Dos de cada tres españoles respiran un aire que no cumple con los futuros límites europeos

Si ya estuviesen en vigor los nuevos límites de calidad del aire de la Unión Europea (previstos para 2030), el 66,3% de la población española, lo que equivale a unas 32,6 millones de personas, ha estado expuesta durante 2025 a niveles de contaminación atmosférica. Si se usa como referencia los límites de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el porcentaje asciende hasta el 99,8%. Pero en base a los actuales límites de la legislación española, se considera que solo un 18,6% de la población española (9 millones de personas) ha sufrido un aire contaminado.

Estos datos forman parte del informe anual sobre la calidad del aire que elabora Ecologistas en Acción basado en 780 estaciones oficiales de medición repartidas en 132 zonas del Estado, entre ellas las de los principales aeropuertos y puertos estatales.

Aunque a lo largo del año se registró una leve mejoría en la concentración de partículas en suspensión (PM10 y PM2,5) y de dióxido de nitrógeno (NO₂), estos contaminantes siguieron afectando a la práctica totalidad de la población española. En todo el Estado se produjeron 804 superaciones de umbrales de PM10 y 160 de PM2,5. Además, aunque Barcelona y Madrid cumplieron el obsoleto límite legal anual del NO₂, las principales áreas urbanas españolas excedieron el nuevo valor límite anual a alcanzar antes de 2030. Por su parte, el ozono troposférico (O₃) experimentó un preocupante repunte, alcanzando sus peores registros de concentración desde el año 2015 y recuperando las cifras previas a la pandemia. 

El cambio climático agrava la contaminación atmosférica

El cambio climático se confirma como un factor determinante que agrava la calidad del aire, en un 2025 que estuvo fuertemente marcado por la inestabilidad meteorológica, consolidándose como un año húmedo y el tercero más caluroso registrado en el país desde al menos 1961. La inestabilidad invernal redujo los episodios de contaminación por NO₂ y calima (PM10 y PM2,5), pero el calor estival disparó el ozono. 

Las temperaturas extremas del verano, empujadas por intensas y prolongadas olas de calor a lo largo de junio, julio y agosto, crearon el escenario idóneo para disparar las concentraciones de este gas tóxico, que es el contaminante atmosférico con mayor extensión y el más estrechamente ligado a la actual crisis climática. 

La ciudad de Madrid batió sus propios récords históricos, alcanzando niveles de ozono inéditos desde que se dispone de registros oficiales. A esta peligrosa mezcla atmosférica se sumó la trágica ola de incendios forestales del mes de agosto, cuyas emisiones contribuyeron notablemente a agravar la presencia de partículas finas en el aire que respira la ciudadanía.

El informe lamenta también que el actual modelo energético no ayuda, pues la quema de petróleo escaló el año pasado a su nivel más alto desde 2011, impulsada por el consumo de combustibles de aviación y de automoción. Sin embargo, como contrapunto frente a esta dependencia fósil, la energía eléctrica de origen renovable aportó un 57% de la generación, un hito fundamental que sirvió de escudo para frenar de forma significativa las emisiones contaminantes procedentes de las centrales térmicas de gas y fueloil.

Un coste inasumible para la salud y la biodiversidad

Respirar este aire sucio se cobra un altísimo precio humano, ambiental y económico, impactando de lleno en la calidad de vida. Tomando los datos recopilados de la Agencia Europea de Medio Ambiente, el informe de la organización ecologista recuerda que, en el año 2023, hasta 24.000 personas perdieron la vida de forma prematura en el Estado español a causa de patologías directamente agravadas por la contaminación. Además de estas víctimas mortales, los picos de mala calidad del aire provocan anualmente unos 62.000 ingresos hospitalarios, según las estimaciones del Instituto de Salud Carlos III. Los innumerables daños derivados de esta contaminación crónica le cuestan al país 32.000 millones de euros anuales, el equivalente al 2,4% de su Producto Interior Bruto. 

Esta problemática ambiental es aún más silenciosa y perjudicial entre los colectivos vulnerables, pues las campañas de medición realizadas alrededor de entornos escolares entre 2020 y 2026 concluyen que la población infantil soporta niveles de dióxido de nitrógeno muy superiores a los que detectan las estaciones oficiales urbanas. 

La biodiversidad también paga las graves consecuencias de este modelo. Considerando únicamente la normativa vigente, la superficie expuesta a niveles de contaminación que dañan la vegetación alcanzó 84.000 km2, lo que supone una sexta parte del territorio nacional. Sin embargo, si se tiene en cuenta el objetivo a largo plazo para proteger la vegetación de la Unión Europea y las guías de la OMS, el aire contaminado afectó a 430.000 kilómetros cuadrados, asfixiando al 85% de los ecosistemas del territorio. 

Inacción institucional frente a la urgencia

Pese a la aplastante evidencia científica y médica, Ecologistas en Acción lamenta que la respuesta de las autoridades competentes se mueve a un ritmo desesperante. Tres años y medio después de que expirase el plazo fijado por la Ley de Cambio Climático, la mitad de los municipios españoles de más de 50.000 habitantes siguen sin implementar Zonas de Bajas Emisiones formales, a pesar de los cuantiosos fondos públicos adjudicados por Europa para su desarrollo. 

A nivel autonómico, ocho regiones carecen todavía de planes específicos para atajar el problema del ozono, desoyendo las reiteradas condenas de los tribunales superiores de justicia de varias comunidades. 

En el ámbito estatal, la inacción es igualmente palpable, ya que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sigue demorando la aprobación del Plan Nacional de Ozono, un proyecto que acumula ya una década de retraso. Desde Ecologistas denuncian que la propia transparencia del sistema de medición también falla, evidenciado por el hecho de que el visor estatal de calidad del aire lleva completamente inoperativo desde el 8 de febrero de 2026 debido a un problema informático que el Gobierno sigue sin solucionar. 

Frente a esta pasividad, el informe concluye que la única forma de mejorar la calidad del aire en las ciudades es disminuir el tráfico motorizado, potenciando la movilidad activa peatonal y ciclista y el transporte público eléctrico. También consideran estrictamente necesario promover el ahorro energético, ordenar el actual despliegue caótico de las energías renovables, adoptar las mejores técnicas industriales disponibles, reducir el uso del avión, acordar Áreas de Control de Emisiones ambiciosas para el Mar Mediterráneo y el Atlántico Noreste, y establecer una moratoria para las nuevas macrogranjas.