléctrico, Sumar opta por simplificar las ayudas a la compra (actualmente está el Moves III, muy criticado por su tardanza y complejidad) e introduciendo “criterios progresivos por renta y promoviendo una red de puntos de recarga con criterios sociales y territoriales”.
Respecto a la aviación, un sector cuyas emisiones no paran de aumentar y cuyo modelo de transporte ejemplifica de forma más clara las desigualdades sociales, Sumar quiere limitar los vuelos en distancias cortas que “pueden ser fácilmente sustituibles por tren”. Como medida de apoyo, quieren incrementar la oferta de transporte público ferroviario y por carretera, y potenciar “el tren nocturno y la conexión internacional y multimodal en puertos y aeropuertos”.
Todas estas propuestas se enmarcarían, según el partido, en los territorios de 30 minutos y las ciudades de 15 minutos, es decir, urbes y territorios donde todo lo imprescindible (desde el trabajo hasta el ocio y las necesidades básicas) estén lo más cerca posible del hogar de cada persona.
El verano pasado, más de 61.000 muertes en Europa se atribuyeron al calor. Esta cifra irá a más a menos que se lleven a cabos medidas para reducir las emisiones y se adopten planes de adaptación a eventos extremos como las olas de calor.
Desde Sumar apuestan por “proteger a las personas trabajadoras ante las situaciones, cada vez más frecuentes, de altas temperaturas” y establecer un plan contra el calor en las escuelas. También quieren impulsar una Estrategia Nacional para el calor extremo y recurrente que, entre otras cosas, ponga nombre a las olas de calor para concienciar a la ciudadanía e incluir la alerta por ola de calor en el ámbito de la salud pública.
El partido de Yolanda Díaz reclama una alimentación más sostenible y saludable, si bien no hace ninguna mención a la carne, uno de los temas que más polémica ha ocasionado durante la legislatura después de que el ministro Alberto Garzón pidiera reducir su consumo. Y es que, como recuerda el IPCC en sus informes, la reducción del consumo de proteínas animales beneficiaría al planeta y a la salud.
Y si hablamos de carne hay que hacerlo de agua y de ganadería. Respecto al primero, Sumar apuesta por combatir los pozos y los regadíos ilegales (sin entrar en detalles). Y sobre el segundo, el partido de nueva creación quiere dotar de una “protección especial” a la ganadería extensiva. El partido no hace mención a las macrogranjas.
El programa también recoge menciones a la contaminación (quieren lanzar un plan nacional integrado de calidad del aire y una estrategia para combatir la muertes prematuras por la calidad del aire) y la educación ambiental (quieren incluir una asignatura obligatoria sobre la crisis ecosocial en todos los grados de la educación superior, revisar el Libro Blanco de Educación Ambiental, y que haya obligatoriamente educadores ambientales en municipios de más de diez mil habitantes).
Por último, una de las medidas estrella de Sumar (y ausente en el resto de partidos analizados) es la de establecer por ley una jornada laboral máxima de 37,5 horas para 2024. El objetivo final, defienden, es llegar hasta las 32 horas semanales, “procurando trasladar el mayor número de días no laborables a los lunes”.
En resumen, el programa presentado por Sumar para las elecciones generales del 23J es el más ambicioso en comparación con el resto y recoge las preocupaciones y propuestas de organizaciones y especialistas. Dado que las encuestas no apuntan a que vaya a ser el partido más votado, queda por ver cuántas se podrán ver materializadas finalmente.
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Reclaman que el juicio del desastre de Aznalcóllar marque el fin de la impunidad de la minería
Ecologistas en Acción señala que quien se sienta en el banquillo de los acusados no es solo Boliden, sino «la forma de operar espúrea del sector minero y de todo el extractivismo global».
La organización ecologista considera que, una vez más, la industria minera pretende eludir la justicia y librarse de pagar sanciones e indemnizaciones, gracias al entramado societario del que se dotó previamente y a la quiebra de la sociedad pantalla.
Alerta de que este mismo modo de operar lo está llevando a cabo actualmente Grupo México. Esta minera internacional pretende reabrir la mina de Los Frailes en Aznalcóllar utilizando también un conglomerado de empresas, a través de la sociedad pantalla española Minera Los Frailes, participada en un 97% por Grupo México.
En el juicio se ha concretado que el conglomerado Boliden recibió 67 millones de euros de indemnizaciones de compañías de seguros como consecuencia de la rotura de las balsas.
La organización ecologista recuerda que esta permisividad irresponsable del gobierno autonómico se repite con la autorización concedida recientemente para recrecer las macrobalsas de lodos mineros de la mina de Ríotinto. Subrayan que la rotura de estas balsas acarrearía un vertido 10 veces mayor que el que ocasionó el desastre ambiental de Aznalcóllar.
Destacan que la total ausencia de respecto ambiental y social de la industria minera, en este caso de Boliden, se hace patente en el negocio extra que tenía montado en las minas de Aznalcóllar con el tráfico ilegal de residuos tóxicos. Las empresas mineras, a menudo, utilizan las cortas y pozos abandonados para enterrar residuos industriales de terceras empresas.
Enterrando los residuos tóxicos o peligrosos, las empresas productoras de residuos evitan el coste mayor de entregarlas a un gestor autorizado de residuos. Al igual que sucedía en las minas de Aznalcóllar con Boliden, el enterramiento ilegal de los residuos tóxicos se hace sin ninguna medida de protección ambiental y estos terminan filtrándose al entorno por las escorrentías de aguas.