Samuel Regueira
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* Este artículo forma parte del especial ‘Comunidades autónomas y cambio climático’
Siete comunidades autónomas siguen los pasos de Baleares, Catalunya y Andalucía, los únicos territorios que han redactado su propia ley de cambio climático.
En Aragón, el departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente cuenta con un Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental, dependiente de la DG homónima y cuya actividad justifica que cuente con perfil propio en Twitter (@CCyEAAragon). El ingeniero agrónomo Joaquín Olona (PSOE) ejerce como consejero de un órgano cuya Estrategia Regional de Cambio Climático se adhiere expresamente a los acuerdos de la cumbre de París y a los ODS de la Unión Europea, con el horizonte fijado en el año 2030, y que ha creado entidades como el Consejo Aragonés del Clima.
Pese a esta tarea, el compromiso de la administración aragonesa ante el cambio climático ha quedado recientemente en evidencia, después de que su presidente, Javier Lambán, publicase en su cuenta de Twitter la siguiente reflexión: «A la vista de las imágenes que nos deja la #TormentaFilomena, no parece que el cambio climático vaya a suponer necesariamente la desaparición de la nieve. El año pasado ya fue muy pródigo con nuestras montañas en ese sentido».
El revuelo causado por sus palabras hizo que, a las pocas horas, el presidente de la comunidad considerara necesario tratar de aclarar su postura con un nuevo mensaje: «Desde que llegué al Gobierno de Aragón, la lucha contra el cambio climático ha sido para mí una prioridad. Otra prioridad mía ha sido combatir los fundamentalismos, sean negacionistas o fanáticos creyentes en la posesión de la verdad absoluta. La duda y el debate son lo más recomendable».
En noviembre de 2018 se propuso la creación de una Ley Aragonesa de Cambio Climático y Transición Energética que, a fecha de hoy (febrero de 2021), sigue en marcha. La directora general de Cambio Climático y Educación Ambiental, Marta de Santos, presentó en noviembre de 2020 los últimos avances en el borrador de esta legislación, que incluye los objetivos para el territorio y la sintonía con los compromisos climáticos internacionales. En dicho acto se presentó al periodista Javier Lera como coordinador de la oficina de Cambio Climático en Aragón.
Con motivo del estado de alarma de la crisis sanitaria que supuso el coronavirus el pasado año, el presidente del principado de Asturias Adrián Barbón (FSA) remodeló su esquema de gobierno autonómico en junio de 2020. Fruto de esa reestructuración, nació la consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, en la que el vicepresidente y abogado Juan Cofiño cedía las competencias de Infraestructuras al consejero de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca, el ingeniero agrónomo Alejandro Jesús Calvo Rodríguez, y asumía las responsabilidades de la consejera de Presidencia, Rita Camblor, en materia de función pública.
La consejería de Cofiño vertebra, además de dos direcciones generales y una secretaría general técnica, una viceconsejería de Medio Ambiente y Cambio Climático comandada por la doctora ingeniera de minas Nieves Roqueñí Gutiérrez, quien ya dirigió, de 2007 a 2011, la Oficina para la Sostenibilidad, el Cambio Climático y la Participación del Principado de Asturias. El ingeniero agrónomo Pablo Luis Álvarez Cabrero preside, por su parte, el equipo tras la DG de Calidad Ambiental y Cambio Climático dependiente de esta viceconsejería, el cual distribuye sus competencias en seis servicios: Calidad del Aire y Cambio Climático (a cargo de Javier María Méndez Muñiz, autor de numerosos libros sobre energías renovables), Control Ambiental, Evaluaciones y Autorizaciones Ambientales, Planificación Hidráulica y Calidad del Agua, Proyectos y Obras Ambientales, y Residuos y Economía Circular.
La consejería ha destacado a Climática varias actuaciones propias (sustentadas por fondos propios y subvenciones europeas como FEDER y React EU) de cara a este año y los siguientes, si bien señala que Asturias, como otras comunidades, se sirve de diferentes consejerías para acciones frente al cambio climático. Por lo que a este organismo se refiere, al margen de la depuración de aguas, la protección de los ríos, la restauración ambiental de suelos o la calidad del aire, se apuesta por modelos de economía circular para proyectos de ecodiseño. Además, se destinan diferentes partidas presupuestarias para «poner en marcha un registro de organizaciones que miden, reducen y/o compensan su huella de carbono mediante la creación de un fondo de carbono regional», así como de ayudas para consistorios que emprendan «acciones innovadoras de lucha contra el cambio climático en el espacio urbano y periurbano».
En 2019 Asturias anunció su intención de presentar alegaciones frente al anteproyecto de la Ley Nacional de Cambio Climático, a propósito de la continuidad de dos de sus centrales térmicas, que eventualmente cerraron motu proprio.
Las islas Canarias cuentan con una consejería específica comandada por el arquitecto técnico José Antonio Valbuena Alonso (PSOE), que abarca las competencias de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial. Una viceconsejería (con el licenciado en Derecho y máster en Planificación Territorial y Gestión Medioambiental Miguel Ángel Pérez), una dirección general (a cargo del astrofísico e ingeniero mecánico José Domingo Fernández) y una secretaría general (presidida por el licenciado en derecho y político con más de 20 años de trayectoria Marcos Barrera) son los organismos responsables de las actuaciones en las islas.
Estas últimas incluyen, entre otros elementos, un portal informativo digital oficial, que destaca temas como los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Estrategia Canaria del Plástico; y que además cuenta con noticias, documentos europeos, una relación de diferentes organismos nacionales, autonómicos, europeos e internacionales, y un aula virtual con formación sobre el cambio climático en Canarias.
En enero de 2020 Canarias se convirtió en la tercera comunidad en adoptar una declaración de emergencia climática, tras País Vasco y Navarra. El consejero Valbuena adelantó que se encontraban trabajando en los primeros borradores de una legislación específica que se trabajaría a lo largo del año y que podría afectar a 25 leyes sectoriales de la comunidad. En dicha declaración, el Parlamento reconocía varios de los estragos del calentamiento global sobre sus territorios, incluyendo el incremento de las temperaturas (más alarmante dada la proximidad del Sáhara), la acidificación de los océanos, la agudización de fenómenos meteorológicos extremos, sequías o el incremento de incendios forestales, entre otros.
Mireia Mollà (Compromís), consellera de Medio Ambiente en la Comunitat Valenciana, compaginó sus estudios de Estadística y Contabilidad con la participación en movimientos estudiantiles y ecologistas. Así se entiende que la entidad a su cargo dedique toda una Secretaría Autonómica a la Transición ecológica y la Emergencia climática (coordinada por la física Paula Tuzón), la cual cuenta con una Dirección General exclusivamente volcada en el Cambio Climático, presidida por la ingeniera agrónoma Celsa Monrós, y que maneja un presupuesto de 7,6 millones de cara a 2021. Existe, además, una DG de Transición Ecológica capitaneada por el químico y especialista en mercados energéticos Pedro Fresco (normado recientemente en relevo del licenciado en Políticas Antonio Vicente García Díez)
La DG de Cambio Climático de Monrós cita, entre sus competencias, el seguimiento de la agenda 2030 y el cumplimiento de la Declaración de Emergencia Climática aprobada en septiembre de 2019 por el Consell. Entre sus objetivos, destaca fomentar la concienciación de la ciudadanía, diseñar una fiscalidad climática o revisar las legislaciones vigentes más contaminantes, además de alinear estrategias con otras áreas de trabajo y gestión de la comunidad, y con otras disposiciones y planes a nivel nacional y europeo. Se encuentra además ultimando una Ley de Cambio Climático regional, cuyo periodo de alegaciones públicas finalizó el pasado mes de septiembre.
De acuerdo al departamento de prensa de la conselleria, la totalidad de programas destinados a acciones climáticas suman 28,5 millones. Entre estas actuaciones destacan la lucha contra la desertificación, la restauración hidrológico-forestal y de hábitats de interés comunitario, el asesoramiento y apoyo técnico al proceso de revisión de la estrategia cambio climático o la elaboración de la nueva estrategia valenciana. Además, están previstas acometidas en materia de contaminación atmosférica y de recogida selectiva de residuos, incluyendo contenedores de materia orgánica o infraestructuras de reutilización de aguas depuradas.
La consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica de La Rioja, comandada por el biólogo Álex Dorado (PSOE) se sirve del físico Iván Moya para dirigir el área de Transición Energética y Cambio Climático. La web de Medio Ambiente del portal de gobierno cuenta con una recopilación de “econoticias” actualizada desde 2007 y hasta 2021, donde se ve que el principal punto de debate climático en la región se vertebra en torno a la calidad de su aire, dadas las cinco estaciones de medición que se encuentran instaladas en su área.
En abril de 2014, la comunidad redactó una hoja de ruta para hacer frente al cambio climático en sectores como el transporte, el residencial, la agricultura o la gestión de residuos. La Rioja también se hace eco de su trabajo a través de proyectos europeos como Interreg IV C 2007-2013 (que posteriormente tuvo continuidad en el nuevo programa sobre cooperación interregional Interreg Europe 2014-2020), para lograr la denominación de “región baja en carbono”, o el LIFE Forest CO2, a través de cuya metodología la Dirección General de Biodiversidad (coordinada por la perito agrícola Ana Isabel Leiva) desarrolló una estrategia para replantar zonas incendiadas mediante una gestión forestal orientada a la mitigación y adaptación al cambio climático.
En octubre de 2019 la parlamentaria riojana Henar Moreno (Grupo Mixto) registró una proposición no de ley en la que instaba al gobierno de la comunidad a declarar la emergencia climática en la región, e invitaba a formular una legislación específica para La Rioja en materia de cambio climático. A estos requerimientos se le respondió que la autonomía «deberá hacer suyos los objetivos y compromisos» de la ley nacional de mitigación que se encontraba ultimando el Parlamento de España, que «en 2021 se creará la Agencia Riojana de Transición Energética (ARTE), que dispondrá de las competencias necesarias para llevar a cabo a nivel regional las políticas aprobadas a nivel nacional», y que a lo largo de la presente legislatura se aprobaría «una ley autonómica de cambio climático que recogerá [las] prioridades y actuaciones a este respecto».
El departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de Navarra (encabezado por Itziar Gómez, de Geroa Bai y psicóloga de formación) reserva, en su Dirección General de Medio Ambiente (presidida por el ingeniero de montes Pablo Trigo), un Servicio de Economía Circular y Cambio Climático, coordinado por el químico Pedro Zuazo. Dentro de dicho servicio existe una Sección de Cambio Climático, al frente de la cual se encuentra Francisco Javier Vera Janín y que vertebra cuatro negociados: Cambio Climático, Gobernanza del Cambio Climático, Inundabilidad y Actuaciones en Espacio Fluvial, y Proyectos Europeos y Cooperación.
El servicio de Zuazo, junto al de Transición Energética, desarrolló el pasado septiembre de 2020 un anteproyecto de Ley Foral que se suma a otras legislaciones como la Ley Foral Reguladora de actividades con incidencia ambiental (LFRAIA), aprobada por el Parlamento de Navarra el 26 de noviembre de 2020. También existe la Ley de Residuos y su Fiscalidad, aprobada en 2018 y pionera en prohibir la entrega de bolsas en establecimientos comerciales, que contempla la creación de un fondo de residuos a partir de impuestos a la eliminación de residuos y sanciones, que se destina a medidas de mitigación y que de cara a 2021 asciende a 4.316.867,59 euros, de acuerdo a los datos facilitados por el Departamento.
Navarra sigue la hoja de ruta autonómica HCCN-Klina, dentro de la cual se enmarca el proyecto LIFE NAdapta 2017-2025, con un presupuesto de 15,6 millones de euros, cofinanciado por Europa en 9,3 millones. Klina abarca desde 2017 hasta 2050 (destacando el año 2030 como punto de inflexión necesario para valorar si se ha conseguido el compromiso 20/20/20) y se construye en torno al estudio de la situación del territorio, la aplicación de medidas transversales, de mitigación y de adaptación, y seguimiento y evaluación de los resultados nacidos de dichas líneas de actuación.
Desde septiembre del pasado año, las competencias climáticas del área de Medio Ambiente en el gobierno de Euskadi han pasado a formar parte de la cartera de la ingeniera industrial Arantxa Tapia (PNV), sumándose así a los ámbitos de Desarrollo Económico y Sostenibilidad. Esta consejería, que cuenta con una dirección general de Patrimonio Natural y Cambio Climático a cargo del ingeniero de montes Asier Arrese Zabala, es la que se encuentra al frente del portal informativo del País Vasco, que incluye abundante documentación sobre el impacto contaminante y la resiliencia del territorio regional, una guía rápida para periodistas y algunas informaciones estáticas (modificadas por última vez entre 2017 y 2018).
A nivel política regional, la consejería de la anterior legislatura presentó un anteproyecto de ley de Transición Energética y Cambio Climático en el País Vasco (junio de 2019), que se fijaba objetivos de reducción de emisiones, apuestas por energías renovables y mejoras de eficiencia energética en la economía vasca. Las inversiones en presupuesto fueron destacablemente mayores con respecto a ejercicios anteriores, a la cabeza del crecimiento en comparación con el resto de consejerías vascas en 2018. Actualmente esta ley se encuentra abierta a consulta pública previa durante la primera quincena de febrero de 2021.
Durante su periodo de trabajo, este departamento, entre otras acciones, encargó estudios a la sociedad de gestión ambiental Ihobe, desarrolló una estrategia regional de cambio climático de cara a 2050 bajo el programa Klima, y celebró varias ediciones del Foro Klimatek, un espacio de intercambio de conocimiento y experiencias de la comunidad científica en torno al cambio climático.
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