José Ramón Becerra: «Hay un consenso social muy alto a la hora de considerar la tauromaquia como un espectáculo pretérito»

José Ramón Becerra, integrante del partido Verdes Equo, ​​es ingeniero técnico industrial por la Universidad del País Vasco y Máster en Prevención y Control de Riesgos Medioambientales y laborales por la UNED. Y, desde el pasado 27 de diciembre, está al frente de la Dirección General de Derechos de los Animales.

Durante la anterior legislatura, este organismo sacó adelante modificaciones importantes del Código Civil y del Código Penal, además de la primera Ley de Bienestar Animal de España. Esta última, que aún tiene muchos puntos por desarrollar, no ha estado exenta de polémica y de críticas. 

Una de las tareas de Becerra será mejorar la percepción que tienen de la Dirección General muchos especialistas –algunos, de la comunidad científica– y parte de la ciudadanía. “Una ley que mejore los derechos de los animales en España siempre es una ley necesaria”, señala.

A nivel profesional, Becerra ha desarrollado casi toda su carrera en la administración pública vasca. Fue  un actor clave en el Proyecto de Ley de Protección de los Animales que puso en marcha durante su etapa en el Parlamento Vasco.

Aunque fue nombrado a finales del año pasado, no ha tomado el control del cargo hasta el pasado 8 de enero. Conversamos con él por videollamada sobre la gestión de los gatos callejeros y el peligro que suponen para la biodiversidad, sobre la exclusión de los perros de caza de la ley estatal, de la tauromaquia, y de los animales en cautiverio, entre otros temas de actualidad.

La Ley de Bienestar Animal ha generado rechazo dentro de sectores especializados (investigadores, veterinarios…), pero también a nivel ciudadano. ¿Por qué cree que ha pasado y cómo se puede cambiar eso?

La ley ha suscitado rechazo, cierto, pero también aprobación. La mayor parte de las reacciones vienen marcadas por una tramitación parlamentaria convulsa, al final de una legislatura muy marcada por la polarización.

La ley trata de impulsar una mayor protección de los animales en este país. En este país, la ciudadanía está preparada para mejorar el nivel de protección que tienen los animales, y no solo los de compañía. Evidentemente, cualquier norma que ensancha derechos se encuentra con sectores que se ven afectados por ese nuevo panorama. Eso, obviamente, también genera rechazos y actitudes de reticencia ante los cambios que vienen. Lo que nos corresponde ahora es tratar de encauzar de nuevo la cuestión en los términos en los que debería haberse debatido, que es que esta ley busca mejorar la protección de los animales en nuestro país. 

Para eso hay que escuchar a todos esos sectores que se han sentido afectados o atacados. Y también a quienes, de alguna manera, no terminan de ver claro que esta ley pueda ser beneficiosa para sus vidas o para las de sus animales. Creemos que escuchando a todos podremos dar una respuesta satisfactoria a través del desarrollo reglamentario y que, con el tiempo, se acabará viendo que una ley que mejore los derechos de los animales en España siempre es una ley necesaria.

Gran parte del contenido de la ley implica a comunidades y ayuntamientos. Esto ha generado también preocupación a nivel económico. ¿Cómo se financiará todo lo que pretende la ley?

Una de las particularidades que tiene una ley estatal de este tipo es que la mayor parte de las competencias –por ejemplo, en materia de recogida de animales abandonados o de gestión de colonias felinas– le corresponde a los ayuntamientos principalmente, y a las comunidades en lo que respecta a la regulación.

Este debate ya lo tuve cuando desarrollamos la ley vasca de protección de los animales. Al principio, los ayuntamientos dicen: “Bueno, si vamos a un nivel de sacrificio cero de animales abandonados, se nos van a llenar los centros de recogida”. Pero hay que tener en cuenta que la misma ley da herramientas para que eso no suceda. Es decir, en el momento en que establecemos la identificación universal, no ya solo de los perros –que estaban en unos niveles altos–, sino también de los gatos, todo animal que tenga identificación tiene que pasar por un centro de recogida si es abandonado. 

Además, los ayuntamientos también tienen las herramientas para sancionar, acotar ese abandono y actuar contra los titulares de animales de compañía que no estén ejerciendo una tenencia responsable. Y, al mismo tiempo, en la medida en que vamos hacia un proceso donde se procede a una esterilización más o menos generalizada, de cara al futuro tenemos que pensar que seguramente el número de animales que vagan por nuestras calles o que sean considerados gatos comunitarios o abandonados poco a poco se irá reduciendo.

Uno de los aspectos más criticados de la Ley de Bienestar Animal ha sido el tratamiento que hace la norma de las colonias felinas. ¿Cree que se tuvo en cuenta el conocimiento científico sobre conservación de la biodiversidad?

Aquí hay que hacer una diferenciación. Por un lado, hay que reconocer que, ahora mismo, los gatos abandonados suponen un problema, no solo para la biodiversidad, sino también para la salud pública y para la gestión municipal de esas colonias. 

En ese sentido, las colonias felinas ya existían antes de la ley. Los gatos abandonados ya existían antes de la ley. Los gatos comunitarios llevan existiendo décadas. Por tanto, esta ley no ha creado las colonias felinas. Esta ley, lo que está creando, es el instrumento para gestionar las colonias felinas y tratar de evitar los problemas que ahora mismo –y antes de la ley– generaban los gatos abandonados. 

Lo que se está buscando con la ley es dar una solución a la problemática que ahora mismo existe con las colonias felinas no gestionadas, que son colonias que se van reproduciendo. La referencia que hace la ley a estas colonias es la de cómo gestionarlas adecuadamente para que, en primer lugar, se limite su crecimiento, y en segundo lugar, haciendo una gestión ética, se vaya a una reducción de los animales. 

Además, empieza a haber conocimiento científico de cómo una colonia felina bien gestionada contribuye sustancialmente a la reducción de la población de gatos comunitarios dentro de un municipio o dentro de una comarca. Lo que tenemos que hacer es darle una oportunidad a estas colonias felinas y, sobre todo, regular bien qué es una gestión integral y adecuada de una colonia felina. Y esa es una de las primeras tareas en las que nos hemos embarcado en esta Dirección General: explicar a los ayuntamientos cómo hacer bien las cosas para que el éxito de las colonias felinas, con el tiempo, provoque su desaparición, que es en última instancia lo que estamos buscando, tanto desde esta Dirección General como desde las organizaciones ecologistas e incluso desde las propias organizaciones animalistas que gestionan esas colonias. El objetivo tiene que ser que las colonias se gestionen de una forma ética para que, con el tiempo, vayan desapareciendo.

Actualmente, la única herramienta que contempla la ley para abordar ese problema es el método CES (Captura-Esterilización-Suelta). Y hay amplia evidencia científica que muestra que no es eficiente para reducir la población de gatos callejeros.

Una colonia felina bien gestionada no es solo la captura, esterilización y suelta. Una colonia felina tiene que implicar un buen censo en el municipio de los gatos abandonados o comunitarios que existen. Una buena colonia felina tiene que ser la que forme a las personas voluntarias que trabajan apoyando a esa colonia para dejar claro cuándo un gato es comunitario y cuándo no. Una buena gestión de colonias felinas es la que cuando llega un gato que sí está identificado, lo saca y se lo entrega a su titular o lo entrega en un centro de recogida de animales. Es decir, hay muchos aspectos técnicos que implementar dentro de lo que definimos como una “gestión integral” de las colonias felinas.

Esa es la teoría. ¿Ve posible llevar todo ello a la práctica, teniendo en cuenta la cantidad de ayuntamientos y actores implicados, muchos de los cuales no cuentan con los recursos necesarios?

Hay que tener en cuenta que no hay plan B en este ámbito. Sabemos que a algunos ayuntamientos les puede costar entrar en la vía de la gestión integral de las colonias felinas. Por supuesto, tenemos que explorar otras vías de financiación, no cabe duda. Pero seamos conscientes de que, ahora mismo, no hacer nada con los gatos abandonados nos pone en un panorama que no es sostenible ni económicamente, ni socialmente, ni sanitariamente, ni, desde luego, medioambientalmente.

Siguiendo con los gatos asilvestrados. Donde preocupa especialmente la presencia de estos animales es en los espacios naturales protegidos y en entornos donde supone una amenaza vital para muchas especies endémicas, como ocurre en Canarias. ¿Tienen pensado cómo abordar esta situación?

La propia ley también deja claro que las colonias felinas no son adecuadas para todos los sitios. Tenemos que hacer una reflexión diferente sobre aquellos lugares donde la presencia de los gatos comunitarios pueden provocar un daño muy superior. Esa reflexión, claro, está encima de la mesa y tendrá que ser desarrollada en el reglamento. Pero que las colonias felinas que existen ahora mismo en determinados lugares no sean adecuadas no nos puede llevar a atacar las colonias en su conjunto, puesto que muchas están bien gestionadas. 

Por el momento, tenemos una buena herramienta. En determinados lugares quizás no vaya a ser suficiente, así que tendremos que analizarlo y buscar una mejora. Lo que no podemos hacer es denostar a la única herramienta que tenemos ahora para el control ético de las poblaciones de gatos.

Otro punto que ha provocado mucho malestar es la exclusión de los perros de caza de la Ley de Bienestar Animal tras las presiones del PSOE y del sector cinegético. ¿Qué pasará con ellos?

La postura que tenemos desde esta Dirección General es que lamentamos que la ley no sea completa y no proteja por igual a todos los perros. 

Somos sensibles al hecho de que hay perros que, por su utilización, pueden requerir condiciones de manejo especiales o propias, como por ejemplo podrían ser también los perros de guarda del ganado, a los que no se le pueden exigir exactamente las mismas condiciones que a un perro de compañía, o que a un perro de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Pero, dicho esto, cuando esos animales terminan su labor cotidiana, en lo que respecta a su bienestar, a sus condiciones de estancia, alimentación, cuidados veterinarios, ejercicio y demás, son todos iguales. Deberían de ser todos iguales. Por lo que, efectivamente, la situación en la que se nos ha quedado la ley después de la tramitación parlamentaria no es la deseable. Nuestra prioridad tiene que ser buscar un desarrollo de la ley que trate de cubrir estas lagunas, pero somos conscientes de que la voluntad democrática –la del Congreso y el Senado– fue la que fue y ahora mismo es con lo que tenemos que trabajar.

Aunque en una fase inicial de la Ley de Bienestar Animal se iba a modificar la norma relativa a los perros PPP, finalmente no se abordó esta cuestión. ¿Habrá algún cambio durante su mandato?

Sí, sobre la mesa tenemos una propuesta de trabajo dirigida a no valorar como potencialmente peligrosos a los perros por su raza sino por su comportamiento. Evidentemente, le tenemos que dar el asiento legal necesario. 

La Ley de Bienestar Animal depende mucho de reglamentos todavía por redactar y publicar. Es el caso del curso de formación y el seguro de responsabilidad civil por daños a terceros. ¿En qué punto están?

Respecto al tema del seguro de responsabilidad civil, seguramente en unos 15 días saldrá un borrador de orden ministerial que someteremos a exposición pública y en el cual dejamos claro que los seguros de hogar que cubran a los animales son válidos para dar respuesta a las exigencias de la ley.

Sobre el curso de formación vamos a ir un poco más despacio. Ya tenemos un borrador, pero no nos gustaría que eso supusiera una carga adicional para las comunidades autónomas. Estamos valorando la posibilidad de crear una plataforma online para la impartición de esos cursos que pudiéramos poner a disposición de las comunidades, así como un programa de formación. Por tanto, no queremos sacar la exigencia legal a la calle sin tener, en paralelo, una solución para dar respuesta a esa esa exigencia.

¿Saldrá a la luz a lo largo de este año?

Sí, pero nuestra intención es que cuando ese reglamento ya sea exigible, también tengamos una solución para que las comunidades autónomas, en un momento dado, no se encuentren con la necesidad de arbitrar sus propias soluciones y tener que dedicar recursos adicionales a ello.

¿El curso obligatorio de formación será un mero trámite o servirá para que determinadas personas que no están capacitadas no puedan tener un perro? 

Como cualquier curso, tiene que tener un proceso de evaluación. Otra cosa es que ese proceso de evaluación sea suficiente para detectar que haya personas que, por sus características o aptitudes psicológicas, estén o no preparadas. Creo que el curso no tiene ese objetivo. El objetivo es dar unos conocimientos a las personas que tienen perros de lo que significa una tenencia responsable, de los problemas que puede crear un perro en un momento dado dentro de la convivencia social. Más allá de eso, las aptitudes psicológicas no se pueden medir con un curso de este tipo.

Se repite mucho, sin pruebas ni datos, que la ley de bienestar animal hace que se abandonen más perros por las exigencias de la norma. ¿Tienen algún dato al respecto? ¿Han podido monitorear los avances tras la entrada en vigor de la ley?

Hasta la fecha, a esta Dirección General no ha llegado ninguna información que indique que se haya producido en el último año un mayor aumento en el abandono de animales, en absoluto. 

Es verdad que ahora mismo los datos que existen son dispersos. En ese sentido, estamos trabajando en la posibilidad de contratar un estudio propio sobre la realidad del abandono de animales de compañía en España que pueda desarrollarse en el próximo año, año y medio.

¿Por qué cree que la gente tiene ese tipo de pensamiento o difunde esas ideas sin evidencia alguna?

Todas estas cuestiones formaban parte del ruido, de los bulos, de las informaciones falsas que se difundieron durante el proceso de tramitación. La ley en sí no exige a los titulares de animales de compañía requerimientos muy diferentes a los que tienen a día de hoy. No olvidemos que la mayor parte de las comunidades autónomas ya tienen sus propias normativas de protección y de bienestar de los animales de compañía. En ese sentido, nadie ha visto cambiado o modificado sustancialmente las condiciones en las que se tiene un animal.

Nuestro objetivo es que el desarrollo reglamentario de la ley vaya en esa misma línea, que sea una ley que se ponga en marcha y se implemente de una forma natural. Creo que es lo que sienten ahora mismo todos los titulares de perros o gatos en España. Más allá de tener que identificar a tu animal, darle los tratamientos veterinarios que requiere y garantizar su bienestar –que yo creo que es algo que más del 90% de los titulares de animales de compañía de este país ya hace–, quien tiene que estar preocupado con esta ley es quien abandona o maltrata animales. Evidentemente, a esas personas, la entrada en vigor de la ley les va a suponer una mayor carga punitiva.

Los espectáculos taurinos, protegidos como patrimonio cultural, no están recogidos en la Ley de Bienestar Animal. Si bien cada vez es mayor la población española en contra de la tauromaquia, a nivel legislativo parece un tema tabú. ¿Ve posible el fin del maltrato a los toros?

Existe un grado de consenso social muy alto a la hora de considerar que la tauromaquia es un espectáculo pretérito y que, además, maltrata y tortura a los animales. De hecho, a nivel social, la movilización es cada vez mayor. Por ejemplo, tenemos la Iniciativa Legislativa Popular que se está tramitando ahora mismo para quitarle su actual carácter de protección cultural. 

Más allá de ello, la tauromaquia no entra dentro de las competencias de esta Dirección General. Por nuestra parte, poco más podemos hacer que ponernos a disposición de todas las comunidades o de todos los ayuntamientos que quieran dar un paso más en la protección de los animales y en la prohibición o limitación de los espectáculos donde son maltratados, perseguidos o torturados.

España es el país de Europa con más delfines en cautividad. En muchos países, esta práctica está totalmente prohibida. ¿Se plantean poner fin a los delfinarios?

Los pasos que tengamos que dar tendrán que ser escuchando a los sectores afectados, pero la ley [de bienestar animal] recoge efectivamente una iniciativa para limitar la presencia de cetáceos en cautividad. Es cierto que necesita de un desarrollo reglamentario, al igual que el listado positivo de animales silvestres en cautividad.

¿Esa norma sobre los cetáceos verá la luz durante su mandato?

Sí, claro. Tiene que salir durante este mandato. Nuestra previsión es la de desarrollar la ley [de bienestar animal] en dos reales decretos, y seguramente esa cuestión se abordará en el segundo de ellos, que por los plazos que nos establece la ley, vamos más holgados y por lo tanto tenemos más tiempo para tratar de dialogar, debatir y acordar.

La empresa Nueva Pescanova tiene en marcha la construcción en Gran Canaria de una granja de pulpos, la primera del mundo. Son muchas las críticas tanto por las condiciones de vida que tendrán los cefalópodos como por el método para matarlos (se introducen vivas en hielo a temperaturas bajo cero). ¿Qué valoración hace al respecto su Ministerio?

El ámbito de la pesca, igual que el ámbito de los animales de producción o venta, escapa a nuestras competencias. Evidentemente, si el Ministerio de Agricultura y Pesca tiene a bien pedirnos opinión, pues se la daremos. Trabajamos ya con ese ministerio en otros ámbitos reglamentarios y no tendríamos ningún inconveniente en hacerlo en este también. Pero al no ser nuestra competencia preferimos no pronunciarnos al respecto.

Están muy normalizados los zoológicos donde delfines, orcas, aves y otros animales son un entretenimiento más. ¿Se plantea ponerles fin?

El tema de los zoológicos también queda recogido en la Ley de Bienestar Animal, y forma parte de ese esa segunda parte del desarrollo reglamentario que antes mencionaba. 

Es evidente que los zoológicos, como cualquier otro lugar donde hay animales en cautividad, tienen que evolucionar y no ser únicamente un espacio de ocio y diversión a costa de animales cautivos. En primer lugar, tienen que ir hacia estándares de protección del bienestar de los animales lo más altos posibles. Y, además, tenemos que buscar la manera de que los animales que se encuentren ahí sean animales que estén porque no hay otra alternativa o porque se participe en programas de conservación a nivel internacional. 

Ya estamos hablando con los zoológicos. Hemos tenido alguna reunión bastante satisfactoria en cuanto a que compartimos ese objetivo de que los animales que están en los zoológicos estén lo mejor posible. Trabajaremos en la línea de dar respuesta a lo que la ley plantea en cuanto a que hay ciertos animales que seguramente no podrán seguir estando en cautividad si no están dentro de los listados positivos.

Menciona el listado positivo de animales de compañía (el listado de animales que será legal tener). ¿Cómo avanza esta cuestión?

Por el momento me he limitado a escuchar a algunos sectores afectados por la entrada en vigor de ese listado positivo y ahora mismo no hay ninguna decisión tomada al respecto. Estamos escuchando y comenzaremos el desarrollo reglamentario en cuanto hayamos terminado esa primera fase de escucha.

Cuando termine su mandato y eche la vista atrás, ¿qué le gustaría haber logrado?

Dos cosas, principalmente. La principal, la más práctica, es haber reducido drásticamente los niveles de abandono de animales de compañía en este país. Ese es el objetivo que nos planteamos para esta legislatura y sobre eso vamos a trabajar. Y la segunda cuestión es la de cambiar la conciencia que tenemos en España sobre nosotros mismos respecto al cuidado de los animales. Este es un país que cuida, defiende y protege a sus animales pero que tiene una gran sombra encima: la tauromaquia y los espectáculos con animales.

En España, más de la mitad de sus hogares tienen animales de compañía y los cuidan, los respetan, los protegen, y les dan el cariño y los cuidados que necesitan. Tenemos que cambiar esa perspectiva que tenemos como país, como país de maltrato, porque efectivamente aquí existe el maltrato y existe el abandono, pero esa situación no puede ocultar una realidad: que este país está avanzando en derechos, que está ensanchando esos derechos no solo para las personas, sino para también para los animales que conviven con las personas. Cambiar esa conciencia nos ayudará a avanzar aún más rápidamente por esa senda.