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El mes de junio de 2026 fue el segundo más cálido de la serie histórica, con una temperatura media 3,2 °C por encima de lo normal y solo superado por 2025, según los datos de la AEMET. Este estrés térmico ha hecho que más de 1.000 personas perdieran la vida en España por causas directamente atribuibles al calor, según los datos provisionales del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), del Instituto de Salud Carlos III. Es el junio con más fallecimientos por altas temperaturas desde que comenzó la serie en 2015.
Estos datos refuerzan lo que la ciencia lleva mucho tiempo diciendo: el calor extremo es un problema de salud pública de primer orden. Sin embargo, la respuesta institucional sigue siendo trágicamente lenta. Según la última radiografía realizada por Greenpeace, en 2026, solo 19 de las 52 capitales de provincia cuentan con una red de refugios climáticos. La mejora respecto al año anterior es mínima, pues entonces se identificaron 16 ciudades con esta medida de adaptación.
Los refugios climáticos no son una moda ni una campaña de marketing estival, sino una infraestructura básica de supervivencia y una medida de justicia social. Pese a ello, casi el 70% de las capitales españolas volverán a dejar a sus vecinos más vulnerables (infancia, ancianos y personas con enfermedades crónicas) sin protección institucional frente a un verano que ya bate récords.
“El verano que conocíamos ya no existe”, advierte Elvira Jiménez, responsable de adaptación al cambio climático de Greenpeace. “No estamos respondiendo a la velocidad que el cambio climático nos impone. El balance con respecto a 2025 es desolador”, prosigue.
El espejismo del cartel: cuando el refugio no protege
Aun así, no basta con colgar un cartel en la puerta de un edificio público para convertirlo en un refugio climático. La investigación de la organización ecologista destaca que las pocas redes existentes presentan graves carencias estructurales. La principal barrera son los horarios incompatibles con la realidad climática: en prácticamente todas las ciudades analizadas existen refugios de interior que cierran a mediodía, por las tardes o incluso durante gran parte del mes de agosto, justo cuando el peligro térmico es mayor.


A esto se suma la inadecuación de los espacios. En Bilbao, que cuenta con una red de 65 espacios interiores y 66 exteriores, se han catalogado como refugios los espacios bajo algunos puentes o vestíbulos de transporte. En Málaga, que dispone de 19 “áreas de confort interiores” y 74 “áreas de confort exteriores”, se han llegado a señalizar aparcamientos. En lugares como Madrid o Logroño –que cifra en 65 los espacios para combatir altas temperaturas–, se promueven mercados municipales y cafeterías que no disponen de zonas de descanso gratuitas, obligando a la ciudadanía a consumir para poder sentarse al fresco. Esta privatización encubierta del alivio térmico incumple lo que muchos especialistas piden de estos sitios: que sean universales y gratuitos.
El norte deja de ser un escape y los archipiélagos suspenden
La geografía del calor también ha mutado, como ha demostrado la última ola de calor. El norte de la península ya no es un destino seguro para huir de las altas temperaturas. Durante las recientes alertas rojas sanitarias, ciudades como Oviedo, Santander, Lugo y Santiago de Compostela afrontaron la crisis sin ofrecer ni un solo refugio climático a sus habitantes.
Similar panorama en el interior peninsular. Extremadura y Castilla-La Mancha destacan por la ausencia total de refugios en sus grandes núcleos urbanos. En Castilla y León, solo Valladolid cuenta con una red, dejando desamparadas a ciudades como León, Salamanca o Zamora, que además concentran a un altísimo porcentaje de población mayor de 65 años. En Andalucía, Cádiz, Granada y Huelva carecen de espacios, y ciudades como Sevilla se limitan a habilitar cuatro centros deportivos para toda su población. Y en el caso del archipiélago canario y el balear, no existe actualmente ni un solo refugio climático operativo.
Pero no todos son ejemplos negativos. En Catalunya, destacan los «microrrefugios«, una iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona –que cuenta con 559 refugios climáticos– donde el pequeño comercio de barrio abre sus puertas para proteger a la comunidad. Asimismo, la apertura de patios escolares adaptados fuera del horario lectivo demuestra el enorme potencial de los centros educativos para vertebrar la resiliencia de los barrios.

Un problema con responsables
Los refugios climáticos, con sus zonas de descanso, su accesibilidad universal y su provisión de agua potable gratuita, son solo el primer paso de urgencia. La verdadera adaptación requiere transformar el espacio público, naturalizar las ciudades y escuchar a los movimientos vecinales, que en lugares como Zaragoza ya se movilizan contra las talas masivas de arbolado maduro.
Pero la adaptación tiene un límite. Detrás de los récords de temperaturas y muertes por calor cifras está la quema continuada de combustibles fósiles. Por ello, desde Greenpeace exigen que la transición hacia un modelo 100% renovable se acelere y reclaman una medida de pura justicia climática: gravar con nuevos impuestos a la industria fósil. Reclaman que quienes han provocado el calentamiento global y se han lucrado con él deben ser quienes paguen la factura de adaptar las ciudades y proteger nuestras vidas.

