Más de 200 especialistas y organizaciones de conservación piden una Ley de Bienestar Animal guiada por criterios científicos

Carta firmada por 211 investigadores e investigadoras pertenecientes a 18 centros de investigación y 36 universidades públicas. También respaldan el texto las principales organizaciones de conservación: Asociación Herpetológica Española (AHE), Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos (SECEM), Comité Científico de la Sociedad Española de Ornitología (SEO BirdLife), Asociación Española de Ecología Terrestre (AEET), Asociación Española para la Conservación y el Estudio de los Murciélagos (SECEMU). Puedes consultar la lista completa de firmantes aquí.

El 27 de diciembre marcó un cambio significativo en la Dirección General de Derechos Animales, al pasar a ser conducida por José Ramón Becerra, miembro del partido Verdes Equo. Su predecesor dejó un legado controvertido, que incluyó la promulgación de la primera Ley de Bienestar Animal de nuestro país (Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales). Desde su etapa de anteproyecto, esta ley estuvo sujeta a una amplia crítica por parte de diferentes sectores, incluyendo colegios de veterinarios y biólogos, las principales sociedades científicas que trabajan en conservación y biodiversidad en el país, criadores de fauna y hasta el principal partido animalista, PACMA. Las razones detrás de estas críticas son variadas, pero la mayoría converge en la idea de que los problemas derivados de la ley se deben a que no estaba correctamente asesorada y, por tanto, ignoraba temas tan importantes como la biodiversidad, salud pública e incluso, en algunos aspectos, el propio bienestar animal. De hecho, pareciera que su tramitación priorizó la premura sobre las directrices de especialistas en los diferentes ámbitos que abarca.

En este contexto, José Ramón Becerra enfrenta el desafío de manejar una ley que claramente necesita mejoras, y su desarrollo normativo puede ser una oportunidad única para subsanar sus carencias, atendiendo a expertos que lo asesoren debidamente. La decisión es sencilla: implementar modificaciones basadas en información científica aportada por especialistas, no sólo opiniones de algunos sectores involucrados, o mantenerse en la línea de su predecesor, cuya falta de disposición para la escucha y el diálogo derivó en directrices erróneas que generaron un enorme descontento en la comunidad científica, incluyendo veterinarios y biólogos.

Recientemente, el nuevo director general de Derechos Animales accedió a una entrevista con este medio, Climática, en la que se evidenció una postura aparentemente conciliadora, reconociendo algunas carencias significativas de la ley en cuestión. Si bien este reconocimiento marca un progreso considerable en áreas críticas como el previsible impacto de la ley en la conservación de la biodiversidad, o las implicaciones económicas para ciertos sectores, preocupa la actitud aparentemente continuista en relación con alguno de estos puntos, con especial énfasis en la problemática que plantea la ley en cuanto a la gestión de las colonias felinas y gatos ferales. Como miembros de la comunidad científica que hemos seguido de cerca todo el proceso de esta ley, aportamos aquí ciertas observaciones antes de que se incurra en argumentos carentes de base científica, algo que ha caracterizado la tramitación de la Ley en su totalidad.

Uno de los aspectos más preocupantes que llamó la atención de un nutrido grupo de ecólogos y biólogos de la conservación (nada menos que 800), y que fue expresado de manera contundente en una carta publicada en El País, es la protección total que la norma confiere a los gatos, sin distinción alguna (ya sean animales con dueño como individuos abandonados en colonias o ferales). En este sentido, agradecemos a Becerra el aparente cambio de actitud, al admitir el impacto negativo de estos felinos tanto sobre la biodiversidad como en la salud pública. Esto contrasta con la postura de la anterior Dirección General, que no solo ignoraba esta problemática, sino que desacreditaba y bloqueaba en las redes sociales de manera sistemática a los científicos que hacían notar esos impactos, pese a la extensa bibliografía científica existente sobre ellos.

En la entrevista, Becerra plantea que los gatos abandonados y las colonias felinas estaban presentes antes de la promulgación de la ley, algo que es absolutamente cierto pero que no justifica que no se deba reconocer sus impactos y plantear su erradicación. A nadie le parecería lógico que un gobierno no solvente problemas de contaminación porque ya existían desde periodos anteriores. No se discute la existencia del problema, sino la solución que se plantea para intentar resolverlo. En este sentido, la afirmación de Becerra de que «empieza a haber conocimiento científico de cómo una colonia felina bien gestionada contribuye sustancialmente a la reducción de la población de gatos comunitarios dentro de un municipio o dentro de una comarca» es absolutamente errónea cuando se sustenta en el método que se ha seleccionado como única opción posible de gestión en la ley. De hecho, los trabajos científicos llevados a cabo hasta la fecha en todo el mundo muestran claramente que el CER (siglas para Captura-Esterilización-Retorno de animales), método propuesto por la ley para el control de colonias felinas, es ineficaz, económicamente inviable y no proporciona una solución real al problema salvo que se haga a gran escala (al menos, implicando al 80% de los individuos en enormes áreas geográficas) y se acompañe de una extracción masiva de individuos (más del 50% de la población).

Resulta desconcertante que el propio Becerra diga simultáneamente que el CER es eficaz pero que por sí mismo no sirve, y que «una buena gestión de colonias felinas es la que cuando llega un gato que sí está identificado, lo saca y se lo entrega a su titular o lo entrega en un centro de recogida de animales». Claramente, la R del CER debe hacer alusión a la necesidad de retirar a los individuos del medio. Los datos científicos son claros al respecto: la gestión eficaz de los gatos callejeros pasa por el fomento de medidas que faciliten la retirada (ayudas reales a la adopción, el confinamiento, las asociaciones protectoras de animales), pero nunca de medidas que consideren el retorno de los gatos a la calle y su mantenimiento en libertad.

Reconocer el impacto negativo que los gatos de colonias o ferales ejercen sobre la biodiversidad es un paso fundamental para abordar el objetivo de que estos animales dejen de estar libres en el medio, en especial en áreas prioritarias de conservación. Sin embargo, y pese a que el nuevo director general reconoce que muchas colonias localizadas en áreas sensibles no pueden estar ahí, este aspecto (recogido incluso en la ley) es ambiguo y falto de claridad. ¿Quién va a establecer los criterios y quién va a evaluar si las colonias felinas tienen o no un impacto? En biología de la conservación, cuando es metodológicamente complicado evaluar los impactos de actividades humanas sobre la biodiversidad se prima el principio de cautela: hay impacto, a menos que se demuestre lo contrario.

La extensa literatura científica avala este impacto, por lo que ninguna colonia felina es inocua a priori. En zonas especialmente sensibles, su impacto simplemente es mayor y la ley debería ser tajante en este sentido: en áreas sensibles para la biodiversidad no deben existir colonias felinas, estén gestionadas o no, ni tampoco se debe permitir la presencia de gatos ferales. En áreas con altos índices de endemismo como Canarias, el impacto de los gatos es muy grave, pero también lo son los espacios protegidos e incluso áreas sin figuras específicas de protección donde viven especies amenazadas, como el lince y el gato montés, que también se ven negativamente afectadas por los gatos debido a procesos de hibridación y a la transmisión de enfermedades. Más aún, en el escenario actual en el que buscamos fomentar que las ciudades sean espacios sostenibles (Green cities), los impactos que los gatos tienen sobre la biodiversidad urbana no pueden seguir menospreciándose.

Conservar y fomentar la biodiversidad debe ser un objetivo común a todo el territorio y es una obligación del Estado velar por este bien común. Nos enfrentamos a un desafío considerable, dado que son numerosas las especies únicas que hemos perdido en todo el mundo debido a los gatos y, de no implementar medidas eficaces, no sería sorprendente que algún otro representante de nuestra fauna endémica se sume pronto a esa lista. Mientras Becerra considera estas cuestiones, el tiempo sigue avanzando hacia una situación cada vez más compleja y potencialmente irreversible. 

Le recordamos que uno de los principales objetivos del Ministerio al que pertenece es precisamente la conservación de la biodiversidad a través de la aplicación de la Agenda 2030. En la actualidad, el derecho internacional (Convenio sobre Diversidad Biológica, la Convención sobre especies migratorias, Directiva de Aves y la de Hábitat, entre otras normas) obliga a las autoridades nacionales a implementar políticas destinadas a prevenir, reducir o eliminar los impactos humanos sobre la biodiversidad. En este sentido, la tenencia y abandono de gatos y su posterior concentración en colonias felinas o su asilvestramiento son consecuencia de una actividad humana. En el real decreto de invasoras de España, de hecho, se reconocen como especies invasoras a las especies domésticas que vagan sin dueño. La ley de bienestar animal, por tanto, incumple lo establecido en el derecho nacional e internacional sobre conservación de la biodiversidad. No deje todo en meras intenciones. Acuda a los científicos para que le asesoremos, es nuestro trabajo. No se deje guiar por intereses y discursos fáciles que conducen a situaciones insostenibles. Desde la comunidad científica estamos dispuestos a sentarnos y dialogar en busca de puntos de encuentro. Necesitamos una Ley de Bienestar Animal que se guíe por criterios científicos y cuya aplicación no suponga una amenaza para la biodiversidad y la salud pública.