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Eduardo Robaina
Hace no tanto tiempo, en calles de todo el mundo, se podía escuchar algo más que el habitual bullicio de coches que contaminan. Era la voz, o más bien el grito, de miles de jóvenes –y no tan jóvenes– que se manifestaban cada viernes en grandes marchas para denunciar la inacción climática de los gobiernos. Aunque en el último año se ha llevado a cabo alguna movilización, lejos quedan ya los millones de personas de más de 150 países que se manifestaron por el clima en septiembre de 2019. También queda para el recuerdo la gran manifestación de Madrid durante la COP25, con la presencia de Greta Thunberg. Las restricciones sanitarias para combatir la pandemia modificaron las reglas del juego cuando el cambio climático estaba, más que nunca, en el centro de todas las conversaciones.
Ante este nuevo e imprevisto escenario, una forma de seguir presionando son los litigios climáticos. Se trata de un procedimiento jurídico que puede dirigirse contra grandes corporaciones por su actividad altamente contaminante o contra los gobiernos por su falta de acción ante el cambio climático. El 2021 ha sido un año con multitud de casos con el clima como motivo principal.
Uno de ellos cumple justo su primer aniversario. El 3 de febrero de 2021, el Tribunal Administrativo de París declaró culpable al Estado francés por faltar a sus propios compromisos para combatir la crisis climática. La sentencia del conocido como caso del siglo considera ilegal que el Ejecutivo de Emmanuel Macron incumpla sus compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y señala al Gobierno como responsable de «daños ecológicos». El plan actual de Francia es reducir sus emisiones en un 40% para 2030 en comparación a 1990, y alcanzar la neutralidad climática para 2050. Lo que sigue siendo insuficiente.
Este litigio comenzó el 17 de diciembre de 2018 de la mano de cuatro organizaciones: Notre Affaire à Tous, la Fundación Nicolas Hulot para la Naturaleza y la Humanidad, Greenpeace Francia y Oxfam Francia. En un primer momento, la condena que emitió el Tribunal era simbólica, con el pago de un euro a las organizaciones demandantes por «daño moral». Sin embargo, el 14 de octubre, ordenó al Estado que tomara «todas las medidas necesarias» para reparar, antes del 31 de diciembre de 2022, los daños ecológicos causados por sobrepasar el presupuesto de carbono entre 2015 y 2018.
Para Hugo Partouche, abogado que representa a L’Affaire du Siècle –la coalición de organizaciones demandantes–, uno de los mayores obstáculos a la hora de presentar litigios climáticos es «la percepción pública», ya que mucha gente contraria a estos procedimientos cree que «los jueces no deberían tener un papel político». No obstante, esto no parece ser un problema en Francia: el caso fue apoyado por más de 2,3 millones de personas que firmaron la que es la mayor petición popular sobre cualquier tema en la historia del país. «Nuestro trabajo es explicar cómo las leyes y los principios legales actuales se aplican a la emergencia climática. Por eso muchas acciones han tenido éxito», asegura.
Aunque estos litigios están teniendo mayor actividad y presencia en los medios en los últimos años, no son algo nuevo. «El litigio climático deriva del litigio ambiental, y en algunas jurisdicciones se lleva realizando desde los años sesenta», explica Ana Barreira, abogada y directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA). Y hay muchos tipos: de mitigación, de adaptación, acciones por daños, contra decisiones que no tuvieron en cuenta el cambio climático… El primer caso de ese tipo, apunta Barreira, pudo ser el de Greenpeace Australia contra Redbank Power Company en 1994. La organización ecologista recurrió un permiso para la construcción de una central térmica de carbón en el Valle de Hunter basándose en los efectos adversos que tendrían las emisiones de gases de efecto invernadero de esa central. En aquella ocasión, ganó la empresa y perdió el clima.
Desde 1986, ha habido más de 1.800 casos de litigios climáticos a nivel global –tres cuartas partes corresponden a Estados Unidos–, de acuerdo con la mayor base de datos que existe al respecto, elaborada por el Sabin Center for Climate Change Law y Climate Change Laws of the World. En cuanto al sentido de las resoluciones, un análisis de 534 casos estadounidenses entre 1990 y 2016 destacó que el 42% de los litigios climáticos en este país tuvo resultados favorables a la acción climática. Fuera de la jurisdicción de EEUU, el 58% de los 187 casos entre 1994 y mayo de 2020 fueron propicios; es decir, se resolvieron en favor de una regulación climática más efectiva, o bien, en contra de un resultado que hubiera aumentado las emisiones.
Joana Setzer lidera el Climate Change Laws of the World, el proyecto impulsado por el Instituto de Investigación Grantham sobre Cambio Climático y Medio Ambiente encargado de monitorear todos los litigios climáticos, excluyendo EEUU. Para ella, hay dos momentos clave que explican el aumento de casos de este tipo: «Después del fracaso en las negociaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de Copenhague en 2009 (la COP15), los activistas utilizaron el litigio climático como un mecanismo para combatir la falta de acción climática». La segunda fecha clave es 2015, con el Acuerdo de París alcanzado durante la COP21. Desde entonces, aumentó de forma notoria el activismo climático y aparecieron nuevos tipos de litigios.
Respecto al pacto que se fraguó en la capital francesa, la investigadora recuerda que para cumplir con los objetivos que se fijaron es esencial que existan legislaciones nacionales. Actualmente, según Joana Setzer, todos los países del mundo tienen al menos una legislación o política pública sobre el cambio climático. En la base de datos de Climate Change Laws of the World tienen registradas más de 2.000. No obstante, Setzer aporta un matiz vital que muestra que no se está haciendo lo suficiente: «No todas las leyes y políticas son compatibles con las metas establecidas en el Acuerdo de París».
Como el niño o niña que sigue de cerca los pasos de su cantante o deportista favorito, y que sueña con lograr su mismo éxito, la sociedad civil y las organizaciones que emprenden estas acciones tienen un referente al que aspiran emular: la Fundación Urgenda. A finales de 2019, el Tribunal Supremo de Países Bajos confirmaba las dos sentencias anteriores que ordenaban al Gobierno reducir sus emisiones al menos un 25% para finales de 2020 respecto a los niveles de 1990.
El caso supuso una victoria histórica para el clima, y la responsable fue esta pequeña ONG medioambiental. Pero no fue un camino fácil. La batalla de la Fundación Urgenda contra el Estado neerlandés comenzó en 2013, cuando la organización logró reunir el apoyo de cerca de un millar de personas y se acogió a la legislación europea sobre Derechos Humanos. El objetivo era demandar al Gobierno ante el juzgado de Primera Instancia de La Haya por no hacer nada para combatir la crisis climática. En 2015 se produjo la primera victoria, en una sentencia pionera. Pero el Ejecutivo, no conforme con la decisión, apeló. Sin embargo, volvió a perder, y esta vez de forma definitiva, el 9 de octubre de 2018, un día después de que el IPCC, el panel de especialistas de cambio climático que asesora a la ONU, publicase su informe especial sobre las consecuencias de un aumento global de la temperatura de 1,5 ºC.
En 2020, siete años después del caso neerlandés, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón iniciaron el primer litigio climático contra el Gobierno de España. «Hace tiempo que se estaba pensando en la posibilidad de utilizar la justicia y el derecho como una herramienta de activismo adicional a las que ya se vienen utilizando de manera habitual por parte de las organizaciones ecologistas», explica Lorena Ruiz-Huerta, abogada de Greenpeace que dirige junto a Jaime Doreste, abogado de Ecologistas en Acción, la parte jurídica del caso.
Las organizaciones denuncian que el Gobierno de España continúa muy lejos de alcanzar los objetivos de reducción de emisiones que le corresponden para cumplir los acuerdos climáticos internacionales. Tanto el Plan Nacional Integrado de Clima y Energía (PNIEC) como la Ley de Cambio Climático y Transición Energética establecen una reducción de emisiones del 23% para 2030 respecto a 1990, «muy lejos del 55% que el país debería asumir para contribuir, de acuerdo con su capacidad y responsabilidad histórica, a limitar el calentamiento global a 1,5 ºC», se quejan. «Es absolutamente insuficiente y no está alineado con los compromisos adquiridos a nivel internacional para luchar contra el cambio climático», asegura Ruiz-Huerta.
El movimiento juvenil Fridays For Future España se sumó el verano pasado al apodado ‘Juicio por el clima‘. A finales del año pasado, dos especialistas, en calidad de peritos, comparecieron ante la sala del Tribunal Supremo a propuesta de las organizaciones demandantes. Durante febrero, ambas partes presentarán sus escritos de conclusiones, por lo que solo quedaría conocer la sentencia, prevista para abril o mayo. Así, en primavera se sabrá si el Gobierno de España es o no condenado por inacción climática.
Lorena Ruiz-Huerta confiesa que «no es un caso fácil», pero que aspiran a ganar porque «son muchos los juristas y las juristas a nivel internacional que han participado en la construcción jurídica de toda esta argumentación, y el planteamiento es absolutamente serio y asumible por el Tribunal Supremo de España».
Los litigios climáticos no solo están impulsados por organizaciones medioambientales. Son muchas las niñas, niños, adolescentes y estudiantes que han pasado de las calles a los tribunales para reclamar más compromiso en materia climática y medioambiental. Es el caso de seis jóvenes portugueses de entre 8 y 21 años. En septiembre de 2020 –mismo mes que en el caso del litigio español– presentaron una demanda ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH). Acusan a 33 países (todos los de la UE, más Reino Unido, Suiza, Ucrania, Noruega, Turquía y Rusia) de violar su derecho a la vida y poner en peligro su futuro al no tomar acciones contundentes para frenar la crisis climática. En agosto del año pasado, los gobiernos transmitieron al equipo jurídico de los jóvenes solicitantes su defensa. Y estos tienen hasta el 9 de febrero para responder.
Esta demanda es rompedora por una razón: la gran mayoría de los litigios que se presentan ante este organismo no llegan tan lejos. En este caso, el TEDH reconoce su «importancia y urgencia». Esto, para Lorena Ruiz-Huerta, es una gran noticia porque «demuestra que la justicia se toma en serio este problema». A diferencia de lo que ocurriría en condiciones normales, detalla, se les ha permitido no agotar la vía judicial interna de cada país, que es un requisito para poder acceder al Tribunal de Estrasburgo. «Estos chicos y chicas hubieran tardado años en llegar a Estrasburgo. Y el clima y la urgencia del problema no lo permiten», recalca.
Un caso que puede servir de inspiración es el de Alemania. En abril del año pasado, el Tribunal Constitucional dictaminó que la Ley de Protección del Clima, aprobada en 2019 por el Ejecutivo de Angela Merkel, es en parte insuficiente. Ahora, el nuevo gobierno tripartito tiene hasta el 31 de diciembre para establecer nuevos objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a partir de 2031.
La demanda fue puesta por un grupo de nueve jóvenes activistas que contaron con el respaldo de Fridays For Future y las organizaciones Greenpeace, Amigos de la Tierra de Alemania (BUND), Deutsche Umwelthilfe, Germanwatch y Protect the Planet.
Otro ejemplo que puede servir de inspiración –porque ya han ganado– es el liderado por ocho jóvenes de Australia, país donde no paran de sucederse casos de estas características (hay 124 en total). En mayo de 2021, el Tribunal Federal del país oceánico falló en contra de la ministra de Medio Ambiente, Sussan Ley, por aprobar la ampliación de la mina de carbón de la empresa Whitehaven Vickery en Nueva Gales del Sur sin tener en cuenta el daño que puede causar en el futuro a los niños y las niñas del país.
En su sentencia, el magistrado Mordecai Bromberg manifestó su preocupación por la crisis climática, y se mostró muy sensible hacia los problemas que los jóvenes pueden sufrir debido a ella. Además, cargó contra la representante australiana al considerar que «una persona razonable que ostente el cargo de ministro debería ser consciente del aumento de CO2 en la atmósfera que provocará la ampliación de esta mina y del consecuente aumento de las temperaturas, así como del riesgo de muerte o lesiones a los que se expone a estos niños».
Todo estos argumentos los podrán usar los líderes de las Primeras Naciones de las Islas del Estrecho de Torres de Australia, Paul Kabai y Pabai Pabai. Hace unos meses, decidieron demandar al Gobierno Federal australiano con el fin de «prevenir la destrucción» de sus comunidades «por el cambio climático». Este caso constituye la primera demanda colectiva sobre el clima que presentan los pueblos de las Primeras Naciones de Australia.
La resolución del caso australiano se produjo un día después de otro caso crucial para la defensa del clima. Se trata del que enfrentó a Amigos de la Tierra Países Bajos (Milieudefensie) contra Shell, una de las empresas más dañinas para el clima a nivel global. Junto a otras seis organizaciones y con el apoyo de más de 17.000 ciudadanos y ciudadanas neerlandeses, pedían un cambio en la política de la segunda compañía petrolera por ingresos del mundo.
El 26 de mayo de 2021, el tribunal del distrito de La Haya acabó dando la razón a la organización ecologista. La sentencia obliga a la multinacional anglo-holandesa a recortar sus emisiones aceptando el marco impuesto por el Acuerdo de París: deberán reducir un 45% sus emisiones de CO2 en los próximos diez años respecto a 2019.
«El litigio climático es solo una forma más de acción climática». Así define David R. Boyd, relator especial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Medioambiente, esta nueva forma de protesta. Eso sí, cree que «nunca será la vía principal», aunque sí considera que «puede ser un poderoso catalizador para avanzar en acciones más ambiciosas y oportunas». También tiene claro que los litigios son una respuesta «a la terrible amenaza que representa la crisis climática global para el bienestar humano, los derechos humanos y la prosperidad futura».
La acción climática engloba muchos propósitos. Boyd enumera algunos: el cambio a la energía renovable, la transición al transporte sostenible, los esfuerzos para poner fin a la deforestación, la transformación del sistema alimentario global para que sea más local y basado en vegetales, entre otros. Volviendo a los litigios climáticos, Joana Setzer apunta que «son muy importantes en este momento porque hay una clara necesidad y urgencia de actuar. La intervención legal tiene un papel sustancial en la implementación de medidas para combatir el cambio climático». No obstante, avisa, siguiendo la línea del relator de la ONU, de que «no son la única ni la mejor opción para hacerlo, sino una de las herramientas de gobernanza climática disponibles».
Para la investigadora, «hay una razón de ser para estos litigios, porque contribuyen a la viabilidad de la lucha contra el cambio climático, pero esto no debería continuar siendo así indefinidamente. Cualquier tipo de litigio requiere tiempo e implica el riesgo de terminar con una resolución no favorable. Desgraciadamente, el tiempo actúa en nuestra contra y fallar es un riesgo que no podemos asumir».
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), junto al Sabin Center for Climate Change Law, publicó a principios de 2021 un informe donde se constata el ascenso de los litigios climáticos en los últimos años: desde 2017, cuando se elaboró el primer documento, hasta julio de 2020, los casos casi se han duplicado. En total, 38 países (39 si se incluyen los tribunales de la Unión Europea) tienen causas abiertas al respecto. Tras EEUU, que lidera con una diferencia aplastante, le siguen Australia, con 97 casos, Reino Unido, con 58, y la UE, con 55. Ahora, con la COVID-19, Joana Setzer señala que «es posible que haya una reducción». Mientras, Lorena Ruiz-Huerta defiende «no renunciar a las otras vías de actuación o de activismo mientras se sigue usando la vía judicial».
Otro estudio, publicado meses después en la revista Nature Climate Change, buscaba ahondar en por qué muchos de los litigios acaban en derrota si los hechos están de su parte. Según explican sus autores, se debe a que los abogados implicados no han utilizado la evidencia científica más actualizada sobre las causas del calentamiento global.
La investigación, elaborada por el Programa de Derecho Sostenible de la Universidad de Oxford, cree que esto podría cambiar, dado que no deja de crecer el respaldo científico que vincula las emisiones de gases de efecto invernadero con los eventos climáticos extremos. «Algunos de estos obstáculos podrían superarse si los demandantes hicieran un mejor uso de la ciencia climática, particularmente en el campo de la ciencia de la atribución», explicaban sus autores.
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Este mes de febrero, el Gobierno de Tanzania planea desalojar a más de 70.000 pastores indígenas Maasai de la región de Loliondo en el distrito de Ngorongoro, con el fin de crear un «área de conservación» que se utilizará para la caza de trofeos y el turismo de lujo. Como resultado, miles de Maasai perderán sus hogares y el territorio que han estado protegiendo durante generaciones.
Como dijo un líder local en una entrevista recientemente: «No tenemos a dónde ir. Perder esta tierra significará la extinción de nuestra comunidad».
Se supone que el «proyecto de conservación» está conectado a una empresa con sede en los Emiratos Árabes Unidos, ortello Business Corporation, que organiza viajes de caza de vida silvestre para las familias reales de Dubai. Mientras tanto, el desalojo de miles de familias las empujaría aún más a la pobreza y violaría sus derechos humanos básicos. Las vidas de 70.000 masai, la tierra y la biodiversidad que protegen no deben ser destrozadas para la diversión y el privilegio de las familias ricas.
El Gobierno de Tanzania debe proteger a los pastores indígenas Maasai y respetar sus compromisos internacionales con los derechos humanos.
El apoyo internacional es crucial para detener este desalojo:
https://iprights.org/campaigns/petitions/stop-all-attempts-to-evict-70-000-maasai-indigenous-pastoralists-in-tanzania
Todo un despropósito a favor , y para variar de las élites en connivencia con los políticos. La unión perfecta de los grupos mafiosos.
Pero el sueldo de los politicos, lo pagan los cuidadanos y las élites, los sobornos. Con lo cual , deberían dejar de cobrar de los ciudadanos porque está claro que no nos defienden.