Samuel Regueira
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* Este artículo forma parte del especial ‘Comunidades autónomas y cambio climático’
Un total de nueve comunidades del territorio español no cuentan con una ley de cambio climático propia. Salvo el caso concreto de Castilla y León, no parece hoy por hoy que vayan a redactar una ley al margen de la nacional:
Miguel Ángel Revilla ha otorgado la consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de Cantabria a su antiguo jefe de gabinete, Guillermo Blanco, grado en Relaciones Laborales y secretario de administración local del PRC.
Las competencias en torno al cambio climático de la comunidad se dirimen en la Subdirección General de Control Ambiental, dentro de la Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático (coordinada por el biólogo Antonio Lucio), pero a pesar de un portal con goloso posicionamiento web (cambioclimaticocantabria.es) no cuenta con ninguna actualización desde el año 2019.
La comunidad sí cuenta, en cambio, con una Estrategia Regional aprobada en abril de 2018, que prevé acciones hasta 2030. Entre los objetivos autoimpuestos por la comunidad cántabra, la reducción de emisiones en los plazos marcados de 2030 y 2050 y fomentar la resiliencia de la zona a través de estudios de impactos, todo ello mediante diversas medidas de mitigación y adaptación que se aplican en siete sectores: transporte, agrícola, residuos, gases fluorados, industrial no ETS, transporte y comercial/institucional/residencial.
En enero de este año, la capital cántabra recogió en el Plan General de Ordenación Urbana de Santander el informe Integración del Cambio Climático en las determinaciones del planeamiento urbanístico municipal, que se basaba en un horizonte del año 2100 a partir de datos del Instituto de Hidráulica de la Universidad de Cantabria, la Aemet y el Plan Regional de Ordenación Territorial del gobierno de la comunidad. La crisis climática más significativa será la subida del nivel del mar, que inundará zonas hoy peatonales, pero se incluyen otros estragos como un mayor contraste de temperaturas y la agudización de fenómenos meteorológicos extremos.
La Oficina de Cambio Climático del gobierno socialista de Emiliano García-Page depende directamente de la consejería de Desarrollo Sostenible, cartera de reciente creación y de la que es titular José Luis Escudero Palomo, ingeniero de telecomunicaciones con amplia trayectoria política y experiencia en desarrollo rural, comercio justo, cooperación internacional y compra ética.
La información sobre cambio climático en la web del gobierno regional manchego incluye diversos informes sobre impactos y efectos climáticos en la comunidad, inventarios de emisiones nacionales y autonómicos; y propuestas como la Declaración de Emergencia Climática o la Estrategia Regional de Cambio Climático aprobada en 2010 (actualizada entre 2018 y 2019), entre otras.
La consejería también cuenta con una Dirección General de Economía Circular, encabezada por la ingeniera de Caminos Marta Gómez Palenque (vinculada a proyectos de cambio climático desde su gestión integral de proyectos en Grupo Inclam, en 2009), entre cuyas funciones se encuentra la coordinación y fomento de políticas en materia de cambio climático y emisión de gases de efecto invernadero. Esta DG es un organismo que se encuentra dentro de la Viceconsejería de Medio Ambiente, al frente de la cual se encuentra el ingeniero agrónomo Fernando Marchán. En el gobierno autonómico manchego opera, a su vez, una Comisión Regional de Cambio Climático, creada en 2012, que se reúne anualmente y que centra sus políticas de mitigación en torno a las emisiones de gases de efecto invernadero.
En el Día Meteorológico Mundial, Toledo acogió una conferencia en la que se calificó a Castilla-La Mancha como una de las regiones en las que más incidía el cambio climático. La agricultura es una de sus áreas más afectadas, tanto por las riadas e inundaciones como por los largos periodos de sequía que padece el territorio. Otro de los problemas más recurrentes en la región pasa por sus planes urbanísticos, que vertebran sus estrategias en la construcción sobre zonas susceptibles de sufrir inundaciones.
El jurista leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones lleva ya dos legislaturas al frente de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, bajo dos presidencias diferentes (ambas de signo popular). Rubén Rodríguez Lucas, asesor laboral diplomado y técnico superior de prevención, encabeza la dirección general de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, a la que pertenece el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, dirigido por Jaime Fernández Orcajo.
La consejería cataloga como transversal la aplicación de la estrategia castellanoleonesa de cambio climático 2012-2020, presentada a finales de 2009, en su planificación ambiental regional, la cual se encuentra actualmente en fase de revisión de cara a la elaboración de pautas a lo largo de la próxima década.
En sus actuales intervenciones sobre cambio climático destacan asignaciones gratuitas de derechos de emisión, autorizaciones para las instalaciones de emisiones de GEI para el periodo 2021-2030 e informes anuales de dichas emisiones (hasta 2019), así como un listado de documentos resultados de la colaboración de la Junta en la COP25.
Aunque Castilla y León se ha manejado con presupuestos prorrogados de 2018 por tercer año consecutivo, en febrero de este año ha conseguido aprobar una nueva hornada presupuestaria más al día. Significativamente, en las inversiones para Fomento y Medio Ambiente para 2021 se destacan varias apuestas; la digitalización del medio rural, las viviendas para jóvenes, la prevención de incendios forestales o la depuración de aguas, entre otras, pero entre las prioridades no se menciona el cambio climático. Con todo, Fomento y Medio Ambiente destaca que la comunidad seguirá apostando por esa estrategia frente al cambio climático transversal, que abarcará la labor de diferentes consejerías de la Junta de Castilla y León.
La consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos de la ciudad autónoma, a cargo del técnico superior en gestión de Recursos Humanos Yamal Dris (PP), contó durante cierto tiempo con el apoyo de Alfonso Conejo en calidad de viceconsejero; no obstante, un dictamen del Tribunal Supremo en 2019 provocó el cese de este último al no permitirse a las ciudades autónomas otorgar estos cargos a personas no electas.
Es la propia consejería, pues, quien asume las competencias en coordinación e impulso de la estrategia autonómica ante el cambio climático, traducidas en la redacción de una guía de buenas prácticas en colaboración con la empresa privada Trace (vinculada a Africana de Contratas y Construcciones). Estas se encuentran en un modesto pero completo portal informativo con sección de agenda y actualidad, glosario de conceptos, artículos temáticos especiales o recursos de educación ambiental, entre otros; accesibles a través de la web Línea Verde Ceuta Trace.
En las partidas presupuestarias para el ejercicio del año 2021 de la Ciudad Autónoma de Ceuta, el sumatorio de las cantidades especificadas para distintas medidas (recogidas en el presupuesto de gastos por clasificación orgánica en el programa de Medio Ambiente y Sostenibilidad) asciende a 42.607.233,23 euros. Entre estas actuaciones, se señalan gestión de agua, de residuos y de neumáticos; además de mantenimiento de alumbrado público, mejoras viarias o construcción de huertos sociales, pero sin mención específica al cambio climático.
La Dirección General de Sostenibilidad es la entidad dependiente de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad que en Extremadura asume las competencias en torno al cambio climático. El ingeniero agrónomo Jesús Moreno, a las órdenes de la consejera Olga García (PSOE) encara las medidas de mitigación y adaptación a la emergencia del clima, junto a la supervisión de actividades insertas en el marco de protocolos y convenios internacionales, entre otras funciones.
Aunque la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio no contempla el cambio climático entre sus funciones, le reservó entre 2019 y 2020 un papel de honor en su Plan Extremadura 2030. En él se habla de la persecución de un modelo circular y un desarrollo sostenible (conceptos, por otro lado, rabiosamente empresariales) donde, para defender la implementación de un nuevo modelo de economía verde y circular, se apela a documentos como la Estrategia de Cambio Climático de Extremadura 2013-2020.
La Junta también cuenta con un Observatorio Extremeño de Cambio Climático (cuyo sitio web www.observatorioclimatico.es se encuentra más actualizado que la información estática sobre cambio climático de la página oficial de la Junta) con informes anuales de emisiones de GEI e inventarios hasta 2017, y planes de adaptación al cambio climático del sector turístico, del de los recursos hídricos y del energético; además de un acceso completo a las más de 200 páginas de la estrategia regional, que fijó en 2014 unos 46 objetivos a lograr mediante 187 medidas aplicadas en once sectores.
La biodiversidad de Extremadura es, de lejos, su aspecto más perjudicado por el cambio climático, según ya hicieron notar numerosos expertos de la región a finales de 2019. Al margen del consabido incremento de temperatura; árboles que florecen en pleno mes de diciembre, aves con rutinas migratorias modificadas, plagas de nuevos parásitos o sequías que afectan a la calidad de la flora y a la dieta de la fauna son solo algunas de las evidencias que reflejan los estragos del calentamiento global en la región.
La Xunta de Alberto Núñez Feijóo (PP) tiene una Dirección General de Calidad Ambiental, Sostenibilidad y Cambio Climático ocupada por Sagrario Pérez, veterinaria de formación con experiencia en áreas de salud de entidades públicas (formó parte del ministerio de Ana Mato antes de sumarse al área de innovación de Coca-Cola). Hoy su trabajo depende de la consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, presidida por la geógrafa e historiadora Ángeles Vázquez Mejuto.
La consellería ha elaborado un portal web con información sobre cambio climático muy en la línea de sus homólogos autonómicos: conceptos básicos, informes desactualizados (los más recientes, de 2016) y una mejorable sección de noticias (35 textos publicados a lo largo de una década). En materia legislativa destaca la insólita alianza que el PP cerró con el BNG a finales del pasado año, con el ánimo de inquirir al gobierno central la eliminación del artículo 18 de la Ley Estatal de Cambio Climático, según la cual se perjudicaba, a juicio de ambas formaciones políticas, los intereses del empresariado gallego.
Desde la Consellería se destaca a Climática que, como muchas otras comunidades, las acciones climáticas que se llevan a cabo en Galicia «no solo están en manos de la administración autonómica, sino que existen otras que también tienen capacidad para impulsar acciones» que mitiguen los efectos climáticos. Ante ello apelan a la Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050 (aprobada por el Consello de la Xunta de Galicia el 30 de enero de 2019) para guiar la acción contra el cambio climático, que ya cuenta con un primer Plan Operativo en el que se incluyen más de 120 medidas consensuadas con todas las consellerías del Gobierno gallego y que suman un importe inicial de más de 270 millones de euros.
La licenciada en Derecho Paloma Martín se encuentra al frente de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid presidida por Isabel Díaz Ayuso (PP). Su cartera reserva una dirección general de Sostenibilidad y Cambio Climático a cargo de Beatriz Castillo, quien ha desarrollado toda su carrera en el ámbito ambiental. Como otras autonomías, la Comunidad de Madrid también aporta en diferentes lugares de su sitio web información sobre conceptos de calidad del aire, contaminación atmosférica, emisiones GEI e informes sobre ruido o prevención y responsabilidad ambiental.
La actual estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de Madrid, también llamada Plan Azul+, abarcaba de 2013 a 2020, en continuidad con el Plan de Saneamiento Atmosférico de la Comunidad de Madrid (1999-2002) y la Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid Plan Azul (2006-2012). Durante estos últimos ocho años, las líneas de actuación del Plan Azul+ han apostado por la reducción de la contaminación por sectores, el fomento del uso de combustibles limpios, la concienciación de la ciudadanía y la implicación de empresas en la mejora de la calidad del aire, entre otras líneas estratégicas.
A falta de la presentación de un informe de resultados, en esta fecha cabe recordar la serie de compromisos de adaptación y mitigación climática que adquirió Martín a finales de 2019, en el marco de la COP25, y que incluyen la apuesta del Canal Isabel II por llegar al 100% de autoproducción eléctrica en 2030, además del estudio de medidas de innovación tecnológica para realizar una transición hacia un modelo climático neutral, con la mira puesta en la meta europea de 2050. Otra de las perspectivas de futuro, algo más aterrizada, es la conocida como Arco Verde, que proyecta la plantación de medio millar de árboles y arbustos a lo largo de 268 km de la comunidad; un corredor ecológico que ya ha sido criticado por asociaciones como Greenpeace, que lo califican de una solución simplista y efectista: «Para luchar contra el cambio climático no basta con capturar carbono, sino que es mucho más importante dejar de emitirlo», sentenciaron en un comunicado Adrián Fernández, Alba Rodríguez y Miguel Ángel Soto, integrantes del colectivo.
En la Ciudad Autónoma de Melilla es el técnico superior en prevención de riesgos laborales Hassan Mohatar Maanan quien ocupa la Consejería de Medio Ambiente del gobierno de Coalición por Melilla. A diferencia de otras autonomías, ni la estructura organizativa ni las atribuciones genéricas de este organismo citan en ninguna parte al cambio climático. De hecho, la última ocasión en la que el término fue utilizado en la web específica de la consejería (medioambientemelilla.es) tuvo lugar en una cita de la secretaría de Estado de Medio Ambiente María García Rodríguez, en una crónica del evento El futuro en clave de sostenibilidad, realizado en Madrid en abril de 2018 por Ethic y con el patrocinio de Repsol. El sitio web de la consejería también recoge legislaciones climáticas a nivel nacional, comunitario e internacional (la más reciente, de 2012).
Ello no quiere decir que la ciudad autónoma permanezca ajena a esta problemática. En octubre de 2019, el pleno de su asamblea aprobó por unanimidad la declaración de emergencia climática para la ciudad, y puso por escrito la serie de compromisos a los que se adheriría (apostar por el comercio de proximidad, disminuir el uso de combustibles fósiles, reducir gases de efecto invernadero en energía, biodiversidad, agua o residuos).
A lo largo de 2020 hubo diferentes acciones climáticas, desde el acuerdo de colaboración con SEO/Bird Life hasta la instalación de luces de bajo consumo en parques públicos, pasando por la inversión de fondos europeos FEDER para una transición a una economía baja en carbono. Uno de los principales figurantes en estas acciones era el viceconsejero de Recursos Hídricos, Energías Renovables y Políticas Ambientales, Francisco Vizcaíno; geógrafo, historiador y maestro, quien el pasado mes de diciembre dimitió tras publicarse que se había autoconcedido una ayuda pública para financiarse un coche eléctrico, algo que siempre alegó haber hecho desde el desconocimiento (posteriormente renunció, a su vez, a dicha subvención).
El gobierno popular de la Región de Murcia cuenta con una responsabilidad añadida a la hora de configurar sus estrategias ante el cambio climático: los informes científicos ya advierten de que los gases de efecto invernadero afectarán específicamente a esta autonomía (ya castigada por una sequía estructural y numerosas DANA, entre otros fenómenos meteorológicos extremos) si se permite que la tendencia continúe y no se apliquen las correspondientes medidas de mitigación y neutralidad. Su cifra de emisiones actual es de 10 millones de toneladas de dióxido de carbono al año, una cantidad que, advierte la Unión Europea, deben reducir un 26% durante la próxima década.
Como Extremadura, Murcia cuenta con un Observatorio Regional de Cambio Climático y, como otras autonomías, con su propia Declaración de Emergencia Climática (de junio de 2020) y su Estrategia Regional, que afronta escenarios de subida de nivel del mar de cara al urbanismo costero, la administración pública de cero emisiones o los edificios de consumo de energía casi nulo, además de las recurrentes medidas de concienciación de la ciudadanía o conservación de la biodiversidad. El ingeniero Antonio Luengo ocupa la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, de la que depende la Dirección General de Medio Natural (presidida por el auxiliar de Enfermería, asesor fiscal y exalcalde pedáneo Fulgencio Perona).
Esta DG es la responsable del portal informativo autonómico sobre cambio climático (cambioclimaticomurcia.carm.es). Cuenta con una subdirección general de Patrimonio Natural y Cambio Climático (a cargo del ingeniero de montes Faustino Martínez), de la cual depende, a su vez, el Servicio de Fomento del Medio Ambiente y Cambio Climático, coordinado por el biólogo Francisco Victoria Jumilla, autor del libro Contaminación y degradación del Mar Menor (Ed. Regional, 1983).
En junio de 2020 el PSOE de Murcia trató de presentar al gobierno regional una proposición de Ley de Cambio Climático, que fue tumbada por el bloque conservador con el argumento de que ya se trabaja en una legislación así a nivel nacional.
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