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La asamblea climática de España celebra su última y más importante sesión

La reunión será, por primera vez, presencial. Las recomendaciones que se acuerden este fin de semana sobre cómo hacer "una España más segura y justa ante el cambio climático" se entregarán al Gobierno y al Congreso en junio.
La asamblea climática de España celebra su última y más importante sesión
Manifestación por el clima en Madrid. Foto: Luis Soto/SOPA Images/Sipa USA via Reuters.

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Después de siete meses y siete sesiones (una de ellas de preparación y otra de formación), la primera Asamblea Ciudadana para el Clima (ACC) de España se acaba. El sábado 21 y el domingo 22 tendrán lugar las últimas reuniones, en las que se discutirán y votarán las recomendaciones surgidas a partir de este enunciado: «Una España más segura y justa ante el cambio climático, ¿cómo lo hacemos?».

A diferencia de las anteriores, esta sesión será presencial. Las 100 personas elegidas al azar –o casi todas, ya que algunas no podrán asistir–, el grupo de especialistas independiente, el panel coordinador y el equipo de facilitadores se verán por primera vez las caras sin una pantalla de por medio. El encuentro será en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de Madrid.

La asamblea climática, organizada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, nació con la intención de aportar ideas de consenso para «construir un país más seguro con menos emisiones de gases de efecto invernadero, menos vulnerable frente a los riesgos y los impactos del cambio climático y que requieren considerar la solidaridad y la justicia social», señalan desde la organización.

«He recuperado la confianza en la gente», detalla María José Sanz, directora del Centro Vasco para el Cambio Climático (BC3) e integrante del grupo coordinador, antes de enfrentarse a la sesión final. Para la experta del IPCC, «ha sido un proceso de aprendizaje conjunto impresionante», y destaca que «España ha sido pionera en muchas cuestiones, entre ellas, en incluir la adaptación». Espera, además, que esto no termine aquí, y confía en que haya más ejercicios similares en un futuro «para que se traten las inquietudes que vayan apareciendo».

Durante la jornada del sábado, la ciudadanía escogida terminará de perfilar las sugerencias en las que han ido trabajando todos estos meses. Posteriormente, designarán el grupo de portavoces encargado de presentar las ideas ante el Gobierno y el Congreso.

El domingo se llevará a cabo la votación y aprobación de las recomendaciones, que podrán ser tantas como decidan. Estarán organizadas en cinco bloques: consumo; alimentación y usos del suelo; comunidades, salud y cuidados; trabajo; y ecosistemas. Las propuestas se someterán a escrutinio una a una siguiendo esas áreas temáticas.

Una vez finalizada la sesión, las propuestas y el grado de apoyo de cada una se plasmarán en un informe final que se publicará en las próximas semanas en la web de la asamblea. En junio está previsto que se haga un acto de entrega del documento al Gobierno y al Congreso al que asistirán los portavoces y participantes que lo deseen. A partir de ese momento, las personas (hasta ahora anónimas) que han asistido a las reuniones podrán contar su experiencia si quieren.

¿Y si las propuestas son ignoradas después de tanto trabajo? «No tengo miedo de que queden en nada», cuenta Sanz. Recuerda que, a diferencia de otros países, el proceso deliberativo está amparado por la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Además, avisa de que la ciudadanía «ha hecho recomendaciones muy útiles para que el propio gobierno entienda la percepción que se tiene del cambio climático, sus riesgos y sus soluciones».

Una asamblea muy criticada

La asamblea climática ha sido centro de muchas críticas, incluso previas a su inicio. Arrancó el 20 de noviembre de 2021 con una sesión preparatoria, pero debió haberlo hecho dos años antes, tal y como se comprometió el Gobierno al inicio de su mandato. Sin embargo, la iniciativa quedó aparcada por la crisis sanitaria, que la relegó al formato online.

También se ha echado en cara la escasa transparencia, sobre todo al principio, cuando apenas se daban detalles del proceso. Si bien se mejoró la comunicación y su promoción, el hermetismo ha sido absoluto durante toda la asamblea: «El proceso ha sido tan espectacular porque ellos han tenido paz para debatir y pedir la información que querían», señala María José Sanz, quien aun así entiende las quejas por la falta de información.

Precisamente, para evidenciar todas esas carencias, pero también para darle un mayor valor a las propuestas resultantes y exigir más acción climática, la plataforma Marea Deliberativa ha organizado el domingo una gran acción en Madrid a la que acudirán más de 40 movimientos y organizaciones.

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COMENTARIOS

  1. Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han enviado una carta al Gobierno español pidiendo el abandono inmediato del Tratado de la Carta de la Energía.
    Las organizaciones han alertado sobre los peligros que conlleva continuar en un tratado obsoleto que protege las inversiones en combustibles fósiles y permite que los países sean demandados ante tribunales privados.
    El envío de la carta se ha efectuado en la fase final del proceso de modernización en curso que debería alinear el Tratado con los objetivos climáticos europeos e internacionales.
    El TCE, firmado por España en 1994 a espaldas de la ciudadanía y sin participación y debate público junto a otros 52 países de Europa y Asia, es un acuerdo internacional para el sector de la energía que se ha vuelto en contra de la soberanía de los Estados y la lucha contra el cambio climático, además de convertirse en una fuente inagotable de demandas millonarias contra los Estados.
    El Tratado incide en la protección de las inversiones en el sector energético, especialmente aquellas relacionadas con el carbón, el petróleo y el gas. “A día de hoy la infraestructura fósil protegida por el TCE en Europa asciende a 344.600 millones de euros”, advierten las organizaciones. Su piedra angular, el mecanismo de resolución de controversias inversor-Estado (ISDS por sus siglas en inglés), permite a inversores y multinacionales energéticas demandar a los Estados ante tribunales privados y reclamar compensaciones millonarias por prácticamente cualquier medida que perjudique sus intereses económicos. Un hecho que ha dado lugar a 142 demandas conocidas, muchas de ellas a raíz del desarrollo de planes para la descarbonización por parte de los países….
    https://www.ecologistasenaccion.org/199067/las-principales-organizaciones-ecologistas-piden-al-gobierno-la-salida-del-tratado-de-la-carta-de-la-energia/

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