El acuerdo comercial UE-Mercosur agravará la crisis climática, según un nuevo análisis jurídico

La mayoría de Estados, instituciones multilaterales y corporaciones abogan por un modo de vida basado en el crecimiento económico y un sistema mundial que externaliza los impactos del modo de producción creando pobreza, desigualdades y zonas de sacrificio. Un ejemplo de este modo de dominación son los tratados internacionales de comercio e inversión y, particularmente, el Acuerdo de Asociación que la Unión Europea (UE) negocia desde hace 25 años con el bloque comercial del Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y, desde 2023, también por Bolivia.

Este lunes, Greenpeace Alemania ha publicado un análisis jurídico que demuestra que el acuerdo UE-Mercosur incumpliría la legislación climática comunitaria e internacional vigente. El examen, redactado por Roda Verheyen, destacada jurista especializada en cuestiones climáticas, y Gerd Winter, de la Universidad de Bremen, concluye que las relaciones comerciales entre ambos bloques provocarán un aumento general de las emisiones de gases de efecto invernadero y una mayor deforestación. 

Aunque las autoras no pretenden responder a la pregunta sobre cómo el comercio y el crecimiento económico afectan a los límites planetarios, sí aluden a “pruebas estadísticas de que la política comercial internacional tiene efectos perjudiciales para el medio ambiente, que no se limitan a las emisiones de gases de efecto invernadero o la deforestación”, como las recogidas en 2020 por el estudio de pericial Reforzar la protección del clima y el desarrollo mediante el Derecho mercantil internacional por encargo del Consejo Asesor Alemán sobre el Cambio Global. 

El nuevo análisis jurídico “examina el texto actual del Acuerdo UE-Mercosur en relación con el marco jurídico de la UE, incluido el compromiso de la UE con el Derecho internacional, con el fin de evaluar su coherencia y/o conformidad con estas normas”, señalan.

Impactos previstos en el medio ambiente y el clima

Aunque el texto provisional del acuerdo comercial “toma nota” de los compromisos internacionales de las partes –incluidos los Acuerdos Multilaterales sobre Medio Ambiente en materia de biodiversidad, bosques y cambio climático–, “no tiene en cuenta el impacto devastador que tendrá en ellos un aumento masivo del comercio”, razonan las expertas. 

Indican que el acuerdo provocaría un aumento de la producción total tanto en la UE como en los Estados del Mercosur y, debido al objetivo de aumento neto del comercio bilateral, también aumentará el transporte marítimo y aéreo entre ambas regiones. Por lo tanto, “es razonable suponer que el acuerdo provocará un aumento sustancial de las emisiones de gases de efecto invernadero y la pérdida de sumideros de carbono, además de incentivar una mayor deforestación, así como el transporte internacional”, rematan. 

El examen critica la Evaluación del Impacto sobre la Sostenibilidad (EIS) del acuerdo UE-Mercosur realizado por la London School of Economics (LSE) para la Comisión Europea en 2020. En ella se calcula que el acuerdo provocaría un aumento global de metano y óxido nitroso, así como un incremento de las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) en la UE, Brasil y Argentina, y un «aumento moderado general» de las emisiones de gases de efecto invernadero en los países del Mercosur. 

Sin embargo, la LSE admite que estas proyecciones excluyen cualquier emisión procedente de cambios en el uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura (LULUCF), que incluye la deforestación, al tiempo que señala que las emisiones del sector LULUCF representan el 55% de las emisiones de CO₂ de Brasil y el 70% de las de Paraguay. 

“Es evidente que la evaluación ambiental omitió una parte importante del efecto del acuerdo comercial sobre las emisiones de gases de efecto invernadero” y “considera inadecuadamente el efecto con respecto a la industria automovilística de la UE”, plantean Verheyen y Winter. Considerando, además, que la legislación comunitaria exige de una evaluación ambiental que incluya todos los impactos pertinentes. 

Más aún cuando se prevé que las emisiones del sector LULUCF aumenten significativamente debido a las pretensiones del acuerdo de elevar las exportaciones de productos agropecuarios del Mercosur, tales como la soja, la carne procesada, la pesca y la caña de azúcar, mientras que la UE aumentará sobre todo sus exportaciones de productos transformados y bienes industriales.

Verheyen y Winter señalan que la evaluación de la London School of Economics no tiene suficientemente en cuenta las emisiones vinculadas al transporte internacional de mercancías, que representan aproximadamente un tercio de las emisiones relacionadas con el comercio en todo el mundo.

Destacan que el acuerdo incluye varios incentivos para la industria automovilística europea: además de eliminar los aranceles para los automóviles europeos exportados al Mercosur, será mucho más barato importar recursos naturales y piezas de automóviles del Mercosur necesarios para la producción europea. La UE podrá importar asimismo mayores cantidades de etanol del Mercosur –producido principalmente a partir de la caña de azúcar– para utilizarlo como carburante. 

El dictamen calcula que el incremento de la deforestación supondrá un aumento de las emisiones climáticas. “Sólo debido al aumento de las exportaciones de carne de vacuno generado, proyectado en el texto acordado en 2019, se estima que las tasas de deforestación en la región del Mercosur se acelerarán un 5% anual durante seis años, y otras proyecciones sugieren que esto cubriría un área de entre 620.000 ha y 1,35 millones de ha en los cinco años siguientes a la implementación del tratado, en el peor de los casos”, informa el escrito.

El Cerrado: la primera línea de la deforestación en Brasil

En este sentido, otro informe reciente de Global Witness, muestra cómo la deforestación sigue creciendo en el Cerrado brasileño, la sabana tropical más biodiversa del mundo y que abarca un territorio tan grande como México pero que concentra alrededor del 70% de la destrucción relacionada con el consumo europeo. Mientras el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ha conseguido disminuir la deforestación en la Amazonia un 50%, en el Cerrado alcanzó niveles récord, con un aumento del 43% en 2023.

Una devastación en la que la responsabilidad de las principales empresas cárnicas del país –JBS, Marfrig y Minerva– es clave, como revela la investigación. La deforestación asociada al negocio de estas empresas fue casi cinco veces mayor en la zona del Cerrado en el estado de Mato Grosso que en el territorio amazónico donde han suscrito acuerdos voluntarios para supuestamente “controlar” sus suministros. 

Según denuncia la ONG británica, el 36% del ganado que JBS, Marfrig y Minerva compraron en el Cerrado procedía de explotaciones con tierras deforestadas ilegalmente. En los ranchos que abastecen de bovinos a las empresas cárnicas en todo Mato Grosso se taló una superficie forestal combinada mayor que la de Chicago, en un 99% de los casos de forma ilegal, según la legislación brasileña.

Grandes bancos como Barclays, BNP Paribas, HSBC, ING Group, Merrill Lynch y Santander, así como fondos de inversión como Vanguard Group y BlackRock, están contribuyendo a esta deforestación al comprar acciones, facilitar créditos y suscribir colectivamente bonos por valor de miles de millones de dólares en los últimos años para las tres grandes empresas cárnicas que impulsan una destrucción que afecta al clima de toda Sudamérica.

JBS, compañía vinculada a la mayor superficie deforestada en Brasil y que está financiada por el Banco Santander, entre otros, no sólo exporta carne a supermercados europeos, sino que vende también cuero a grandes marcas de moda como Inditex, que infringe sus políticas internas.

Pero también la demanda de soja para piensos y biocombustibles por parte de la UE es cómplice de ello y seguirá incentivando la destrucción de ecosistemas en Suramérica, de acuerdo a estudios anteriores de Ecologistas en Acción, Transport & Environment, Rainforest Foundation Norway, Repórter Brasil y otras entidades.

América del Sur representa cerca del 33% de la deforestación bruta mundial, la cual alcanzó en 2022 las 6,6 millones de hectáreas en todo el mundo y fue un 21% superior a la meta necesaria para eliminar la deforestación en 2030. Esta deforestación y la degradación del suelo han exacerbado la pérdida de biodiversidad y los efectos del cambio climático, afectando a recursos vitales como el agua y la alimentación, y dañando los medios de vida de millones de personas. Según la FAO, el 90% de la deforestación se debe a la expansión de la agricultura y la ganadería industriales. 

Cabe destacar que actualmente la mayor parte de El Cerrado no entra en el ámbito de aplicación del Reglamento de la UE sobre deforestación (EUDR), que prohíbe el comercio de materias primas producidas en tierras deforestadas o degradadas después del 31 de diciembre de 2020 y exige la conformidad con todas las leyes aplicables vigentes en el país de producción.

¿Caso para un litigio climático?

El documento de Verheyen y Winter coteja el proyecto de acuerdo comercial con una serie de tratados de la UE e internacionales para evaluar si cumple con la legislación de la UE e internacional, incluidos el Tratado de la Unión Europea (TUE), el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la Carta de los Derechos Fundamentales y el Acuerdo de París sobre el cambio climático. El acuerdo comercial también se evaluó en relación con el principio general de coherencia, que exige que la Comisión Europea y los gobiernos de la UE garanticen que es «compatible con las políticas y normas internas de la Unión» (art. 207.3 del TFUE).

Su conclusión es nítida: “La versión actual del acuerdo UE-Mercosur no puede ser firmada ni ratificada por las instituciones de la UE” porque “infringe las obligaciones de la UE en virtud del derecho internacional y, en particular, del régimen climático de la ONU”.

Para el análisis jurídico, hubo que distinguir distintos tipos de emisiones y pérdidas por sumideros, a fin de describir la actividad u omisión en la que puede basarse la responsabilidad de los Estados a lo largo de la cadena causal. Entre estas se incluyen las emisiones de gases de efecto invernadero y pérdida de sumideros dentro de la UE a causa del crecimiento de la producción de automóviles, la intensificación de la agricultura y la producción de productos químicos.

Pero también emisiones en terceros países pero causadas por la UE, debidas al crecimiento en el uso de productos (emisiones de coches importados, intensificación de la agricultura debido a la importación de productos agroquímicos) y al crecimiento en la producción de bienes generados por la demanda de la UE (intensificación de la agricultura y conversión de ecosistemas para producir piensos y carne para la exportación).

En cuanto a las emisiones internas, la UE no cumple los compromisos de reducción adecuados para no superar el límite de calentamiento global de 1,5 ºC. Por lo que respecta a las emisiones internas y externas, las autoras consideran que la UE infringiría la norma de derecho internacional de «no perjudicar» si firma y aplica el acuerdo comercial al no tomar las medidas necesarias para reducir las emisiones climáticas y mantener el aumento de la temperatura en los niveles especificados en el derecho de los tratados.

El pacto comercial con el Mercosur tampoco cumple el Derecho primario de la UE, es decir, los Tratados de la UE y la Carta de los Derechos Fundamentales. Por ejemplo, incumple el objetivo de perseguir el desarrollo sostenible, tal como se establece en el artículo 21 del TUE. “El cambio climático y sus efectos ya están afectando a los derechos fundamentales a la salud, la ocupación, el bienestar infantil, la igualdad de trato y la propiedad, garantizados por la Carta de Derechos Fundamentales”, argumentan.

En lo que respecta al proceso de negociación, el acuerdo comercial sería “incompatible con el artículo 207, apartado 3, del TFUE, ya que es incoherente con las políticas comerciales y otras normas y políticas de la UE”, explican las dos juristas. Asimismo sería “incoherente» con el Derecho derivado de la UE, como la Ley del Clima de la UE, en particular, los artículos dos y seis.

Según Verheyen y Winter, “celebrar un acuerdo comercial que provocaría un aumento de las emisiones tanto dentro como fuera de la UE y pérdidas de sumideros de carbono es jurídicamente inaceptable”. 

En otra publicación, de noviembre de 2023, Greenpeace ya denunció el doble rasero de la UE cuando se pretende eliminar los aranceles sobre las exportaciones de plástico de la UE a Sudamérica, incluidos los aranceles sobre artículos de plástico cuyo comercio y uso dentro de la UE está prohibido, como los cubiertos de plástico de un solo uso. Esto contrasta con las negociaciones en curso sobre un acuerdo mundial sobre plásticos, cuyo objetivo es reducir significativamente la producción de plástico y acabar con su contaminación, así como otras legislaciones europeas destinadas a reducir el consumo de plástico y evitar los residuos.

Las posibles infracciones del acuerdo UE-Mercosur con los tratados de la UE, abre la posibilidad de que el pacto sea impugnado ante el Tribunal de Justicia Europeo por un gobierno de la UE o por el Parlamento Europeo.

Relevancia del análisis 

El análisis jurídico encargado por Greenpeace cobra todavía mayor relevancia considerando el estudio del Joint Research Center de la Comisión Europea, publicado la semana pasada, que ha analizado diez acuerdos comerciales previstos de la UE (Nueva Zelanda, Australia, Chile, India, Indonesia, etc.) y su impacto en el sector agrario. En 2032, el 57% de las importaciones agroalimentarias procederán de los estados del Mercosur, según la publicación Impacto económico acumulativo de los próximos acuerdos comerciales en la agricultura de la UE.

Todos estos datos refuerzan el relato de que la expansión de la frontera agrícola es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo y el propósito de abordarlo con urgencia. Apuntan también hacia reivindicaciones de transformar el modelo de ganadería intensiva, tal como plantea la Coordinadora Stop Ganadería Industrial, para dejar de importar soja, así como incentivar las prácticas agrícolas sostenibles, como la agroecología y la ganadería extensiva, o propuestas como reducir un 50% el consumo de carne y azúcar en España.