El Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento advierte de que España se arriesga a la quiebra de su modelo económico si no cambia su gestión de los recursos hídricos.
Una narrativa desinformadora relaciona la sequía en el territorio con el derribo de presas a pesar de que las barreras demolidas estaban en desuso o debían destruirse por ley al haber terminado su concesión, según los expertos consultados. La mayoría, además, son azudes, pequeñas estructuras que no acumulan agua.
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