Si bien los países de la Unión Europea (más Reino Unido) que abordamos en el primer capítulo de esta serie contaban con legislaciones climáticas vigentes, los tratados en esta segunda y última parte aquí tienen, o bien leyes con efecto hasta el pasado 2020 y sustentadas por posteriores estrategias y planes, o meros decretos ambientales ciertamente alejados de los documentos jurídicos que comparamos en el artículo anterior.
Las voluntades de la sociedad civil, las críticas de ciertas asociaciones o las realidades climáticas de estos países son también elementos a tener en cuenta para hacerse una visión conjunta del panorama europeo climático actual. Hay que recordar, con todo, que el hecho de que el grueso de los países que aquí se destacan solo cuenten con planes o estrategias (no con leyes) demuestra que no están vinculados jurídicamente al cumplimiento del objetivo fijado. Dicho de otro modo, si no alcanzan las metas establecidas no hay dispuestas sanciones ni multas por seguir contribuyendo a la destrucción del planeta.
Austria
Sigue un camino similar a otros países de la UE: su ley o mandato legislativo en lo concerniente al clima, dado lo pionero de su aprobación (noviembre de 2011) abarca solo hasta 2020. A diferencia de otros documentos análogos de sus socios europeos, Austria no determinó un porcentaje de reducción de emisiones en su ley. En lugar de ello, fijó unos máximos anuales desde 2013 hasta 2020 a aplicar en seis sectores: gases fluorados, agricultura, edificio, tráfico, energía e industria y gestión de residuos.
De cara a 2020, Austria ha comenzado a desarrollar una estrategia (que, al no ser ley, recordemos que no tiene mandato legislativo) con vistas a 2030 y 2050. Entre sus objetivos destaca, ahora sí, una disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 36% con respecto a 2005 (echando cuentas, equivale a una reducción del 25% con respecto a las emisiones registradas en el año 1990), y persigue la llamada neutralidad en emisiones para 2040, además de apostar por la energía renovable al 100% a finales de esta década. Su lema de la estrategia climática es #mission2030.
Dado su actual gobierno de coalición, que reúne al conservador Partido Popular con los Verdes, los miedos del ecofascismo asoman en las voces más desconfiadas. Si bien estos últimos aseguran que con su alianza han impedido el acceso de la extrema derecha al gobierno, otras figuras como Betsy Hartmann, investigadora y autora de libros sobre política global, medio ambiente y feminismo, creen que con las obligadas concesiones de los progresistas a la derecha se creará un caldo de cultivo ideal para nacionalistas con la excusa del clima para políticas antiinmigratorias: «Es extremadamente preocupante», declaró la escritora en un reportaje del medio canadiense National Observer. El Partido de la Libertad (antiguo socio de gobierno del Partido Popular) ha llegado a calificar de «histérica climática» a Greta Thunberg, antes de este oportuno matrimonio de conveniencia.
Bélgica
En Bélgica tiene lugar una de las situaciones más singulares del territorio europeo en lo que a políticas ambientales se refiere. Dada su división administrativa en tres regiones bien diferenciadas (Bruselas capital, la sección valona y la zona flamenca), cada una de ellas se ha fijado objetivos climáticos diferentes.
Así, Valonia cifraba en un 30% la reducción gases de efecto invernadero en 2020, y entre un 80% y un 95% para 2050, de acuerdo a su decreto del clima del 20 de febrero de 2014. En 2018, se aprobó un plan climático que cifraba el objetivo de reducción de emisiones en el 35,9% para 2030. La región flamenca coincide con el objetivo de reducción para 2050, aunque fija una reducción del 40% para 2020, mientras que Bruselas capital lo sitúa en un 32%.
La estrategia nacional de 2018 compendia los tres planes y los alinea con las directrices europeas, pero en el país son muchas las voces que claman por una ley climática para todo el territorio. De hecho, al incumplir el gobierno sucesivamente los objetivos previos y no fijarse metas más ambiciosas, numerosas protestas y litigios ciudadanos llevan asediando al ejecutivo desde 2014 y hasta la fecha: asociaciones ecologistas y la sociedad civil reclaman que las metas para 2030 sean, por lo menos, del 55%.
Bulgaria
En marzo de 2014, Bulgaria vertebró, en torno a una única ley de mitigación climática, todo tipo de disposiciones y artículos presentes en otros textos legislativos referidos a la protección ambiental del país. Todos los objetivos se marcaban hasta 2020, aunque la propia ley establecía la obligación de marcar la estrategia de cara a 2030, a partir de la cual la nación asumió las directrices europeas, que es lo que desarrolla en la actualidad.
La ley búlgara se sustenta sobre el Plan de Acción Nacional sobre el Cambio Climático, que ha conocido numerosas versiones, y cuya última enmienda enmarcó objetivos superiores al 18,5% para las emisiones de gases de efecto invernadero en 2020 (en comparación con las registradas en 2005) y del 20% en uso de energías renovables ese año. El mínimo de reducción de emisiones de combustible líquido se fijó en un 6%.
Con el objetivo del 20% de reducciones cumplido (en comparación con las emisiones de 2005), Bulgaria encara la estrategia europea con los objetivos para 2030 marcados en el 40% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (con respecto a 1990), un 32% de uso de renovables y un 32,5% de eficiencia energética. Su principal problema siguen siendo las numerosas plantas contaminantes térmicas o de sulfato de dióxido, cuyo cierre reclaman las asociaciones ecologistas, una petición que no se aborda dada la dependencia económica del país a su rendimiento productivo.
Chipre
En la actualidad, Chipre solo cuenta, en el marco legislativo, con una ley para promover el uso de las energías renovable que data de 2013. En ella se fijaba objetivos del 13% y el 10% para 2020 en los ámbitos de consumo y transporte, respectivamente. Con todo, en 2020 se aprobó su estrategia nacional para la energía y el clima, como obliga la UE a cada estado miembro.
Los objetivos que se fija Chipre para 2030 son reducción de emisiones al 40% con respecto a 1990, el 32% de consumo de energías renovables, 32,5% de mejora en eficiencia energética e interconectividad del 15%, además de la neutralidad climática para 2050.
Antes de la aprobación de esta estrategia, los chipriotas ya demandaban a su gobierno más ambición climática. En 2019, Youth For Climate y Mothers Rise Up protagonizaron una serie de concentraciones silenciosas frente al Parlamento para que el Ejecutivo tomara medidas efectivas reales que limitaran el calentamiento global a 1,5 grados, cumplieran con sus propios compromisos de energías renovables, ampliasen sus metas de reducciones de gases de efecto invernadero, erradicasen la contaminación de los plásticos e introdujeran la crisis climática en los currículos académicos, entre otras medidas.
Croacia
Los croatas han legislado eficazmente en la pasada década sobre biocombustibles y gasolinas alternativas, energías renovables, eficiencia energética, protección del aire, de los bosques y del medio ambiente en general. En diferentes documentos se pueden encontrar menciones puntuales al clima. Por ejemplo, su ley forestal reconoce el papel de los bosques en la mitigación del efecto invernadero, mientras que su ley sobre vehículos energéticamente eficientes apunta a la reducción de emisiones de dióxido de carbono.
Sin embargo, hay que esperar a 2019 para que su estrategia nacional recoja objetivos climáticos alineados con el resto de estados miembros de la UE. Su meta de reducción de emisiones se sitúa entre el 28,9% y el 33,5% para 2030 (con respecto a 1990), si bien el documento no se compromete expresamente a la neutralidad climática en 2050. De hecho, apenas precisa algunos objetivos aislados, como la reducción del 80% en emisiones de dióxido de carbono solo en el sector del transporte. Y no ha sido hasta este año cuando el país se ha comprometido, como los demás, a la neutralidad climática en esa fecha.
La European Data Journalism Network desarrolló en julio de 2018 una macroinvestigación que abarcaba más de quinientas ciudades europeas para averiguar qué hacían las autoridades locales ante los incrementos de temperatura y otros signos del cambio climático. En Croacia solo respondió una de las ciudades requeridas. Su conclusión fue, para entonces, demoledora: al país no le importaba el cambio climático.
Eslovenia
En 2006 y 2014, Eslovenia aprobó sus leyes de energía y medio ambiente, respectivamente, sus dos únicas legislaciones remotamente climáticas hasta la fecha. En ellas se empieza a reconocer la importancia de la energía para la reducción de gases de efecto invernadero, se comienza a monitorear emisiones y se empiezan a subvencionar proyectos basados en fuentes renovables.
La estrategia nacional eslovena llegó en febrero de 2020, donde se fija objetivos de reducción de gases invernaderos entre un 15% y un 20% con respecto a 2005 para 2030, así como la neutralidad climática para 2050. Otras claves del documento son el apoyo a empresas para una transición a un modelo circular, la intervención específica en sectores como la agricultura, el transporte, el consumo, la gestión de residuos o la energía; y la apuesta por la conectividad, la eficiencia energética y las renovables.
Una de las principales críticas que ha recibido esta estrategia es que en su ambiciosa reducción al carbón no atiende a la implementación específica de centrales hidroeléctricas.
Una encuesta mostró a su juventud como, comparativamente, una de las menos concienciadas con respecto al cambio climático que las de otros países europeos. No son contrarios ni negacionistas. Pese a que entienden la importancia de la crisis ante la que nos encontramos y son críticos con el modelo económico de su país, una amplia mayoría no se ve dispuesta a cambiar sus propios hábitos de vida.
Estonia
Estonia es uno de los países que, de acuerdo a Climate Laws, no cuenta con legislaciones climáticas o ambientales previas que den pistas sobre su concienciación o sobre su acción directa antes de la aprobación de su estrategia nacional. Sustentada a base, pues, de políticas y acciones ejecutivas, la nación ya diseñó una estrategia nacional ambiental en 2007 con vistas a 2030, centrada en la protección a sus bosques, el decrecimiento en transporte o energía para edificios, y la reducción de dióxido de carbono per capita.
Si bien en 2017 también se diseñó un plan de adaptación climática, ha sido en 2019 cuando ha vertebrado el país su estrategia nacional en consonancia con la del resto de estados miembros de la UE. Entre los objetivos fijados destaca el 70% de reducciones para 2030 y el 80% para 2050 (con respecto a 1990), una transición a una economía baja en carbono y una apuesta amplia por las energías renovables.
En mayo de 202, Fridays For Future denunció al gobierno estonio por la construcción de una central de petróleo de esquisto en la ciudad de Narva-Jöesuu que, a ojos del movimiento, se aprobó sin evaluar su impacto climático y contravenía lo dispuesto en el Acuerdo de París. La demanda fue admitida aunque la planta no detuvo su construcción.
Grecia
Pese a numerosas leyes en torno a las renovables, industrias de uso excesivo de carbono, eficiencia energética, transporte o reducción de consumo, Grecia aún está huérfana de una amplia legislación climática que abarque todas sus particularidades. Sí que ha desarrollado, en cambio, dos programas nacionales en torno al cambio climático (en 1995 y en 2003, este último enmendado en 2007) y una estrategia nacional de adaptación en 2016, hasta culminar en su estrategia nacional para el clima, aprobada en diciembre de 2019.
Este documento en concreto muestra una ambición por encima de la media con respecto a varios de los homólogos europeos que aún no se vinculan legislativamente para cumplir con sus objetivos climáticos. Para 2030, Grecia se fija una reducción de emisiones de más del 42% con respecto a 1990, y la intención de alcanzar la neutralidad climática en 2050. Además, establece un mínimo de 35% para ese mismo año de total de fuentes de energía renovables, y se apoya con fuerza en la gestión de los residuos.
Las críticas climáticas a Grecia y a sus políticas económicas contaminantes se fijan, al ser un país muy apoyado en sus negocios costeros, en sus transportes marítimos, como ya se denunció en 2018. Más recientemente, diferentes asociaciones ecologistas han advertido de que las licitaciones de proyectos de energía renovable se disputan cada vez más entre inversores privados frente a los cuales no pueden competir ni desarrollarse las comunidades energéticas, que previamente gozaban de una cuota mínima para llevar a cabo sus acciones, y cuyo desamparo por parte del ministerio griego de Energía y Medio Ambiente podría ser incoherente tanto con la estrategia nacional como con la UE.
Italia
Como Grecia, Italia cuenta con un buen puñado de leyes ambientales que abordan, aunque sea tangencialmente, numerosos aspectos climáticos. Ya en el año 2000 se aprobó un fondo para la reducción de emisiones, y a lo largo del milenio ha ido legislando sobre el sector energético, vehículos limpios, economía verde e incluso leyes financieras con enfoque climático. Uno de sus últimos documentos aprobados, el decreto ley 111/2019, ya hablaba de la urgencia de definir una política estratégica nacional ambiciosa que abarcase la lucha contra el cambio climático y la calidad del aire.
Todas estas leyes se han visto acompañadas por planes y estrategias de toda índole hasta llegar a la estrategia nacional aprobada en diciembre de 2019, en línea con la del resto de socios europeos. En ella, Italia se compromete a una reducción del 33% de gases de efecto invernadero para 2030 (salvo en los sectores de comercios de derechos de emisión), a la neutralidad climática para 2050, y a unos porcentajes de renovables del 22% y del 30% para los sectores del transporte y la energía, respectivamente.
Aunque a Italia se la ve generalmente con buenos ojos (una perspectiva motivada por, entre otras cosas, su apuesta por incluir cuestiones climáticas en los planes educativos), aún tiene aspectos ciertamente mejorables, como el hecho de que Sicilia sigue siendo una fuente ingente de explotación de combustibles fósiles. Por lo que se refiere al currículo climático, hay incluso quien señala que, aunque la iniciativa es buena, la educación no debe esperar a la siguiente generación.
Letonia
Climate Laws tampoco encuentra que en Letonia existan leyes siquiera ambientales o lejanamente relacionadas con el clima, pero sí que cifra en cambio cuatro políticas ejecutivas desarrolladas a lo largo de la última década. En 2010 se aprobó una estrategia de desarrollo sostenible, y en 2012, un plan nacional para el desarrollo de la nación.
Son los documentos de 2019 y 2020 los que empiezan a enfocar más las acciones del país en los objetivos climáticos. Letonia dedica todo un documento estratégico para alcanzar la neutralidad climática en 2050, un texto lanzado junto a la ya esperada estrategia nacional de la energía y el clima que se sitúa por encima de la media de Unión Europa en la reducción de emisiones: un 55% para 2030.
Pese a que Letonia se encuentra en el pódium europeo de países que apuestan por las energías renovables (junto con Finlandia y Suecia), un enorme manchón negro ha empañado recientemente su faceta de ‘país verde’. En 2017, un programa de investigación de la cadena local TV3 descubrió que numerosas centrales habían presentado como “verde” energía eléctrica producida por generadores portátiles, un fraude tanto para el Ministerio como para los consumidores.
Lituania
Casi de un modo predecible, Lituania se suma a Estonia y Letonia en su nómina de cero leyes climáticas o ambientales (de acuerdo, una vez más, a Climate Laws). En cambio, sí que cuenta con algunas políticas ejecutivas, como su política estratégica para el cambio climático hasta 2050, aprobada en 2012; su programa de desarrollo forestal (que abarca hasta 2020) y, naturalmente, la estrategia nacional de energía y clima aprobada en 2019.
El objetivo nacional se encuentra perfectamente alineado con la directriz de la UE: reducción del 40% de las emisiones en todos los sectores para 2030 y neutralidad para 2050. Como el resto de socios europeos, la estrategia lituana apunta a la «sostenibilidad» de los recursos naturales, el uso de las renovables y la eficiencia energética.
La labor de Lituania frente al cambio climático es, pese a la ausencia de leyes vertebrales específicas, bien reconocida en los rankings internacionales, si bien se han dado numerosas protestas de asociaciones ecologistas por la apuesta del país las energías nucleares. Otras críticas que ha recibido el país más recientemente pasan por sus subsidios a los combustibles fósiles o su falta de impuestos para el carbono.
Luxemburgo
Desde que en 1999 Luxemburgo creara un subsidio para la protección del medio ambiente, distintas legislaciones ambientales han ido jalonando al país en diferentes aspectos climáticos: la responsabilidad ambiental del dióxido de carbono, un pacto climático con los municipios -vigente hasta 2020-, y leyes sobre el mercado de la energía y el gas o sobre la sostenibilidad en zonas rurales, son solo algunos ejemplos de lo que caracterizan al marco jurídico de este país.
En su estrategia nacional, actualmente vigente, Luxemburgo se fija un objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 55% para 2030, eso sí, en comparación con los niveles registrados en el pasado año 2005. También apunta a la neutralidad climática en 2050, siguiendo el mandato de la Unión Europea. En sus líneas de trabajo se centra, esencialmente, en la energía (su eficiencia, su seguridad y su valor de mercado) y en la descarbonización.
En 2016, Greenpeace Luxemburgo reclamó judicialmente al ministro de Seguridad Social, Roman Schneider, que informase sobre cómo iba a alinear la estrategia inversora del país con los objetivos climáticos para el Acuerdo de París, después de que el cargo público no respondiera a las misivas previamente enviadas por la ONG. La justicia dictaminó que el ministro estaba obligado a dar respuesta, no así a cumplir con dicho acuerdo comunitario. En 2019, durante la asamblea general de la ONU, Greta Thunberg señaló a Luxemburgo como uno de los países que menos luchaba por el cambio climático, una crítica que comparte Youth4Climate y que aceptó, sin compartirla, el primer ministro del país presente en dicha asamblea, Xavier Bettel.
Polonia
Polonia lleva legislando varias décadas en torno a la energía y a la eficiencia energética, pero también para implementar programas nacionales de inversiones verdes, combustibles alternativos y biocomponentes. En el marco ejecutivo destacan varias actuaciones aprobadas antes de la estrategia nacional de 2019, como un plan de desarrollo en movilidad eléctrica, otra estrategia de adaptación al cambio climático de 2013 (hasta 2020) y una política energética para las décadas de 2030 y 2040.
El texto indica que Polonia se fija una reducción del 7% de gases de efectos invernaderos para 2030 (en comparación con niveles de 2005). Tampoco menciona planes de neutralidad climática ni disminuciones de cara a 2050, convirtiéndose así en el único país de la UE que, hasta la fecha, no se ha pronunciado en este sentido.
Aunque recientemente Polonia ha querido dejar por escrito un compromiso de reducir sus emisiones al 30%, lo cierto es que su dependencia del carbón es demasiado grande. El país también se ha visto envuelto en numerosos litigios climáticos, uno de ellos en torno a la central de Belchatow, la planta de carbón más contaminante de toda Europa.
Portugal
En el año 2000, Portugal aprobó una ley para prevenir el cambio climático y sus efectos. Fue uno de los primeros documentos del país, que posteriormente dictaminó otros mandatos legislativos en torno a fiscalidad verde y protección civil. Pero es en el ámbito ejecutivo donde el país ha hecho mayor alarde de intervenciones ambientales, como en incentivos para la movilidad eléctrica, una resolución para aprobar la neutralidad de carbono en 2050 o una estrategia nacional del hidrógeno, entre otras.
Y, claro, también la estrategia nacional del clima y la energía. En su documento, Portugal se compromete a la reducción de emisiones de entre un 30% y un 40% de cara a 2030 (a partir de los datos de 2005), y apuesta por una mayor eficiencia en los edificios y en la movilidad, la interconectividad, la innovación y la apuesta por energías renovables.
En el que es probablemente uno de los litigios climáticos más sonados de los últimos tiempos, seis jóvenes activistas medioambientales lusos han demandado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a treinta y tres países europeos (entre ellos, España y Portugal) por no ser lo suficientemente ambiciosos en lo que a reducción de emisiones se refiere. Los denunciantes subrayan que estas políticas contaminantes y tibias climáticamente, más allá de incumplir el Acuerdo de París, les conduce a un futuro que amenaza sus vidas y su bienestar tanto en lo físico como en lo mental.
República Checa
La República Checa ha dedicado sus decretos ambientales a crear marcos seguros para el desarrollo de energías nucleares, incluyendo planes de rescate, pero también en torno a otras fuentes energéticas, combustibles y atendiendo a la calidad del aire. En el marco ejecutivo, el gobierno checo desarrolló en 2012 una política ambiental hasta 2020, una estrategia adaptativa para el cambio climático que se aprobó tres años después, y una política de protección del clima para 2017.
Como estado miembro de la Unión, la República Checa ha presentado también su estrategia nacional ante la UE a finales del año 2019. Sus objetivos principales de reducción son del 30% para 2030, con respecto a niveles de 2005, y del 80% para 2050, con respecto a niveles de 1990. Como otros países, busca la fortaleza de la propia economía con la armonía de estas exigencias climáticas en la eficiencia energética y las fuentes renovables.
Greenpeace ha señalado recientemente que el nuevo proyecto de ley que la República Checa tiene sobre la mesa (Medidas para la transición energética de bajas emisiones de carbono), es en realidad un esquema de apoyo financiero a las grandes nucleares, ya que el documento solo se ocupa de esa clase de energía. Ecologistas checos también se han sumado a asociaciones de Polonia y Alemania para protestar contra la mina de carbón de Turów.
República Eslovaca
La República Eslovaca no trabaja el clima en el ámbito legislativo desde, por lo menos, 2015, según Climate Laws. Leyes sobre subsidios ambientales, comercios de emisiones, energías renovables, eficiencia energética o impuestos al carbón dibujan un marco de actuaciones entre 2005 y 2012, con una decena de preceptos jurídicos que, en años venideros, han ido cosechando las pertinentes enmiendas.
En el ámbito ejecutivo, por su parte, el grueso de actuaciones son coetáneas a las anteriores, aunque se pueden encontrar uno reciente de nuestro interés. Tras sus estrategias de desarrollo sostenible, estrategias de seguridad energéticas o comités de política en torno al cambio climático, se aprobó en 2019 su estrategia nacional, férreamente adherida a los mínimos marcados por la UE: reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 40% para 2030 y entre un 80% y un 85% para 2050, ambos datos con respecto a 1990.
El hecho de que el país dependa de una industria en torno al automóvil difícilmente sostenible le pone en una posición delicada con respecto a cómo lidiar con el cambio climático. Entre el movimiento activista ha surgido en la nación un grupo de ‘greenfluencers’, o ‘influencers verdes’, que instan al gobierno eslovaco a alcanzar la neutralidad climática en 2040, a combatir la crisis climática con fondos europeos para la recuperación, e instan a paliar efectos del calentamiento global devastadores como el derretimiento de la icónica cueva de hielo Demanovska.
Rumanía
En Rumanía, el último decreto medioambiental hasta la fecha ha levantado la obligación de requerir un permiso para instalar un panel solar. Esta ley rubrica décadas de legislaciones en torno a energías renovables, gases naturales, emisiones industriales, eficiencia energética, y una ley de 2003 que marcaba el uso de energía nuclear únicamente con fines pacíficos.
En el plano ejecutivo, Rumanía muestra fondos para proyectos ambientales, uso de biocombustibles y una estrategia nacional climática para la década de 2012 hasta 2020. En abril de ese mismo año, un poco más tarde que el resto de socios europeos, el país aprobó su estrategia nacional, en la que sitúa en un 50% su objetivo de reducción de emisiones para 2030 (con respecto a 1990).
El problema de Rumanía con la neutralidad climática para 2050 es su principal fuente de críticas: el país es el principal defensor del gas natural como fuente energética de transición hacia las renovables, un medio en el que descansan buenas partes de las inversiones que mantienen la economía del país. Este paso «adicional e innecesario» añade lo que para algunos especialistas son veinte años más hasta la neutralidad real.
