Ecuador: el paro que desafió la represión y el racismo de Estado

Por Alejandra Santillana Ortiz // El 22 de octubre, Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), anunció el fin de un paro que duró 31 días –el más largo de la historia reciente del país– y que tuvo como epicentro a la provincia de Imbabura, al norte. La chispa fue la decisión del presidente Daniel Noboa de eliminar el subsidio al diésel, medida que, como advierte el Observatorio de Trabajo y Pensamiento Crítico de la Universidad Central del Ecuador, genera un efecto cascada en la economía dolarizada: encarece los costos de producción, afecta a pequeños y medianos productores y restringe derechos básicos de las familias populares y de clase media, que ven cada vez más difícil cubrir el costo de la canasta básica.

Pero esa fue solo “la gota que derramó el vaso”. Con el paso de los días, el paro se convirtió en una expresión de hartazgo y resistencia frente al ajuste neoliberal, el sometimiento al FMI, el abandono del campesinado, el recorte social y la violencia estatal.

Más allá del debate interno sobre la decisión de levantar el paro sin una consulta a las bases, la protesta dejó ver tres elementos clave:

• Las consecuencias de haber decretado, el 10 de enero de 2024, un supuesto “conflicto armado interno”, que dio paso al Plan Fénix y a la militarización del país.

• El carácter racista, autoritario y violento del régimen, que usa la narrativa del terrorismo para justificar la represión.

• La forma social del paro: su base popular, descentralizada y con nuevos liderazgos.

La ocupación militar de Esmeraldas, Guayaquil y Manabí, bajo el argumento de combatir al crimen organizado, mostró desde el inicio los riesgos de militarizar la seguridad pública. La respuesta del Gobierno ante la protesta tuvo un alto costo humano: según la Alianza por los Derechos Humanos, hubo 391 vulneraciones de derechos, dos comuneros muertos (Efraín Fuerez y José Guamán), 473 personas heridas, 16 desapariciones temporales y 206 detenciones.

A ello se sumaron las alertas de Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que denunciaron represión, ausencia de independencia judicial, desapariciones forzadas y uso excesivo de la fuerza. El proyecto Runas Archive documentó en Otavalo la presencia de militares y policías en barrios enteros, mientras en Quito se desplegaron 13.000 efectivos durante la marcha del 13 de octubre. Todo esto en un país que cerró septiembre con casi 7.000 muertes violentas.

No hay evidencia de que la estrategia militar haya reducido la violencia o el poder del narcotráfico. Sí, en cambio, abundan pruebas de que se ha usado para sofocar la protesta, violando derechos fundamentales como el de resistencia reconocido en la Constitución. Durante el paro, defensores y dirigentes denunciaron el congelamiento de sus cuentas bancarias sin orden judicial: una forma más de castigo político.

El Gobierno de Noboa ha importado tácticas de criminalización ya vistas en países como Perú. El “terruqueo” -–la práctica de etiquetar como terrorista a quien protesta o disiente– se ha instalado en Ecuador. Desde el inicio del paro, el presidente, su vicepresidenta María José Pinto y sus ministros repitieron acusaciones sin pruebas contra comunidades indígenas, campesinas y organizaciones sociales, mezclando racismo, xenofobia y desinformación.

Como explica la socióloga Gabriela Borja, la narrativa oficial asocia identidad indígena con violencia. Esa operación mediática reproduce las jerarquías étnicas y la negación práctica de la plurinacionalidad.

La plataforma de verificación Lupa Media documentó 92 piezas de desinformación durante el paro, la mayoría vídeos manipulados o falsos, algunos incluso generados con inteligencia artificial. El objetivo: saturar el ecosistema informativo y deslegitimar la protesta.

Pero lo más relevante de este paro fue su carácter: desde abajo, descentralizado, rural y urbano a la vez, con protagonismo de mujeres y jóvenes indígenas. Frente al silencio de las izquierdas tradicionales y del progresismo institucional, emergieron nuevas formas de organización: asambleas, centros de acopio, marchas feministas, plantones artísticos y redes de solidaridad. En ellas se politizó el cuidado y se reinventó la protesta desde la creatividad popular.

Cuando se anunció el fin del paro, la noticia dejó desconcierto. Queda pendiente la autocrítica dentro del campo popular, que ahora enfrenta un nuevo reto: la consulta del 16 de noviembre impulsada por Noboa, que incluye la posibilidad de una Asamblea Constituyente. Bajo el discurso de la “seguridad nacional”, el Gobierno busca consolidar un proyecto neoliberal y extractivista que criminaliza la disidencia y amenaza los derechos conquistados en la Constitución de 2008.

Alejandra Santillana Ortiz es socióloga, investigadora y docente ecuatoriana. Doctoranda en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, magíster en Ciencias Sociales por FLACSO-Ecuador y licenciada en Sociología por la PUCE. Ha trabajado en el Instituto de Estudios Ecuatorianos y en el Observatorio del Cambio Rural, donde investigó sobre movimientos sociales, feminismos populares, ecología política y agroecología.

Forma parte de los colectivos Izquierda 593, YASunidos y la Asamblea Transfeminista de Mujeres y Disidencias del Ecuador. Integra grupos de trabajo de CLACSO y redes internacionales como Feministas del Abya Yala, DAWN y la Fossil Fuel Reduction Network.

Ha colaborado con ONU Mujeres, la Fundación Rosa Luxemburg, la Friedrich Ebert Stiftung y con la Asociación Entrepueblos-Entrepobles-Herriarte a través del proyecto “Escuelacción”.