Chile y una Constitución para convertirse en el primer Estado ecológico del mundo

El pueblo chileno tiene una cita importante el 4 de septiembre: deberá decidir en referéndum si acepta o no la nueva propuesta de Constitución y que sustituiría a la que lleva vigente desde 1980, con la dictadura de Pinochet. De salir adelante, Chile pasaría a tener la Carta Magna más moderna, ‘verde’ y alineada con los retos presentes y futuros. Sin embargo, la victoria no está ni mucho menos asegurada y queda un largo camino por delante.

La vuelta a las urnas la forzó la propia ciudadanía en 2020 a raíz de las protestas masivas del año anterior, con las que sacudió la inestabilidad del país. Unas revueltas, además, que hicieron que la Cumbre del Clima (COP 25) que se iba a celebrar ese año en Santiago de Chile fuese finalmente en Madrid.

La Convención Constitucional ha sido el órgano constituyente encargado de redactar una nueva Carta Magna. Y, tras un año de trabajo, el pasado 4 de julio entregó la propuesta final de texto, a la espera de que la ciudadanía decida en menos de un mes si el país pasa a ser el primer Estado del mundo en declararse como ecológico.

El escrito contiene 388 artículos permanentes, 57 transitorios, y un matiz importante: 98 de estos están relacionados, de forma directa o indirecta, con el medio ambiente. Ya en el artículo 1, en su apartado primero, se dejan claras las intenciones: «Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico«.

Asimismo, se establece que el Estado «debe promover el diálogo, la cooperación y la solidaridad internacional para adaptarse, mitigar y afrontar la crisis climática y ecológica y proteger la naturaleza«. También se contempla una mayor participación de la ciudadanía y una mayor autonomía para las regiones y comunas, que tendrán más atribuciones en materia ambiental sobre su territorio.

La posible nueva Constitución tiene en cuenta la interdependencia con la naturaleza; la consagración de derechos humanos ambientales como al del agua y saneamiento, al aire limpio y al acceso a la información y justicia ambientales; y la protección de la biodiversidad y bienes comunes naturales, entre otros. Para garantizar que todos los puntos se cumplan, también se plantea la creación de la Defensoría de la Naturaleza, un organismo autónomo con personalidad jurídica para defender todos estos derechos.

A estas medidas que pretenden ser mejoras no les ha faltado el apoyo internacional de académicos y organizaciones ambientales: más de 180 especialistas y miembros de ONGs ecologistas de 40 países celebrarían la aprobación del primer estatuto en reconocer la problemática global y la obligación del Estado de actuar ante ella. Así lo han manifestado en una declaración firmada en la que «expresan la esperanza que les genera que desde el sur Global se establezca un marco de ambición coherente con los desafíos climáticos y ecológicos actuales, demostrando la solidaridad de los y las chilenas con la lucha climática global» y siendo «una fuente de inspiración para el mundo».

Los sondeos apuntan al «no»

El camino a la transición, no obstante, tiene algunos baches. Por ahora, los sondeos indican que la nueva versión de la Carta Magna sería rechazada por aproximadamente el 54% de la ciudadanía, a pesar de que casi el 80% votó por la renovación de la Constitución en el plebiscito celebrado en octubre de 2020. Ello se debe a que la propuesta no convence tanto como para votar el ‘apruebo’ o el ‘rechazo’, las dos únicas opciones permitidas en septiembre.

Al contrario, el 73,4% de los chilenos considera posiciones intermedias, como aprobar la propuesta para mejorarla (33,4%), o rechazarla para reformar la Constitución vigente (39,9%), según una encuesta de Criteria. Esta última opción es la que baraja el actual presidente, Gabriel Boric: “De ganar la alternativa Rechazo, vamos a tener que prolongar este proceso por un año y medio más, donde se va a tener que discutir todo a partir de cero”, declaró en una entrevista en Chilevisión el pasado julio. El presidente impulsaría, entonces, un nuevo proceso constituyente con otra votación para escoger a los miembros de una segunda Convención.

El rechazo de la propuesta también la comparten los sectores de derechas, en concreto la coalición Chile Vamos, que se ha comprometido a reformar la actual Constitución; y los de centro-izquierda, que se oponen a la reforma y buscan un nuevo plebiscito.