El histórico acuerdo, que obliga al Estado a descarbonizar su red de transporte para el año 2045, se produce dos años después de que 13 jóvenes presentaran su demanda.
Los residentes de la isla se quejan de que inversores y constructoras quieren comprar sus terrenos arrasados por el fuego para favorecer el turismo. El gobernador ha alertado de estos “compradores predatorios” y promete aprobar medidas que protejan a la población local.
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