Cuando Repsol decide los presupuestos del Estado

No pensábamos que el impuesto a los beneficios extraordinarios de las energéticas y los bancos iba a tener tanta trascendencia, pero resulta que en la últimas semanas los partidos políticos que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez lo han utilizado como arma para forzar la negociación de los presupuestos generales del Estado a su favor.
 
El 31 de diciembre de 2024 es la fecha límite para la recaudación de dicho impuesto, que se creó para dar respuesta a los beneficios récord de las grandes energéticas y los bancos frente a la crisis energética generada por la invasión rusa de Ucrania y la inflación que le siguió. Y las cifras son relevantes: en total ha conseguido recaudar unos 6.000 millones de euros en 2024, 1.164 millones de ellos procedentes de las grandes energéticas. Ahora, los socios de Gobierno pretendían hacerlo permanente, ya que los beneficios de dichas empresas siguen siendo de los más altos de su registro histórico.
 
Como acostumbra a pasar, esta propuesta ha gustado mucho a una parte, y a otra no tanto. Podemos, Esquerra Republicana y EH Bildu han respaldado la medida propuesta por el Gobierno, mientras que el PNV y Junts han mostrado su rechazo frontal, aludiendo que era de carácter temporal y así debería ser.
 
La posición de los partidos políticos en cuestión no sorprende a nadie; lo que sí sorprendre e indigna es que finalmente hayan sido los altos cargos de las grandes energéticas los que hayan decidido el futuro de los  presupuestos de 2025. ¿Qué hay entonces detrás del posicionamiento de PNV y Junts? Los dos partidos, conservadores y nacionalistas, siempre han sido fieles defensores de los intereses de la industria y las grandes empresas de sus territorios, anteponiendo sus beneficios frente a los de la ciudadanía en general, y en esta ocasión no podía ser de otra forma. ¿Que el Estado pueda recaudar más dinero de las grandes empresas y bancos para fortalecer el sistema público e intentar redistribuirlo de manera más justa? Parece que eso no van con ellos, les parecería demasiado comunista.
 
Por su lado, el PNV siempre ha tenido buena relación con Petronor e Iberdrola, las dos grandes energéticas de Euskal Herria. Con la primera, el vínculo es aún más claro porque el actual consejero delegado de Repsol, a la que pertenece Petronor, es Josu Jon Imaz, que fue europarlamentario y presidente del partido en la década de los 90 y la primera de los 2000. En el caso de Junts no hablamos de puertas giratorias, pero sí de la importancia que tienen algunas empresas en determinados territorios, como es el caso de Catalunya. Repsol es la empresa más importante del complejo petroquímico de Tarragona, el más grande del sur de Europa y con gran influencia en el Camp de Tarragona desde hace décadas. Tal es su influencia que ha pagado pabellones deportivos, financia festivales culturales y hasta tiene una cátedra en la Universitat Rovira i Virgili.
 
El pasado 20 de octubre, Repsol anunció, a modo de chantaje, que si se aprobaba la permanencia del que han definido como “impuestazo”, iba a retirar 1.100 millones de euros de inversión del proceso de descarbonización del complejo petroquímico de Tarragona. Esta inversión corresponde a los proyectos de producción de hidrógeno verde y metanol, este último para la reutilización de desechos producidos por la propia industria petroquímica, que se trasladarían a Portugal, más concretamente al complejo industrial de Sines.
 
De lo que acostumbran a olvidarse las grandes empresas, y parece que también algunos partidos políticos, es de mencionar el dinero público que va a financiar este tipo de proyectos. El electrolizador para la producción de hidrógeno verde que pretende construirse en el complejo petroquímico de Tarragona forma parte del proyecto Tarragona Hydrogen Network (T-HYNET). Este aspira a ser el electrolizador con mayor capacidad del Estado español, alcanzando 1 GW en su fase final de construcción, el equivalente a una central nuclear como la Ascó o Vandellós II. 

En el caso de T-HYNET, este se va a beneficiar de fondos públicos europeos, ya que se ha incluido en la sexta lista de Proyectos de Interés Común (PCI list por sus siglas en inglés) y la tercera del Fondo de Innovación de la Comisión Europea. Por ahora se le han asignado 62,5 millones de euros de la segunda convocatoria, mientras que la correspondiente a la sexta PCI list se determinará en la primavera de 2025, teniendo en cuenta las propuestas presentadas por todas las empresas beneficiarias.
 
Vemos que las grandes empresas aprovechan situaciones como el debate sobre el impuesto a los beneficios extraordinarios como ventana de oportunidad para influir e incluso chantajear a los partidos políticos que defienden sus intereses, torpedeando medidas imprescindibles para el correcto funcionamiento de los organismos públicos, como son los presupuestos generales del Estado. Todo ello sin mencionar que Repsol obtuvo su beneficio récord histórico en 2022, con 4.251 millones de euros, y el tercero más alto de su historia en 2023, con 3.168 millones, una vez ya aplicado el impuesto en cuestión.
 
Ejemplos como estos evidencian el poder y la influencia de las grandes empresas en la toma de decisiones políticas en el Estado español. Se empieza por chantajes, se sigue poniéndoles la alfombra roja y se acaba ofreciendóles unas sillas afelpadas en el Congreso de los Diputados.

* Josep Nualart i Corpas es investigador en Energía y Clima del Observatori del Deute en la Globalització (ODG).