La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que el Estado ecuatoriano es responsable por no proteger los derechos de los pueblos indígenas y por no hacer cumplir la voluntad popular expresada en las urnas para dejar el petróleo del Yasuní bajo tierra.
Tres representantes de la sociedad civil estuvieron de gira por España para dar a conocer la situación que atraviesa el Parque Nacional Yasuní, en Ecuador, más de un año después de que el pueblo dijese no a la extracción de petróleo y sí a proteger una de las zonas con más biodiversidad del planeta.
En agosto del año pasado, el 59% votó en referéndum detener la explotación petrolera del Parque Nacional Yasuní. A pesar de que la Corte Constitucional dio de plazo un año, el Gobierno aún no ha cesado las operaciones ni desmantelado las instalaciones petrolíferas.
El economista ecuatoriano Alberto Acosta destaca el poder de la ciudadanía en los procesos de defensa del Yasuní, territorio amazónico en el cual una consulta popular ha parado la extracción petrolera, y del Mar Menor, el primer ecosistema reconocido como sujeto de derechos en Europa.
Casi el 59% decidió apoyar el cese de las operaciones extractivistas de una de las zonas más ricas en biodiversidad del planeta. Ahora, el próximo Gobierno tiene un año para desmantelar el yacimiento.
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