Una ley para modernizar y transformar España

España ha postergado durante demasiado tiempo la necesidad de tener su propia ley de cambio climático. No podíamos esperar más. La transformación del clima mundial es ya una realidad que hemos podido observar en fenómenos como la borrasca Filomena y la ola de frío subsiguiente que el pasado enero provocó una oscilación de 55 ºC entre el día más frío y el más caluroso. Puede parecer casual, pero no lo es: los expertos nos dicen que los eventos meteorológicos extremos se han convertido ya en una realidad con la que tendremos que seguir conviviendo. No podemos quedarnos de brazos cruzados. De ahí la necesidad de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que se ha aprobado en el Congreso y remitido al Senado esta semana.

No tomar cartas en el asunto supondría asumir más riesgos, más costes en vidas y en daños económicos. Supondría renunciar a cambiar un modelo agotado e insostenible y perder oportunidades de generación de empleo, modernización de nuestra economía y atracción de inversiones.

Necesitábamos una ley para transformar este país. Para activar una respuesta transversal, solidaria e inclusiva a la emergencia climática. Hay una sólida base científica que indica que este es el camino. Nuestra sociedad demanda acción climática inmediata guiada por criterios de justicia social. Así lo certifica el informe del Eurobarómetro de la Comisión Europea, que sitúa a la población española como la más preocupada por el cambio climático de entre todos los países de la Unión.

Para recorrer este camino hace falta ambición. Ambición para atajar el reto que supone descarbonizar nuestra economía, abandonando los combustibles fósiles al tiempo que transformamos nuestro sistema productivo para adaptarnos a las tecnologías del futuro. Ambición para lograr la plena descarbonización en 2050.

Hemos asumido un esfuerzo notable con respecto a las emisiones en los llamados sectores difusos (movilidad, usos térmicos en edificios, residuos o agricultura). Nuestro objetivo para 2030 implica una reducción de emisiones de un 39%, y sobrepasa en 13 puntos la meta del 26% fijada por Europa para estos mismos sectores.

Además, la Comisión Europea, en la nueva propuesta de aumento de compromiso hasta el 55%, aspira a elevarlos. Según el análisis de impacto realizado por la Comisión el pasado octubre, la penetración de renovables en el consumo final de energía tendría que incrementarse hasta alcanzar entre el 38% y el 40% para 2030; nuestro Plan Nacional Integrado de Energía y Clima lo sitúa en el 42%. Europa fija un aumento de entre el 36 y el 37% en eficiencia energética para 2030; nosotros apuntamos hasta el 39,5%.

Un compromiso elogiado, además, por organizaciones como el Instituto Wuppertal y el E3G, dos de los mayores think tanks europeos en materia climática, que han señalado nuestro Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia como el que mejor apuesta por el medio ambiente y la transición ecológica.

Pero no vamos a contentarnos solo con esto. Estos objetivos requieren de políticas sólidas que los sustenten. En este sentido, se incorpora, por primera vez en una ley, la necesidad de activar políticas de adaptación a los efectos del cambio climático.

Avanzar en una economía descarbonizada y segura también implica aceptar un uso responsable y coherente de todos los recursos para evitar daños ambientales. Por ello, se cesará la producción de carbón nacional, al tiempo que se fomentarán gases renovables como el biogás, el biometano o el hidrógeno.

Nos encontramos frente a un reto complejo en un momento muy difícil para nuestra sociedad. Una coyuntura que, sin embargo, evidencia la necesidad de integrar la sostenibilidad en nuestro modelo de desarrollo y nos invita a transformar el modo en que vivimos.

Es evidente que para llevar a cabo una empresa de tal magnitud, necesitamos la participación de toda la sociedad. Las administraciones tenemos la obligación de abrir la senda y pavimentar el camino, pero necesitamos la máxima implicación social. La ciudadanía debe hacer suya estos objetivos.

Estamos convencidos de las ventajas económicas, ambientales y sociales de esta apuesta. Acelerar la acción climática es clave para evitar mayores costes, pero también para lograr una recuperación sólida y perdurable. Las previsiones en las que se basa la nueva ley indican que su implantación generará entre 250.000 y 350.000 empleos anuales.

Esta ley nos da el marco regulador, las herramientas para desplegar definitivamente las energías renovables que no dañen nuestro aire ni nuestro suelo; para adaptarnos y anticiparnos a los impactos del cambio climático; para no olvidar al territorio ni a las personas.

Comenzamos a vislumbrar un mundo nuevo, pero solo podremos alcanzarlo si seguimos trabajando. Nuestros compromisos en acción climática y esta ley son solo el punto de partida del camino que nos queda por delante. Y estamos dispuestos a recorrerlo.

Por Teresa Ribera, vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico