Los gatos tienen ley, sí. Y hay que cambiarla

Escribe Miguel Clavero, investigador Científico, Estación Biológica de Doñana – CSIC.

El pasado 6 de septiembre, unas 40 manifestaciones y concentraciones en todo el Estado español, convocadas por más de 350 entidades, exigían el cumplimiento de la ley en la gestión de los gatos callejeros. Bajo el lema «Los gatos tienen ley», la norma reivindicada es la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, dando a entender que es una ley para los gatos. Y no les falta razón.

La que debería haber sido la norma destinada a regular la forma en la que las personas nos relacionamos con nuestros animales de compañía, evitando abusos y fomentando su bienestar (nada más y nada menos), acabó convirtiéndose, tras una larga y polémica tramitación, en un instrumento legal que, en la práctica, sirve fundamentalmente para proteger a los gatos callejeros.

En 2019, España fue dos veces a elecciones generales. Por entonces, el Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (desde 2022, llamado Partido Animalista Con el Medio Ambiente, PACMA) había aumentado espectacularmente sus apoyos y tenía posibilidades de conseguir representación parlamentaria. Sus cientos de miles de votos se convirtieron en objeto de deseo para el resto de partidos, que intentaron pescar en ese caladero. En Europa, las sensibilidades animalistas se reparten por todo el espectro político, incluyendo las extremas derechas. Sin embargo, en España (y Portugal), la asociación de la tauromaquia con las derechas favorece su acercamiento a la izquierda. Así, en 2019 Unidas Podemos fue quien más fuerte apostó por los apoyos de PACMA. En el debate entre candidatos de las segundas elecciones, en noviembre de 2019, Pablo Iglesias buscó expresamente el voto animalista, lanzando un mensaje sobre “el derecho de los animales al bienestar”.

En las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos para la formación del primer Gobierno de coalición se acordó impulsar una Ley de Bienestar Animal para garantizar “una relación respetuosa hacia todos los seres vivos”. En enero de 2020, Pablo Iglesias, ya vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, anunció la creación, dentro de un ministerio sin ninguna conexión previa con la fauna, de la Dirección General de Derechos de los Animales.

En septiembre de 2021 apareció, sin seguir ningún procedimiento oficial, un borrador del anteproyecto de ley de bienestar animal, probablemente lanzado a modo de globo sonda por la recién creada dirección general. El contenido del texto resultó sorprendente y alarmante. Tal y como estaba redactado el proyecto, la norma hubiera supuesto el fin de buena parte de la gestión de especies invasoras, la protección total de cualquier tipo de fauna que viviese en núcleos urbanos (incluidas, por sorprendente que pueda parecer, cucarachas, ratas, piojos o mosquitos) y habría imposibilitado el uso de perros de trabajo en ganadería, por poner solo algunos ejemplos. 

Aquella primera versión del texto establecía ya la protección total de todos los individuos de gato doméstico, a los que consideraba animales de compañía independientemente de su situación, incluso cuando vivieran de forma completamente silvestre. También introducía y fijaba los conceptos de “colonia felina” (para referirse a las agrupaciones de gatos en torno a puntos de alimentación) y de “gato comunitario” (para referirse a los integrantes de las colonias). Se forzaba a los ayuntamientos a asumir la alimentación, cuidados y protección de estas colonias, y se les imponían la obligación de establecer programas de captura, esterilización y retorno (CER), definidos en la ley como “gestión ética”. En realidad, estos programas se convertían en gestión única, ya que la norma excluiría cualquier otra posibilidad.

Desde el principio, muchas personas y entidades, incluyendo investigadores, colegios profesionales y sociedades científicas, pusieron sobre la mesa las implicaciones ambientales y sanitarias de mantener gatos en la calle. El problema no es menor. Los gatos que viven libremente en el medio depredan sobre la fauna silvestre y generan una mortalidad muy elevada, afectando a numerosas especies amenazadas. Existen, además, riesgos de salud pública, asociados a parásitos como Toxoplasma o Toxocara, pero también a otros agentes infecciosos. Por si eso fuese poco, vivir en la calle es negativo para los propios gatos, exponiéndolos a atropellos, enfermedades, lesiones, depredación y otros riesgos que merman su esperanza y calidad de vida.

También se advirtió repetidamente y por muy diversos medios de que las estrategias CER no son, por sí mismas, una solución al problema de los gatos callejeros. Para reducir el número de gatos mediante programas CER es necesario alcanzar tasas de esterilización extremadamente elevadas y, al mismo tiempo, impedir la llegada de nuevos ejemplares. Ambas condiciones son muy difíciles de conseguir, más aún si tenemos en cuenta que en España hay alrededor de dos millones de gatos viviendo en colonias. Los trabajos científicos que han estudiado programas CER muestran que no funcionan en casi ningún escenario. Así, una herramienta de gestión de eficacia dudosa, por no decir muy pobre, se pretendía convertir por ley en una obligación general, negando, además, cualquier otro tipo de actuación.

En el proceso de algo más de año y medio hasta su aprobación, el texto de la ley fue perdiendo algunos de sus aspectos más difícilmente justificables, como la protección genérica de lo que se había llamado “fauna urbana”, y se introdujeron cambios importantes atendiendo a las exigencias de distintos grupos políticos, como la exclusión final de los perros dedicados a la caza. Pero la cerrada defensa y protección de las colonias felinas y del CER como eje de su gestión no cambió ni un ápice. Así fue como una ley que nació para favorecer el bienestar animal acabó convertida en la ley de los gatos.

La ley 7/2023 se hizo de espaldas a la comunidad científica y los profesionales de la veterinaria y la biología. Se aparcó el bien común, además del de los propios gatos, para mantener la indeseable situación de tener gatos en la calle. Se obligó a los ayuntamientos a esfuerzos no solo inasumibles, sino también, en el caso de que se pretendiesen asumir, inútiles. Ese espejismo de gestión autodenominada “ética” fijada en la ley, inalcanzable como espejismo que es, fue lo que reivindicaron las manifestaciones del pasado día 6. Si una norma es mala e imposible de cumplir –como lo es en varios aspectos la Ley de bienestar animal–, lo que hay que hacer es cambiarla.

El problema de los gatos en la calle es complejo y no tiene soluciones mágicas. La ley debería haber sido clara en el objetivo de dejar de tener gatos callejeros, como ya pasó con los perros en España, tan rápidamente como sea posible, ofreciendo un abanico de posibilidades de gestión, adaptables a diferentes situaciones. Entre las estrategias a emplear se incluirían la promoción de la adopción de animales, el traslado de colonias a recintos cerrados –que garanticen el bienestar y neutralicen sus impactos– y la disminución progresiva de la alimentación de animales que viven en la calle, el principal motor de que las poblaciones de gatos sigan aumentando. El CER puede ser una herramienta útil en determinados contextos, siempre en combinación con otras aproximaciones. Pero si el objetivo es dejar de tener gatos en la calle, no es defendible que el CER sea la única forma de abordar el problema. 

Seguramente, estando el patio como está, es mucho pedir que la política de partidos se acerque al berenjenal de las colonias de gatos basándose en el extenso conocimiento científico que tienen a su disposición y priorizando el bien común. Pero no queda otra que seguir insistiendo.

Los gatos tienen ley, es cierto. Una ley que convirtió una herramienta de gestión inaplicable y casi siempre inútil en una obligación. Una que perpetua un problema ambiental y de salud pública muy grave y unas condiciones de vida terribles para millones de gatos. Una mala ley que hay que cambiar.