Cultivar ecológico entre campos de glifosato

Los árboles de papaya de Mariano López parecen, a primera vista, envidiables. De cada tronco cuelgan hasta una treintena de frutos, la mayoría aún verdes, que superan con facilidad el kilo de peso. López corta una papaya ya madura y muestra su interior anaranjado y aparentemente dulce. Sin embargo, a pesar de su aspecto apetitoso, el agricultor asegura que tiene dificultades para venderlas. “Está dura al partirla y no echa (suficiente) color”, explica.

La culpa es, asegura, de los cañaverales cercanos a su plantación. O, más concretamente, de los agrotóxicos que se rocían sin control desde avionetas y que acaban cayendo sobre sus papayas, las cuales cultiva de forma ecológica. “Nosotros no les echamos químicos”, insiste este agricultor del Bajo Lempa, una de las zonas donde se concentra la producción de caña de azúcar en El Salvador. “Pero en los cañales echan los pesticidas así, al aire”, añade, mirando al cielo. Cuando los químicos alcanzan sus árboles, la fruta se pudre o se endurece.

En realidad, lo que se aplica en los campos de caña de azúcar es, sobre todo, glifosato, un potente herbicida utilizado habitualmente en los cañaverales para preparar el terreno antes de la siembra y que también se emplea, en dosis más bajas, como madurante químico para aumentar el contenido de azúcar antes de la cosecha. “Esto es un terreno bajo, con mucha humedad (…) entonces, para que la caña dé rentabilidad, aplican el madurativo para que madure más rápido”, explica Manuel Eugenio Hernández, líder de la comunidad de Taura, también en el Bajo Lempa.

La caña de azúcar se ha convertido en uno de los principales cultivos de exportación de El Salvador, superando en los últimos años incluso al café, durante décadas uno de los motores económicos del país. Tradicionalmente, la caña se cultivaba en pequeñas producciones destinadas al consumo local. Sin embargo, tras el final de la guerra civil, en 1992, los cañaverales comenzaron a expandirse, sobre todo en zonas bajas como el Bajo Lempa. Al mismo tiempo,  se asentaron allí muchas de las comunidades que hoy viven en la zona, “cuando todo esto era selva”, recuerda Marta Espinosa, de la comunidad de Rancho Grande. Fueron esas familias las que transformaron la selva en cultivos de subsistencia —plátano, tomate, maíz, mango o repollo— que hoy han sido sustituidos por la caña o mueren por sus efectos.

“Cuando pasa el avión fumigando el azúcar, cae también encima de nuestras plantaciones. Se estropea todo. Yo cultivaba maíz, ajonjolí, de todo, pero ahora ya no; el cultivo no da”, cuenta Hernández. Algo que, explica, su padre ya había empezado a notar años atrás. “Mi papá decía ‘qué bien, (qué rápido) se maduran’. Pero cuando partía el guineo (plátano), estaba podrido por dentro», explica Hernández. “Entonces, mi papá trajo a un agrónomo y le dijo que son los efectos del glifosato que le tiran a la caña”, continúa. 

Desde hace años, Hernández lucha contra la expansión de la caña azucarera, que, asegura, afecta no solo a los cultivos, sino también a la salud y al entorno de las comunidades, contaminando el agua que consumen. “Esta lucha es permanente. El glifosato se arrastra con las lluvias o se evapora y luego nos cae”, denuncia. El propio relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Javier Palummo Lantes, recogió en un informe que “el sector agrícola en El Salvador, particularmente la producción intensiva de caña de azúcar, continúa generando preocupaciones significativas debido a sus prácticas ambientales y sociales”,

Los tóxicos no sólo afectan a las plantaciones cercanas, también a las viviendas donde habitan. Y aunque los productores aseguran que han limitado su impacto con el uso de drones para esparcir el herbicida, los habitantes claman que no es suficiente. “Dicen que ya no riegan con avioneta, pero ponen un dron que a veces se pasa de donde debe de pasarse, entonces si uno tiene cultivo le cae a los cultivos; o a veces los niños como que se alegran [al ver el dron], lo miran, salen a ver qué es y les cae también [el glifosato]” explica Ana Isabel Portillo, de la comunidad de Las Anonas.

Un modelo depredador

La caña no solo contamina, también agota la tierra y las reservas de agua. Es un cultivo altamente demandante de nutrientes y, tras aproximadamente una década, deja los suelos prácticamente inertes. En muchos casos, esas tierras solo pueden destinarse después a pastos, porque ya no crece nada más.

Además, la caña de azúcar requiere grandes cantidades de agua en uno de los países con menor disponibilidad hídrica de la región. “El Salvador se encuentra en lo que se denomina una ‘suficiencia hídrica relativa’. Estamos por encima del estrés hídrico, pero muy cerca”, señala Meraris Carolina López, del grupo de investigación en economía y medio ambiente de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. A esta presión se suman dos factores específicos de la caña: su elevada demanda de agua —“un solo cultivo puede llegar a consumir diez veces lo de una comunidad”, recuerda López— y la contaminación asociada al uso intensivo de madurantes.

La industria azucarera en El Salvador se organiza en torno a las plantas de procesamiento de caña de azúcar, conocidas localmente como ingenios, que controlan el sector, al ser las únicas capaces de procesar una materia prima altamente perecedera. Estos ingenios firman contratos con los productores independientes, asegurándoles la venta de su caña, pero también imponiendo precios y otras condiciones. “Si sabes que esa producción te la va a comprar el ingenio, porque es quien pone las condiciones y el precio, y no tienes otra opción, es lo que agarras”, explica Nerea Izaguirre, técnica de CERAI en El Salvador. “La gente no encuentra alternativas claras: sembrar frutales, hortalizas u otro tipo de agricultura no siempre se percibe como viable”. El abuso de agrotóxicos, añade, “afecta a la fertilidad de la tierra, al entorno, al medioambiente y también al propio modelo productivo”.

Los ingenios, sin embargo, no asumen la responsabilidad de los impactos generados. “Tienen mecanismos de asociación por los que, al final, nadie se hace responsable de nada. Es una estrategia clara”, denuncia Bernardo Belloso, de CRIPDES, una organización que trabaja por la organización territorial y la incidencia en políticas públicas en el ámbito rural. CRIPDES es una de las organizaciones que forma parte del movimiento Azúcar Amarga, que denuncia los impactos socioambientales de este cultivo. 

Glifosato metido en los riñones

Mariano López no sólo ha visto cómo se pudren sus papayas. También vio marchitarse a sus riñones. “Yo estuve seis años luchando contra la deficiencia renal crónica”, relata. Un médico le aseguró que se quedaría ciego. Y aunque no llegó a perder la visión, las piernas se le hincharon tanto que apenas podía caminar. Y entonces decidió buscar un tratamiento. Él se considera un afortunado porque el tratamiento era entonces barato y pudo permitírselo.  “Ahora el tratamiento costaría al menos 3.000 dólares”, asegura. 

Varios estudios apuntan a que la deficiencia renal crónica ha alcanzado niveles de “epidemia” en El Salvador, con prevalencias más altas que en otros países, especialmente en comunidades agrícolas asociadas a la caña y a otros cultivos que utilizan agroquímicos. En este sentido, es la segunda causa de muerte en hombres y la tercera causa de muerte hospitalaria en la población adulta. “No sólo por la utilización de madurantes y otros químicos; también por el estrés calórico a las que se ven sometidas las personas que trabajan en estos cultivos, y, por supuesto, por la contaminación tanto de aire, de suelo y de agua que deriva de ellos”, explica Meraris Carolina López, quien ha publicado un estudio sobre la insuficiencia renal relacionada con el monocultivo de caña. Como economista social, López señala que la mayor prevalencia se da entre hombres, ya pasados los 50 años, y que esto tiene un impacto no sólo en la sociedad sino también en la economía. “Por una parte, se reduce directamente el ingreso de las familias, porque las personas están incapacitadas o definitivamente ya no pueden volver a esa labor, pero también porque necesitan, digamos, atender a la enfermedad (…) Esto implica transporte, implica perder días de trabajo, etc.” Y esto tiene, además, un importante componente de género, porque “ desde el punto de vista de los cuidados, está la doble carga que se genera a las personas cuidadoras, principalmente mujeres”. 

Y la incidencia parece estar empeorando en los últimos tiempos. “Hace unos seis años empezamos a sacar gente muerta por insuficiencia. Al principio se decía que era el zancudo. Pero luego, con los diagnósticos, parece que el glifosato está metido en los riñones de las personas. Aquí ya se han ido siete”, cuenta Hernández. Lo mismo relatan en otras comunidades. “Este año han salido muchos casos nuevos. Hay al menos quince personas afectadas, algunas ya en diálisis, otras muriendo”, añade Mariano López Verón, quien enfermó pese a no haber trabajado directamente en la caña. Quizás por eso su apuesta por los cultivos ecológicos es cada vez más clara.  “Aquí siempre se ha luchado por lo orgánico. Nosotros tenemos cacao, marañón, coco, y no se le ha echado ningún químico, igual que el plátano. Por eso he perdido [oportunidades] con los compradores, porque vienen y me dicen, «mira, vos no le echas hormonas». Pues no, no he querido echarle”, dice convencido mientras explica que él y su familia seguirán sembrando plátano, pipián, chile, tomate y hasta repollo ecológicos, a pesar de las dificultades. 

Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero de la Generalitat Valenciana, a través del Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI). El contenido de dicha publicación es responsabilidad exclusiva de las autoras y no refleja necesariamente la opinión de la Generalitat Valenciana.