Repsol presiona para que el Gobierno no haga permanente el impuesto extraordinario a las energéticas

El Gobierno de España quiere hacer permanente el impuesto extraordinario creado en 2022 para las energéticas y la banca que se estaban enriqueciendo en un contexto de crisis energética tras la invasión rusa en Ucrania. Una decisión que no gusta a las empresas fósiles, sobre todo a Repsol, que presiona por diferentes vías para que no se haga realidad.

Durante el último año, la empresa que más gases de efecto invernadero emite de España y la única española entre las 122 que más dióxido de carbono genera del mundo, ha ido deslizando la idea de que se llevarán proyectos e inversiones fuera de España si no hay –dice– estabilidad financiera y fiscal. Esta semana, además, ha insistido en la misma idea en forma de artículo de opinión del consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, quien el pasado mayo acusó a Greenpeace y a los ecologistas del aumento de las emisiones.

En una tribuna titulada Industria o populismo, publicada en La Vanguardia, el expolítico vasco carga contra el impuesto especial –que en el caso de las energéticas es del 1,2% sobre sus ventas–: “La inversión en el sector energético español se ralentizará al mínimo. Miles de millones de euros se desviarán a otros países”, algo que ya ha empezado a hacer Repsol tras llevar a Portugal un proyecto de hidrógeno verde.

El texto empieza con una experiencia personal (“Mi padre murió cuando yo tenía ocho años”) y, aunque hace una defensa de los impuestos (“Muchos pagaron sus impuestos para que yo llegase a donde hoy estoy”), rechaza el que afecta a su petrolera (“son medidas populistas que, bajo el mantra del bienestar social, comprometen seriamente el modelo futuro de este país”). Además, sostiene que este movimiento es el “peaje a pagar para que Sumar siga sosteniendo un Go­bierno”.

La fecha de publicación (martes) del artículo de Imaz no es casual. Este miércoles terminaba el plazo para presentar enmiendas al proyecto de ley que convertirá en permanente el impuesto a la banca y las energéticas. Sin embargo, la Comisión de Hacienda del Congreso ha optado por ampliar una semana el plazo.

En el plano político, Junts, a falta de conocer la propuesta concreta del Gobierno, se decanta por votar en contra tras las advertencias de Repsol y su CEO de no invertir en proyectos energéticos en Tarragona valorados en más de 1.000 millones (además de Euskadi y Cartagena). Asimismo, el PNV es otro de los partidos clave para el devenir del gravamen especial, y las energéticas (especialmente Iberdrola y Repsol) lo saben.

Repsol, empresa pública hasta los 90, asegura haber pagado casi 800 millones de los 1.164 millones de euros que el Ejecutivo español ha recaudado con el impuesto a las compañías energéticas que facturan más de 1.000 millones. Una cifra que es la mitad del resultado neto (1.626 millones de euros) de Repsol en el primer semestre de 2024, un 25% de los beneficios de 2023 y un 19% de los de 2022.