Puertas giratorias y retardismo: el caso Aizpiri

El actual consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo Aizpiri, ha jugado un importante papel a la hora de retrasar algunas políticas imprescindibles para afrontar la crisis climática en España. Esa es la principal conclusión del documentado análisis realizado por Tom Kucharz, investigador y activista de Ecologistas en Acción, publicado en lamarea.com.

El análisis se centra en analizar algunas de las actuaciones de Aizpiri en las últimas décadas y detalla por qué puede considerarse un caso paradigmático de puertas giratorias. Vinculado al PSOE y descrito como un «miembro de la tribu de [Teresa] Ribera», ha ocupado distintos cargos de responsabilidad en administraciones públicas, y también lo ha hecho en Repsol, energética que en 2020 y 2021 desbancó a Endesa como «la empresa más contaminante de España».

Tres días antes de que Rusia invadiera Ucrania y comenzará la actual crisis energética, Aizpiri fue nombrado consejero delegado de Enagás. La compañía está «en casi todos los grupos de lobby del gas que han debilitado y retrasado las leyes climáticas de la Unión Europea, o de promoción de las tecnologías, como la captura, utilización y almacenamiento de carbono, que han agravado la crisis climática», escribe Kucharz.

Al respecto, el investigador destaca la experiencia de Aizpiri para negociar condiciones que favorecen al lobby de los combustibles fósiles, y recuerda que cuando el CEO de Enagás «ejercía de secretario general de Cambio Climático (2004-2008), Ribera fue directora general de la Oficina Española de Cambio Climático. Una de las políticas más relevantes que ambos cargos públicos desarrollaron fue el Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión (PNA) concebido para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero exigidos por el Protocolo de Kyoto […].

En aquel año, las cifras globales de emisiones de gases de efecto invernadero indicaron que España era el país industrializado donde más habían aumentado: un 53,2% respecto a los niveles 1990, cuando se había comprometido en el Protocolo de Kyoto a no aumentarlas más del 15% entre 2008 y 2012.

Preguntado por el periódico Energías Renovables sobre si la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) se había «manifestado en numerosas ocasiones en contra de Kyoto», Gonzalo Aizpiri respondió: «Yo he hablado estos días con muchos empresarios y la percepción que tienen es que consideran el plan 2005-2007 oportuno, útil y necesario. Y no hay alarma en los sectores afectados […]. El Gobierno está muy tranquilo a este respecto. Sabe que esto no es una carga inasumible para nadie. […] El Gobierno es el primer interesado en entrar en ese debate de forma realista, constructiva, pretendiendo cumplir los compromisos pero protegiendo al mismo tiempo la competitividad y el empleo», añade Kucharz.

Puedes consultar la primera parte, la segunda y la tercera.