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Eduardo Robaina
Dentro de 50 años, algunas zonas del planeta en las que viven unas 3.500 millones de personas se volverán tan calientes como los lugares más tórridos del Sáhara. Es decir, prácticamente inhabitables. Frente a esta escenario, el peor que plantean las proyecciones climáticas, hay un mensaje esperanzador: el número de personas expuestas a ese calor podrían ser la mitad si se actúa desde ya para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, causantes del calentamiento global.
En este sentido, «es necesario mejorar las adaptaciones locales y prepararse para la reubicación de mil millones o más de personas», asegura a Climática el profesor Marten Scheffer, uno de los autores principales de la investigación internacional que arroja estos datos. «Todo esto puede hacerse, y la rápida respuesta global a la crisis de la COVID-19 ilustra cuán dispuesta y capaz es la humanidad de actuar si realmente se necesita, incluso si tiene costes económicos», remarca Scheffer.
El estudio, publicado este lunes en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, sostiene que el aumento medio de la temperatura experimentada por el ser humano en 2070 ascenderá a unos 7,5 °C, unas 2,3 veces el crecimiento medio de la temperatura mundial; unas discrepancias que se deben en gran medida al hecho de que la Tierra se calentará de forma mucho más rápida que los océanos, y a que el crecimiento de la población está sesgado hacia lugares ya calientes.
Este rápido aumento de la temperatura, junto con los cambios previstos en la población mundial, implica que, si las emisiones crecen sin cesar, cerca del 30% de la población mundial vivirá dentro de 50 años en lugares con una temperatura media superior a los 29 °C. Actualmente, estas condiciones se dan en sólo el 0,8% de la superficie terrestre mundial, principalmente en las partes más calientes del desierto del Sahara. Sin embargo, para 2070 esta situación podrían extenderse al 19% de la superficie terrestre del planeta, lo que «llevaría a 3.500 millones de personas a condiciones casi inhabitables», según Jens-Christian Svenning, coautor del estudio.
Hoy, la mayoría de las poblaciones viven en lugares donde la temperatura media anual es de unos 11-15ºC, mientras que un porcentaje inferior habita en sitios en los que la temperatura media es de unos 20-25ºC. Con esto, los investigadores encontraron que los seres humanos, a pesar de todas las innovaciones y migraciones, han vivido en su mayoría en estas condiciones climáticas durante varios miles de años.
«Nuestros cálculos muestran que cada grado de calentamiento por encima de los niveles actuales corresponde a unos mil millones de personas que caerán fuera del nicho climático. Es importante que ahora podamos expresar los beneficios de frenar las emisiones de gases de efecto invernadero en algo más humano que en términos monetarios», asegura Tim Lenton, director del Instituto de Sistemas Globales de la Universidad de Exeter y uno de los científicos que ha liderado la investigación.
Siguiendo el paralelismo con el actual coronavirus, Marten Scheffer señala que este «cambio se desarrollaría con menos rapidez, pero a diferencia de la pandemia, no habría ningún alivio que esperar: grandes zonas del planeta se calentarían hasta niveles apenas aptos para la vida humana y no volverían a enfriarse. Y avisa: «Esto no sólo tendría efectos directos devastadores, sino que dejaría a las sociedades menos capaces de hacer frente a futuras crisis, como nuevas pandemias».
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EL SECTOR PRIVADO DEL AGUA MANIPULA LA CRISIS SANITARIA EN FAVOR DE SUS INTERESES.
En plena crisis sanitaria, se pone de manifiesto la importancia del agua, en tanto que su disponibilidad es fundamental para la vida, la higiene personal y doméstica y, en consecuencia, para la salud.
https://www.ecologistasenaccion.org/141538/el-sector-privado-del-agua-manipula-la-crisis-sanitaria-en-favor-de-sus-intereses/
La Red Agua Pública (RAP), demanda el apoyo a ayuntamientos y operadores públicos en su compromiso con la defensa del derecho humano al agua y al saneamiento, y denuncia la justificación de cortes de suministro y las modificaciones legislativas que promueve el lobby privado de los operadores de los servicios de agua para mantener sus beneficios.
La RAP pone de manifiesto la necesidad de promover y acometer la remunicipalización de los servicios privatizados para priorizar la función social y ambiental del agua.
La RAP rechaza y califica de egoísta, insolidaria y mezquina la actitud del sector privado que ha solicitado al gobierno reanudar los cortes de agua y ampliar la duración de sus concesiones. El pasado 3 de abril, el presidente de la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA) envió una carta dirigida al gobierno donde se argumenta, sin aportar datos ni tener en cuenta que las medidas de los decretos ley emitidos en relación al suministro de agua son circunstanciales mientras dure la pandemia, que, en aras a mantener la sostenibilidad del servicio, «es necesario poder realizar cortes en el suministro ya que, de lo contrario se aumentará la morosidad a muy corto plazo ocasionando un déficit financiero estructural». También plantean la necesidad de modificar la duración de los contratos concesionales para poder asumir las pérdidas ocasionadas por la disminución del consumo que creen que se producirá por la crisis sanitaria; es decir, aprovechan la crisis sanitaria para pedir modificaciones legislativas, que afectan a la Ley de Contratos del Sector Público, no avaladas por datos sino tan solo por expectativas, evadiendo la transferencia de riesgos que está implícita en los contratos de concesión.
AGA, que junto con la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), conforman el lobby defensor de los intereses de las empresas privadas del agua en España, no ha dudado en aplicar la doctrina del shock, aprovechando la situación actual de crisis sanitaria, para intentar sacar provecho para sus intereses empresariales.