Barcelona y el reto de las ciudades frente a la crisis climática

«Esto no es un simulacro». Con esta breve frase, el Ayuntamiento de Barcelona decretaba a mediados de semana la emergencia climática en la ciudad condal. Junto a la declaración, el consistorio ha presentado un plan de acción con vistas a 2030. Incluye más de cien medidas «urgentes, contundentes y efectivas» para acelerar la adaptación de la ciudad ante los episodios climáticos extremos, así como mitigar sus efectos a corto y largo plazo. El objetivo: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero -causantes del calentamiento global- en dos millones de toneladas antes de la próxima década. Esto implica un 50% menos respecto a niveles de 1992, fecha de referencia habitual para medir las emisiones.

Este paquete de medidas no es del todo nuevo, sino que viene a complementar el plan Clima, aprobado por el Ayuntamiento catalán en 2018. En él se recoge un programa estratégico con 242 medidas basado en cuatro puntos de actuación: mitigar los efectos del cambio climático, adaptar la ciudad a las consecuencias del cambio climático, priorizar a los colectivos más vulnerables e implicar a la ciudadanía en esta lucha.

Tanto el texto de la declaración como la estructura de las acciones que se implementarán han sido desarrolladas y consensuadas con más de doscientos especialistas, entidades y administraciones, aseguran desde el administración municipal. No obstante, Fridays For Future critica las «deficiencias» del proceso participativo. Además, desde el movimiento juvenil piden mayor ambición, con una reducción de los gases de efecto invernadero de un 7,6% anual, siguiendo las recomendaciones de la ONU.

Greenpeace España también ha entrado a valorar la propuesta, la cual consideran positiva. Aun así, desde la organización mantienen que existen aspectos en los que «debería haber más concreción y ambición».

En total, el Ayuntamiento dirigido por Ada Colau destinará 563,3 millones de euros para implementar un plan de acción que estará vertebrado a través de nueve ejes. Siete de ellos implican un cambio de modelo en: urbanismo, movilidad e infraestructuras, energía, economía, consumo y residuos, alimentación, y cultura y educación-. Los otros dos ejes, se centran en la adaptación al cambio climático en el ámbito de la salud y la calidad ambiental, y la preservación de los recursos hídricos.

Para comprobar que se está trabajando y, sobre todo, que algunas metas se cumplen, el Ayuntamiento publicará anualmente un informe donde se evaluará el impacto de la declaración y las medidas. Pero no será lo único. El concejal de Emergencia Climática de Barcelona, Eloi Badia, confirma a Climática que, escuchando las reclamaciones de los movimientos de la sociedad civil, habrá un informe independiente realizado por especialista. Aunque esto aún no lo tienen cerrado, asegura que se comprometen a ello.

La mitad de medidas no dependen solo de ellos

De las 103 medidas que vienen recogidas al calor de la declaración de emergencia climática, 47 no dependen únicamente del Ayuntamiento su aplicación: desde el Área Metropolitana de Barcelona hasta la Generalitat de Catalunya o el propio Gobierno de España, pasando por entidades como AENA o Puerto de Barcelona. También se requerirá de la implicación de empresas y de la propia ciudadanía.

Esta declaración sirve, asegura el concejal de Emergencia Climática, para «situar la emergencia a nivel de ciudad», y que no quede solo en objetivos de la administración local: «Asumimos todos los compromisos que nos competen íntegramente, y, en los demás, nos comprometemos a impulsarnos y trabajar para que puedan llevarse a cabo», afirma Badia.

Para él, es muy importante «saltar del ámbito de ciudad», porque si no «hay temas de los que nunca se pueden hablar». En este sentido, confiesa que para llegar al objetivo de reducción del 50% de emisiones son necesarios cambios a escala estatal. Aunque cree que «hay que romper con la idea de que el municipalismo lo puede solucionar todo”, este «puede empujar para que las soluciones lleguen».

Transformar el modo de moverse

Actualmente, la movilidad es responsable de un 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Barcelona, según datos del propio Ayuntamiento. Por este motivo, la declaración y los planes centran la mayor parte de los esfuerzos en transformar el modelo de transporte de la ciudad.

En esta línea, el Ayuntamiento puso en funcionamiento el pasado 1 de enero su medida estrella, la llamada zona de bajas emisiones. Una medida que, si bien nace para reducir los niveles de contaminación atmosférica, espera que reduzca en 550.000 toneladas las emisiones de CO2, principal gas que contribuye al calentamiento global. Aun así, el movimiento juvenil Fridays For Future tacha de insuficiente esta propuesta e insta a centrar los esfuerzos en el abaramiento y mejora del transporte público.

Mejorar la red de autobuses y trenes. Introducir medidas de fiscalidad verde en la distribución de mercancías de las grandes plataformas tecnológicas. Reducir los desplazamientos laborales mediante teleconferencias o teletrabajo. «Estudiar» la eliminación de los vuelos cortos que tengan alternativa en tren a menos de 7 horas y que estén a distancias menores a los 1.000 km. Eliminar las exenciones sobre el queroseno -el combustible de los aviones-. Estas son algunas de las medidas que recoge la declaración en materia de movilidad, y todas ellas pasan por la intervención de más de un actor. Incluso en algunas, ni siquiera intervendría directamente el Ayuntamiento.

En el caso de la propuesta de eliminar ciertos vuelos, es tarea tanto del aeropuerto como de AENA hacerlo realidad. No obstante, Eloi Badia va más allá y afirma que hay que «ser más estricto en la justificación de los viajes». Durante el año pasado, la mitad de todos los viajes -tanto nacionales como internacionales- que hizo el Gobierno municipal, aproximadamente la mitad fueron en avión, explica Badia. Según explica, el objetivo a conseguir es que sobre el 70% se haga en tren, siendo el 30% restante vuelos internacionales ‘imposibles’ de sustituir.

Desde los movimientos por el clima de Barcelona, han emitido un comunicado donde piden un posicionamiento claro y una agenda de trabajo con el gobierno español para detener las ampliaciones de infraestructuras tanto del aeropuerto como el puerto.

El poder de las ciudades

Si bien el concejal de Emergencia Climática, Eloi Badia, cree que las ciudades están muy limitadas a la hora de actuar contra el cambio climático, la científica Marta Olazabal, investigadora del Centro Vasco para el Cambio Climático (BC3) especializada en adaptación y resiliencia urbana, piensa distinto.

No cree que la capacidad de maniobra de las ciudades sea limitada, si no que «muchas medidas se deben de hacer en base a un diálogo multinivel», al igual, señala, «que muchas medidas que se promueven desde el ámbito nacional o regional no tienen salida si no se cuenta con las ciudades». Y enumera algunas de ellas: «Las ciudades ordenan el área urbana, planifican, crean ordenanzas que ayudan a implementar políticas climáticas, destinan recursos a infraestructuras resilientes y energéticamente eficientes, crean contratos públicos y establecen condiciones mínimas ambientales en la construcción de edificios y en la urbanización…».

Siguiendo con este discurso, Olazabal critica que «es bastante común ver políticas nacionales y regionales que no mencionan a las ciudades. Y viceversa». Por eso, considera que «el plan de acción para la emergencia climática de Barcelona es un rayo de luz». Las propuestas le parecen «razonables y factibles», pues son «ambiciosas y responden a la situación actual de emergencia».

La importancia de la adaptación

Si en algo deben ser agentes claves las ciudades es en la adaptación a los efectos del cambio climático. En esta materia, Barcelona viene desde hace tiempo poniendo en funcionamiento los llamados ‘refugios climáticos’ para los casos emergencia por clima extremo. Ahora, con el nuevo plan, se activarán 100 equipamientos municipales más, de los cuales 30 serán equipamientos educativos.

Explica Marta Olazabal que, aunque la adaptación sea de ámbito local, esta no debe liderarse solo desde las ciudades. «Esto es sobre todo importante en ámbitos donde las competencias sean múltiples», cuenta. Pone de ejemplo un problema recurrente como son los ecosistemas costeros, gravemente amenazados por la subida del nivel del mar y el oleaje: «Miles de proyectos de restauración pueden ser liderados por pueblos y ciudades, pero una coordinación de estas medidas a una escala superior es esencial para regular la protección, identificar necesidades y monitorizar el progreso de estas acciones y los posibles cambios en las dinámicas costeras», remata.