España tendrá en los próximos meses su primera ley específica para combatir la crisis climática y avanzar hacia la transición ecológica. Será, sin duda, una herramienta clave para mitigar y adaptarse al cambio climático de cara a las próximas décadas. Aun así, España puede llevar a cabo muchas más acciones para hacer frente a las causas y consecuencias del calentamiento global a través de las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas.
Actualmente, solo tres comunidades cuentan con una ley específica enfocada en el cambio climático: las islas Baleares, Catalunya y Andalucía. Otras siete (Aragón, Asturias, Canarias, Comunidad Valenciana, La Rioja, Navarra y País Vasco, además del compromiso verbal de Castilla y León) están en proceso de tenerla. El resto (Cantabria, Castilla-La Mancha, Ceuta, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla y Murcia) ni la tienen ni se la espera.
También es llamativo que solo tres autonomías (Asturias, Canarias y Comunidad Valenciana) hayan incorporado los términos “cambio climático” o “emergencia climática” a la consejería correspondiente. El grueso de las comunidades reservan el siguiente escalafón de sus organigramas para incluir el término, aunque algunas lo mantienen a un nivel inferior (Castilla y León, Catalunya, Murcia y Navarra) y en otras directamente ni aparecen (Ceuta, Extremadura y Melilla).
«Hay que valorar positivamente que se introduzcan estas nomenclaturas en organismos públicos y que lleguen hasta una vicepresidencia de transición ecológica», valora Lorena Ruiz-Huerta, abogada de Greenpeace. «Es todo un avance pasar de un presidente abiertamente negacionista a un ejecutivo que se alinea con aquellos gobiernos que reconocen que el cambio climático es un problema de primera magnitud. Sin embargo, la ciudadanía tiene que reclamar actuaciones que vayan más allá de estupendas campañas de marketing como declarar la emergencia climática y no llevar a cabo ninguna medida», agrega, también, en referencia al gobierno actual.
La legislación nacional que el ministerio de Teresa Ribera está tratando de poner en marcha peca, a ojos de Ruiz-Huerta, de «demasiado poco ambiciosa» y de «no llevar aparejadas las políticas suficientes» en amplias materias como la apuesta por las energías renovables, el sobreconsumo de combustibles fósiles o el impulso al transporte público. Con todo, la abogada defiende que «una ley de cambio climático es importantísima, como cualquier legislación sobre un derecho fundamental: con ella se protege el clima y se preserva un planeta donde desarrollar una vida digna». Además, «la ventaja de la legislación es que es de obligado cumplimiento y se puede denunciar a un tribunal si se incumple, a diferencia de otro tipo de políticas como los pactos o las promesas electorales».
Por ello, Ruiz-Huerta también aplaude la conveniencia de leyes autonómicas en torno al cambio climático: «Como Estado descentralizado, y dado que las comunidades tienen competencias específicas, existe la ventaja de que cuanto más cerca del territorio esté el organismo que aplique políticas concretas, más democráticas y más eficaces serán».
En una línea similar lo pondera a su vez Pablo Rodríguez Ros, doctor en Ciencias del Mar y ambientólogo, que identifica la región mediterránea como «la más amenazada por el cambio climático por las DANA, los fenómenos meteorológicos extremos, el estrés hídrico o la subida del nivel del mar», sin dejar de atender a otras regiones como «Galicia y el incremento de sus incendios». Sobre legislación, Rodríguez Ros sostiene que «en materia ambiental, el Estado debe fijar unos mínimos, pero las comunidades tienen margen para ser más ambiciosas».
Perfiles y presupuestos
Entre las personas que ocupan las diferentes consejerías, se pueden encontrar perfiles estrictamente de la confianza del partido que ostenta el poder (con formaciones alejadas del Medio Ambiente pero larga trayectoria en la vida pública) o profesionales vinculados al área de trabajo con mayor o menor currículum político. Son abrumadora mayoría los diez cargos de confianza en sus respectivas comunidades (tres de ellos, vicepresidentes autonómicos), frente a ocho mixtos y una excepción, la del biólogo Álex Dorado (La Rioja), de perfil prácticamente profesional, cuya trayectoria previa vinculada al partido del gobierno apenas se remonta a 2018.
«Lo ideal sería que a cualquier nivel, la persona contase con una trayectoria (corta o larga, es igual) en gestión, y si además tiene experiencia profesional en la materia, mucho mejor», opina Rodríguez Ros. «Un ministro puede dar más o menos igual porque al final es ‘solo’ el encargado de la decisión, pero un puesto intermedio sí que es deseable que sea un perfil lo más técnico posible», añade.
Para Ruiz-Huerta, «es imprescindible que conozca el tema y que tenga un compromiso con el medioambiente, pero es aún más importante, si se pretenden llevar a cabo políticas transformadoras, ser una persona dispuesta a resistir a los lobbies y poderes fácticos contrarios a las actuaciones medioambientales. Sería ingenuo pensar que, antes o después, no se enfrentará a la resistencia numantina de los grandes capitales».
Finalmente, en esta serie de artículos se recogen las partidas presupuestarias del año 2021 de cada comunidad (2020 si están prorrogadas) y lo que se destina a la consejería que alberga las responsabilidades climáticas de la región. En términos absolutos, encabezan la lista Catalunya y Andalucía, con 2.000 y 1.900 millones de euros, respectivamente.
Con todo, el desglose para cantidades destinadas a acciones climáticas sigue siendo una asignatura pendiente en el grueso de las comunidades autónomas. Entre las que han cumplido de cara a 2021, Castilla-La Mancha (61 millones y medio de euros para el programa Economía Circular y Cambio Climático), Catalunya (que aunque gastó algo más de dos mil millones de euros disponía de 4.540, de los cuales 1.600 estaban destinados a acciones climáticas), La Rioja (más de dos millones para su Dirección General de Transición Energética y Cambio Climático) y Murcia, que destinó 145.358 euros al programa Fomento del Medio Ambiente y Cambio Climático de la Dirección General del Medio Natural.
Conoce al detalle las comunidades autónomas a través de estos tres artículos:
