Un año después del peor incendio forestal del último siglo en Estados Unidos, los habitantes de Maui intentan recuperarse

Este artículo de Anita Hofschneider fue publicado originalmente por ‘Grist’ en inglés. Traducción de Rita da Costa.

La casa de una sola planta a cien metros del puerto de Lahaina donde creció Tiare Lawrence era una típica casa de plantación hawaiana, un estilo arquitectónico de larga tradición histórica, con tejado a cuatro aguas, exterior de madera azul claro y una mata de buganvilla en el jardín delantero.

Allí crecieron no sólo su abuela, sino también su madre y sus tíos. Durante más de un siglo, la familia conservó la casa, pese a que el número de residentes hawaianos nativos en Lahaina fue disminuyendo con el paso de los años, al tiempo que los impuestos sobre la propiedad iban aumentando y la población se convertía en un centro turístico. Cuando iba al instituto, Lawrence se levantaba al alba, cogía la tabla de surf del garaje y se iba a su playa preferida para coger unas olas antes de ir a clase mientras el sol despuntaba sobre el cielo de Maui Occidental.

Ahora se le quiebra la voz al hablar de ello: la finca platanera que cuidaba su tío abuelo, las incontables reuniones familiares, las fotos de familia que se perdieron para siempre cuando la casa ardió en un feroz incendio forestal el verano pasado.

El jueves [8 de agosto] se cumplió un año desde que las llamas arrasaron Lahaina, matando a más de cien personas en el incendio forestal más mortífero del último siglo en Estados Unidos. La voracidad del fuego devastó esta localidad costera, calcinando más de dos mil edificios y obligando a miles de residentes a desplazarse. La semana pasada, la población programó numerosos actos para conmemorar el aniversario del desastre: los surfistas salieron al mar en masa, las familias se reunieron en el centro cívico de Lahaina y más de un centenar de alumnos de sexto curso de Kanaka Maoli representaron una obra de teatro para honrar la historia de la ciudad, que en tiempos fue capital del reino de Hawái.

El aniversario se celebra poco después del acuerdo provisional de 4.037 millones de dólares anunciado el viernes [2 de agosto]. Tras la catástrofe, las víctimas interpusieron cientos de demandas contra la compañía eléctrica que se cree responsable del incendio, y también contra los terratenientes cuyos pastizales secos sirvieron de combustible a las llamas. Las negociaciones para llegar a un acuerdo se han visto retrasadas, en parte, por la disputa sobre quién debe cobrar las indemnizaciones en primer lugar, si las víctimas o las compañías de seguros. Más de cien aseguradoras presentaron demandas para recuperar los miles de millones que ya habían abonado a sus clientes.

Esa cuestión aún no se había resuelto cuando el gobernador de Hawái, Josh Green, anunció ese mismo viernes que las partes habían llegado a un acuerdo provisional. La mayor parte del dinero, 1.990 millones de dólares, procederá de Hawaiian Electric, cantidad que se espera permita a la empresa evitar la quiebra. No queda claro cómo se repartirá el resto de la financiación entre los demás demandados, incluidos el estado de Hawái y el condado de Maui, así como diversas entidades privadas. Las aseguradoras tienen noventa días para resolver sus reclamaciones tras el acuerdo provisional.

Así pues, aún quedan muchos interrogantes sobre cuándo recibirán realmente su dinero los residentes de Maui y cómo se repartirá la financiación entre los supervivientes, los abogados y las compañías de seguros. Sin embargo, una vez resueltas estas cuestiones, el acuerdo podría suponer un impulso vital para las familias desplazadas y la conclusión extraordinariamente rápida de un litigio que, en otros lugares, se ha arrastrado durante años.

También sería uno de tantos datos que ponen de manifiesto el elevado coste de los desastres provocados por los incendios forestales, que se prevé que sean cada vez más frecuentes a medida que empeora la crisis climática. El año pasado, PacifiCorp acordó pagar 299 millones de dólares a las víctimas del incendio que en 2020 arrasó Archie Creek, en Oregón, y los demandantes recibieron una media de 646.000 dólares cada uno. En California, Pacific Gas and Electric se declaró en quiebra y llegó a un acuerdo por valor de 13.500 millones para zanjar las reclamaciones relacionadas con el terrible incendio conocido como Camp Fire, en el que ochenta y cinco personas perdieron la vida.

En la costa oeste, el patrón de destrucción absoluta, seguida de demandas y grandes indemnizaciones, se ha convertido en una tónica familiar, criticada por su escasa eficacia a la hora de compensar a las víctimas. A veces, los receptores de esas indemnizaciones ven cómo la elevada carga fiscal recorta esos esperados pagos. Otros sostienen que la vía jurídica no es más que una tirita en el problema subyacente del cambio climático que permite al gobierno federal —que por lo general no es parte demandada— seguir eludiendo su responsabilidad como facilitador de las emisiones de combustibles fósiles.

En Hawái, las organizaciones civiles temen que los acuerdos individuales se queden cortos a la hora de abordar las costosas reformas de infraestructuras necesarias para que la comunidad pueda recuperarse verdaderamente. Varios grupos, como el Lahaina Community Land Trust, enviaron en julio una carta a las partes en litigio instándolas a incluir en los debates, entre otras necesidades, la financiación de la futura planificación urbanística de la Lahaina. Cuatro mil millones es un tercio de los doce mil millones de dólares estimados como coste total de la catástrofe.

«Sólo tenemos una oportunidad de hacer las cosas bien», afirmaron las organizaciones en las redes sociales. «Y si bien las indemnizaciones individuales en efectivo son cruciales para aliviar a corto plazo la situación de muchos de los afectados, no nos acercan mucho más a ese objetivo colectivo».

No todo el mundo sigue de cerca las negociaciones. Randy Dadez, cuya casa de alquiler se quemó en el incendio, no había visto los titulares sobre un inminente acuerdo porque ha estado ocupado trabajando como chófer para un hotel de West Maui y cuidando de su mujer y sus cuatro hijos.

«Si quiere que le diga la verdad, no me había parado a pensar en el dinero —afirma—. Si le soy sincero, es lo último que se me pasa por la cabeza».

Lo que más le preocupa son sus cuatro hijos, con edades comprendidas entre los nueve y los veintidós años, y el estrés al que están sometidos desde que se quedaron sin hogar a raíz del incendio. Durante meses han vivido a salto de mata, yendo de un hotel a otro: primero el Fairmont, luego el Hyatt, después un largo periodo en Honua Kai Resort, y por último el Royal Lahaina. No fue hasta el mes pasado cuando la Administración Federal de Gestión de Emergencias los trasladó finalmente a una casa, donde sólo estarán hasta febrero. Después de esa fecha, Dadez no sabe qué pasará.

Por supuesto que el dinero sería de ayuda, dice. La casa de su padre, que había pertenecido a la familia desde 1938, fue pasto de las llamas y no estaba asegurada. Reconstruirla sería caro: el coste de construcción de una casa en Maui puede ascender fácilmente a 350 dólares el pie cuadrado, es decir, más de medio millón de dólares por una casa de 1.500 pies cuadrados (unos 140 metros cuadrados).

Sin embargo, Dadez se muestra escéptico respecto a la cuantía de la indemnización, y está mucho más preocupado por sus responsabilidades cotidianas, que incluyen llevar y traer a su mujer e hijos a las consultas médicas a causa de migrañas, escoliosis, ansiedad y otras dolencias.

«Sólo le pido a Dios que nos dé salud y, si cae algo más de propina, bienvenido será», declara.

Tiare Lawrence, al frente de la comunidad de nativos hawaianos, también observa con escepticismo las noticias sobre el acuerdo. Cuando se declaró el incendio no vivía en la casa familiar, pero su tío abuelo y sus dos hermanos estaban en Lahaina ese día, y por suerte lograron escapar con vida. Lawrence ha dedicado el último año a recaudar fondos para paliar el desastre y a coordinar proyectos comunitarios. Ha visto partir a una familia tras otra para trasladarse a Oregón, al estado de Washington y a Las Vegas. Lo que más desea es que el dinero del acuerdo llegue a las familias de Lahaina para que puedan reconstruir la comunidad. Piensa en su tío abuelo de ochenta y dos años. Está bien, pero no puede pasar décadas esperando una solución, no dispone de tanto tiempo.

«Como todos los demás, preferiría estar en su casa», afirma.