El pacto con Vox también arranca la careta climática a Juanma Moreno Bonilla

La semana pasada, Andalucía se sumó a la lista de comunidades autónomas con Vox en el gobierno. El PP de Juanma Moreno Bonilla, que ha presidido la última legislatura andaluza con la holgura que da una mayoría absoluta –absolutísima, en su caso–, ha pactado ahora con el partido de ultraderecha para poder ser investido. En ese acuerdo, por el que Vox entrará en la Junta de Andalucía con una macroconsejería y una vicepresidencia, hay de todo menos la moderación que siempre ha encarnado o que le ha sido atribuida a Moreno frente a otros líderes del PP como Isabel Díaz Ayuso.

Aparte del tufo xenófobo, con el que se llega a prohibir incluso el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en las escuelas, el pacto –de 60 páginas y 150 medidas– supone también un retroceso en las ya cuestionables políticas medioambientales que el PP ha venido aplicando en Andalucía en los últimos tiempos. «Vivimos una crisis ecológica cuya solución ya no admite más demoras, pero este pacto trae, en algunos casos, propuestas que suponen una renuncia vergonzosa de lo que eran principios para el PP, y en otros representan una vuelta de tuerca aún más reaccionaria sobre las políticas antisociales y antiecológicas que venía practicando el gobierno derechista andaluz», denuncia Ecologistas en Acción, que habla directamente de negacionismo: «Pasamos de un nihilismo paralizante, el Plan Andaluz de Acción por el Clima, que se ha limitado a meras medidas de ‘compensación’ de emisiones, a un negacionismo con todas las señas de identidad de Vox y su anatema de ‘fanatismo climático’; lo que va mal, es susceptible de empeorar».

Entre las medidas se cuelan avisos como el que señala, por ejemplo, el punto 133: «Defensa de la ganadería intensiva frente a la criminalización del lobby animalista y a las políticas climáticas desarrolladas desde Bruselas. O el 138: «Rechazo a las imposiciones de agendas ideológicas en materia de cuidado del medio ambiente». Y hay acuerdos rotundos como el punto 143, que rechaza la financiación autonómica de zonas de bajas emisiones: «La Junta de Andalucía se compromete a no promover, financiar, subvencionar ni incentivar con fondos propios la creación, ampliación o endurecimiento de zonas de bajas emisiones en los municipios andaluces».

La Agenda 2030 y el Pacto Verde europeo también están entre las iniciativas que el nuevo Gobierno andaluz pretende combatir. En el conjunto de medidas se incluye un «blindaje» absoluto del campo y las tradiciones. «Protección del suelo productivo, del patrimonio natural y de los suelos de uso tradicional frente a la instalación de macroplantas de energía eólica y fotovoltaica», dice sin más el punto 26.

«Y a dos serios problemas de nuestra comunidad, como son las inundaciones y los incendios forestales, se dan soluciones simples e ignorantes, en plan cuñadismo, como ‘limpiar’ ríos y ‘limpiar’ bosques, cuando se trata de efectos de causas mucho más complejas e universales», denuncia Ecologistas en Acción.

El pacto de gobierno menciona expresamente la defensa de actividades como la tauromaquia, la caza o el uso de fitosanitarios: «Seguir con la dependencia de fertilizantes y combustibles, en vez de apostar por un modelo agroecológico que reduzca dependencias externas y produzca sano, es otro ejemplo de este sinsentido programático», prosigue el grupo ecologista.

En fiscalidad, PP y Vox pactan la supresión y revisión de impuestos propios: «Suprimir los tres tributos propios en materia ambiental actualmente vigentes –impuestos sobre bolsas de plástico, emisión de gases y vertidos a aguas litorales–, con el objetivo de reducir la presión fiscal, simplificar el sistema tributario y aliviar las cargas que soportan familias, empresas y autónomos».

«Es tal la acumulación de amenazas y peligros que contiene este infausto acuerdo de gobierno, que la respuesta de las organizaciones sociales debe ser contundente y unida. Necesitamos una fuerte movilización, que consiga aunar esfuerzos en defensa de los servicios públicos que se nos quieren arrebatar y asegure la protección ambiental y el compromiso climático», concluyen los ecologistas.