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España ha ratificado este martes el Tratado sobre Diversidad Biológica Marina en áreas fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ, por sus siglas en inglés), el primer país de Europa en hacerlo, anunció la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.
El tratado persigue declarar área protegida un 30% de la superficie de alta mar antes de 2030, cuando actualmente solo tiene esta protección un 1%. Así, establece un marco legal robusto para las actividades en el océano y los mares, al regular las actividades humanas en alta mar, permitir su protección con áreas marinas protegidas y establecer un mecanismo para compartir equitativamente los beneficios derivados de la explotación de los recursos genéticos marinos.
Aagesen recordó que hace falta que 60 países ratifiquen el tratado para que pueda entrar en vigor –con España son 16 los que lo han hecho– y mostró su confianza en que ese objetivo se logre en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Océano que se celebra en junio en Niza (Francia).
«Niza va a ser para la protección del océano lo que ha sido París para la lucha contra el cambio climático«, aseguró la vicepresidenta, que llamó a otros países a seguir los pasos de España y ratificar el tratado.
Actualmente, un 21% de la superficie marina española está protegida y el objetivo del Gobierno es alcanzar el 25% este mismo año y el 30% en 2030, recordó la ministra.
El tratado es un compromiso para recuperar y preservar los ecosistemas marinos pero también para enfrentarse «de forma unida, integrada, a la crisis climática, a la contaminación y a la pérdida de biodiversidad» que especialmente afectan a los océanos, añadió Aagesen, que destacó el multilateralismo en «tiempos geopolíticos complicados».
Las asociaciones ecologistas celebran la adhesión pero piden más avances
Varias organizaciones ecologistas han celebrado la adhesión de España, aunque han declarado que «debe ser solo el principio» y han reclamado más avances en la protección marina. Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Birdlife y WWF han destacado en un comunicado «el apoyo a la protección de la biodiversidad en aguas internacionales y la apuesta por el multilateralismo» de España al ratificar este instrumento internacional, «esencial para alcanzar el objetivo global de proteger al menos el 30% de los océanos para 2030».
Este instrumento también crea un marco adecuado para abordar desafíos como la sobrepesca, la contaminación, el reparto equitativo de los beneficios de los recursos genéticos marinos, y evaluar y limitar el impacto de nuevas actividades humanas como es la minería submarina.
Las organizaciones han reclamado al Ejecutivo una profundización en la gobernanza participativa de estos espacios, «comenzando con la aprobación de los planes de gestión de los espacios marinos protegidos y dotar adecuadamente con recursos humanos y materiales la puesta en marcha y seguimiento de dichos planes», según han indicado.
Los grupos ecologistas han pedido, además, adoptar la prohibición de la minería submarina en aguas españolas, igual que ya se hizo con la exploración de gas y petróleo.
«Este paso refuerza el compromiso del país con la protección de los mares y océanos y con la cooperación internacional para la conservación marina», en un contexto global en el que han considerado «fundamental» el compromiso con acuerdos internacionales.