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En el verano de 2023 se volvió a evidenciar, al igual que en el de 2022, que no estamos preparados para los efectos del cambio climático. También lo vimos en las inundaciones del año pasado y la sequía que sigue azotando importantes zonas de Cataluña –con restricciones de uso y límites al consumo a 200 litros por habitantes– y en amplias zonas de Andalucía con una situación extrema… 2023 cerró con 1,3 grados superiores a la media de referencia 1991-2020, siendo calificado como un año “extremadamente cálido y muy seco” según la AEMET. En 2023 se han sucedido olas de calor, valores extremos de temperatura en el aire y en el mar, con docenas de noches cálidas, tórridas y algunas infernales.
Pero el año 2024 sigue por los mismos derroteros, el invierno ha sido el más cálido jamas registrado en España. En enero se registraron 68 marcas de temperatura que marcaron un mes de enero récord de calor extremo en relación con los anteriores registros y ha sido el mes más cálido jamás registrado en España. Febrero ha tenido en conjunto un carácter muy cálido, con una temperatura media en la España peninsular de 8,9 ºC, valor que queda 1,9 ºC por encima de la media de referencia. A escala mundial, puede considerarse que este febrero fue el más cálido desde que hay registros.
El observatorio europeo Copernicus alerta de que es el noveno mes consecutivo rompiendo récords. Las temperaturas en el océano están marcando límites inusuales, la desaparición de hielo en el ártico está llegando a valores umbrales y ya se está poniendo fecha a su probable desaparición en verano. Olas de calor han afectado a todo Estados Unidos, de este a oeste; en Canadá arden 10 millones de hectáreas, los fenoménos meteorológicos extremos se están sucediendo por todo el mundo, ya muchos científicos hablan de que se podría estar llegando a los famosos puntos umbrales donde podemos llegar a terrenos desconocidos. Las advertencias de los servicios climatológicos de la UE, como Copernicus, o de la Organización Meteorológica Mundial no dejan lugar a dudas. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, dice que “es el momento de la era de la ebullición global” y que la situación es comparable a “un coche sin conductor a 160 km/h”.
El cambio climático producido por la influencia humana se sigue manifestando en sequías, olas de calor concatenadas, noches muy cálidas, aumento de frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, como DANAS, tormentas consecutivas, incendios incluso en octubre en el Mediterráneo, y ha vuelto a causar graves impactos a la población, desde muertes causadas por el calor extremo o inundaciones, además de desalojo de pueblos por incendios, y múltiples efectos económicos a la agricultura, el turismo, las infraestructuras, pobreza energética en verano, etc. Todo el mundo ya ha percibido cómo va a ser vivir con unas décimas de grado más.
Una crisis climática como nunca había sucedido
Sobran las señales y las evidencias de que estamos en una crisis climática como nunca había sucedido. No obstante, no se están tomando las medidas precisas. Los mecanismos de prevención y de gestión de crisis han sido ampliamente superados, con el resultado de más de 11.000 muertos por calor extremo en 2022 por ejemplo, y este año pasado de 2023, en un ensordecedor silencio mediático, sin embargo, no ha habido una reacción proporcional ni en nuestra clase política, ni empresarial ni siquiera en las principales ONG.
En otros niveles de la administración como autonómica o local, o en ciudades, o en otros sectores económicos o empresas, ni en los medios de comunicación tampoco se ha producido esa reacción. Finalmente, la comunidad científica que se supone informada con los mejores datos tampoco está reaccionando de forma proporcional al reto observado.
Los ayuntamientos y las ciudades, por ejemplo, no han respondido al grave reto del calor extremo. En algunas ciudades como Madrid se han seguido quitando árboles centenarios en el centro de la ciudad; o las piscinas, por ejemplo, se cerraban en el verano en las horas de mayor calor. Tampoco existen refugios climáticos. En la mayoría de las ciudades, ni planes para cambiar la isla de calor, con medidas masivas de anillos verdes, unión de parques, realización de corredores verdes, eliminación de asfalto, pavimentos drenantes, sombreado masivo de calles o instalación de zonas verdes o planes y programas contra la pobreza energética o acompañamiento a las personas más vulnerables en periodos de extremo calor. Tampoco, por ejemplo, en adaptación a inundaciones. Respecto a infraestructuras criticas como el blindaje de agua de abastecimiento, sigue siendo un reto en cientos de municipios por todo el país. Sí es cierto que se ha avanzado en algunos casos en declaraciones de zonas de bajas emisiones, que es un factor importante en la eliminación de coches privados en el centro.
Los sectores económicos tampoco se están preparando para el cambio climático. Por ejemplo, los regadíos aumentaron España hasta el año 2022 y todavía no hay planes para reducirlos en un escenario de menor agua disponible, de mayores sequías y aumentos de temperaturas. La imagen de playas vacías en Benidorm por las elevadas temperaturas también tiene mucho que decir sobre uno de los sectores clave de nuestra economía. El sector del turismo puede verse muy afectado los próximos años.
Finalmente, las comunidades autónomas o la administración central siguen en su realidad virtual. La Comunidad de Madrid sigue pensando en un circuito de Fórmula 1, por ejemplo. O la de Murcia, Castilla-La Mancha y Aragón, en desarrollo de más regadíos. Los incendios forestales, si bien no llegaron en 2023 a las 300.000 hectáreas del año 2022, demuestran que la estación de peligro ya ocupa todo el año.
En mayo ya había quemadas 50.000 hectáreas, y en noviembre volvió a haber incendios en la Comunidad Valenciana, mientras siguen ampliándose superficies como eucaliptos en Galicia, con una nueva gran planta pastera con empresas como Altri. La administración central declara la emergencia climática en el año 2020 y en 2024 anuncia enormes inversiones para ampliar el puerto de Valencia o el aeropuerto de Madrid, el de Barcelona, varios de Canarias y el de Palma de Mallorca, etc.. obras todas ellas con un elevado impacto ambiental y sobre la biodiversidad y que determinarán un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Las empresas públicas parecen ir por libre en sus inversiones en emergencia climática.
Todos los sectores deberían registrar un descenso significativo de las emisiones, los sectores del transporte, la agricultura, el residencial y la energía han visto aumentar sus emisiones incluso en 2022, y por supuesto la aviación, que en 2023 sigue totalmente desbocada, igual que el transporte de mercancías por carretera. Las inversiones en aislamiento de la población más vulnerable siguen sin desarrollarse. La electrificación del parque automovilístico avanza con gran lentitud, y en el transporte de mercancías no se ha iniciado todavía. La descarbonización de la administración sigue sin impulsarse.
Democratizar la descarbonización es solo un bonito título y no se ha iniciado tampoco. Por ejemplo, la balbuceante primera asamblea ciudadana española hizo una serie de recomendaciones que quedaron en el fondo en un cajón. Por supuesto no fueron vinculantes ni se han iniciado procesos de asamblea ciudadana permanente, ni de inclusión de la democracia en la toma de decisiones. La implantación masiva de las renovables se sigue realizando con graves impactos sobre la biodiversidad y en muchas ocasiones en contra de lo que piensan los habitantes del territorio y tampoco se ha realizado una evaluación de las políticas públicas de cambio climático.
Deben aumentar decididamente los trabajos en adaptación, acentuando sobre todo las acciones para proteger a los más vulnerables, porque sabemos seguro que van a aumentar las temperaturas, va a haber mucha menos agua disponible y se van a producir más fenómenos meteorológicos extremos. Y todo esto va a afectar cada vez a la gente más frágil.
Los gobiernos de todos los niveles, desde el ayuntamiento más pequeño al más grande, deben pasar “de un modo reactivo a un modo transformador, que incluya los conocimientos científicos en las decisiones, anticipe los costes y prevea los riesgos de amplificación y de impactos mayores”. España «debe sistematizar la puesta en marcha de todos los componentes de su marco estratégico de acción por el clima. Debe transformar su política económica, incluidas las políticas presupuestarias, fiscales, comerciales, industriales y de empleo, movilizar los recursos y la financiación necesarios y apoyar a los más vulnerables en un espíritu de transición justa, evitando al mismo tiempo la mala adaptación».
No tiene sentido seguir con la política de pequeños gestos. Necesitamos un cambio profundo y acabar de redirigir la responsabilidad hacia los ciudadanos individuales y poner en marcha cambios estructurales. No estamos preparados para afrontar el cambio actual y futuro, no estamos poniendo los recursos necesarios ni para la mitigación ni para la adaptación. España no está preparada, y la falta de preparación es mortal. Los actuales sistemas de prevención y gestión de crisis están desfasados en 2024.
En definitiva, como dice el proverbio chino, si quieres salir del agujero, deja de cavar hacia abajo (es decir, deja de emitir) y empieza a pensar cómo salir (o sea, adáptate).
Fernando Prieto. Observatorio Sostenibilidad.