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Juan F. Samaniego
Cada vez que llueve mucho en Tarragona, la historia se repite. Cauces desbordados, calles inundadas, desagües colapsados. Y playas cubiertas de plástico. Las precipitaciones provocadas por la reciente borrasca Harry en el este de la Península han vuelto a llenar las costas de la provincia catalana de cientos de miles de bolitas de diferentes formas y colores, del tamaño aproximado de una lenteja: son pélets de plástico, la base a partir de la que se fabrican la mayoría de objetos de este material. La situación es de sobra conocida por las autoridades, pero apenas se han dado pasos para solucionar el problema.
De acuerdo con la información revelada por el medio de comunicación local Porta Enrere, una investigación de los Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya realizada en los años 2021 y 2022 identificó a la empresa Repsol Química como uno de los principales focos de emisión de los pélets que contaminan la playa de La Pineda, la más afectada por los vertidos en la costa catalana. Dicha investigación, concluyó que la tipología de parte de los plásticos que inundan la zona coincide con la de los que se fabrican en la planta de Repsol Química. El expediente, que también indica que la compañía podría incluso haber vertido pélets al mar a través de un emisario submarino, derivó en una sanción de 3.000 euros impuesta por la Agencia Catalana del Aigua (ACA).
El nivel de detalle con el que los Agents Rurals identifican a Repsol Química y a otras dos empresas del polígono petroquímico de Tarragona (Ravago Plásticos y Chemieuro) contrasta con la decisión de la Fiscalía de Tarragona: tras iniciar una investigación en enero de 2024 para determinar el origen de los microplásticos que inundan desde hace décadas la zona, la archivó sin señalar a nadie.
De acuerdo con la Fiscalía, no se había detectado un vertido de pélets con entidad suficiente como para que pudiera ser considerado delito. Además, afirmaba que resultaba muy complejo determinar la presunta autoría y el grado de responsabilidad de las empresas. Aunque los expedientes de los Agents Rurals y de la ACA son previos a la investigación de la Fiscalía de Tarragona, no se ha podido confirmar que la autoridad pública los revisase como parte de su investigación.
Este medio ha intentado contactar en múltiples ocasiones con Repsol Química, Ravago Plásticos y Chemieuro para recabar su versión. En el momento de la publicación, no habían respondido.
Hace ahora dos años, el vertido de pélets en las costas de Galicia después de que el carguero Toconao perdiese un contenedor de este material en medio de un temporal puso el foco sobre los impactos medioambientales de la producción y el transporte de la también llamada granza de plástico. Pero en los alrededores del complejo petroquímico más grande del sur de Europa, en Tarragona, a nadie le pilló por sorpresa: allí se fabrican cada año dos millones de toneladas de pélets, equivalentes a unos 80.000 contenedores como los que perdió el Toconao.
En las más de 1.200 hectáreas que ocupa el complejo tarraconense operan alrededor de 100 empresas que producen más de 21 millones de toneladas de productos petroquímicos al año (el 25% de la producción química y el 60% de la producción de plásticos de España), según datos de la Asociación de Empresas Químicas de Tarragona. Además, a través de los puertos cercanos (Barcelona, València o Tarragona) se importa también una cantidad desconocida de granza de terceros países.
Es difícil saber cuántos de estos microplásticos se pierden por el camino, contaminando la costa mediterránea (a nivel europeo, la UE estima que se derraman entre 52.140 y 184.290 toneladas de granza al año). Pero el goteo es constante. En la playa de la Pineda, en Vila-seca (donde se ubica PortAventura y cerca también de Salou), los microplásticos compiten en protagonismo con los granos de arena. Tras analizar los 580 kilómetros de la costa catalana desde el cabo de Creus hasta Vinaròs, un estudio de 2025, desarrollado por la Universidad de Barcelona y la Rovira i Virgili, concluyó que esta era la playa más contaminada por pélets de Catalunya: allí se acumulan hasta 2.000 partículas de plásticos por cada kilogramo de arena. Y los pélets no se quedan solo en Tarragona, a través de las corrientes marinas han llegado hasta las islas Baleares y, en particular, a Menorca.
“No hay lugar a dudas de que la contaminación por pélets tiene origen en las petroquímicas. Las pérdidas se producen durante las distintas fases de la cadena del plástico, la producción, el transporte, la manipulación o el almacenamiento”, explica Jordi Oliva, cofundador de Good Karma Projects, una de las organizaciones que más ha estudiado el problema a lo largo de los años y que más ha luchado para que se apliquen medidas de control. “La conexión es clara, la hemos visto. Los pélets aparecen tanto en el río Francolí como en las rieras colindantes en cualquier época del año, pero en especial durante los episodios de lluvias torrenciales, cuando los microplásticos llegan en mayor cantidad al mar”, denuncia.
En 2021, un informe del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) de 2021 señaló la playa de La Pineda como una de las más afectadas por la contaminación por pélets que procedían, presumiblemente, de las fábricas del polígono petroquímico de Tarragona. En 2022, el expediente de los Agents Rurals, revelado por Porta Enrere y consultado también por Climática, indica que los pélets viajan a través de una riera que cruza el polígono Norte de la petroquímica de Tarragona (la riera de la Selva) hasta el río Francolí, que desemboca en el puerto de la ciudad y que una gran parte de estos microplásticos procede de Repsol Química, Chemieuro y Ravago Plásticos.
Asimismo, las documentación obtenida por Porta Enrere señala que a raíz del trabajo de los Agents Rurals estas tres empresas fueron sancionadas por los vertidos por la Agència Catalana de l’Aigua en 2023, aunque las multas oscilan entre los 1.000 y los 3.000 euros. Las investigaciones del cuerpo policial catalán resaltan además que, en el caso de Repsol Química, la empresa habría vertido los pélets en la riera de la Selva desde hace años, que las medidas tomadas para reducir el vertido han sido insuficientes y que los pélets incluso podrían haber llegado al mar directamente a través de un emisario submarino (una tubería que desemboca mar adentro).
“La contaminación por pélets es un problema estructural y complejo, porque intervienen muchas empresas en toda la cadena de producción, transporte y transformación del plástico”, señala Xavier Curto, coordinador de Surfrider, otra de las organizaciones que lleva años siguiendo el problema y fiscalizando la actividad de las petroquímicas. “Las sanciones y las multas, aunque necesarias, siguen siendo medidas reactivas. Sin un marco de prevención y control obligatorio, las pérdidas continúan siendo frecuentes”, añade.
Además del trabajo de los Agents Rurals y de la investigación (archivada en 2024) de la Fiscalía de Tarragona, las organizaciones Good Karma Projects y Surfrider han seguido un camino diferente (y, por ahora, el que mayor éxito ha tenido en abordar el problema). En octubre de 2023, dos meses antes del accidente del Toconao y en colaboración con el equipo jurídico de INSTA, solicitaron el inicio de un procedimiento administrativo de exigencia de responsabilidad ambiental. Es decir, abrieron una vía para determinar si existe o no responsabilidad ambiental por parte de las empresas de la cadena de valor de plástico implicadas. Esta causa provocó que la Generalitat de Catalunya acabase abriendo un expediente a 13 compañías que operan en el polo petroquímico de Tarragona.
La resolución establece una relación causal entre la actividad industrial y la contaminación de rieras, ríos y playas, aunque concluye que la atribución de responsabilidades directas a empresas concretas es imposible. Además, impone medidas de gestión y de control para controlar los vertidos. Por ahora, dichas medidas están recurridas en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) por las empresas afectadas.
Desde la Asociación de Empresas Químicas de Tarragona señalan que la mayoría de las acciones indicadas por la Generalitat forman parte de las buenas prácticas de gestión que las empresas petroquímicas han adquirido, de forma voluntaria, como parte de la iniciativa europea Operation Clean Sweep, un proyecto nacido de la propia industria de los plásticos para evitar la emisión de partículas al medioambiente. “Este compromiso voluntario recoge y exige el uso de las mejores prácticas, estándares, procedimientos y técnicas para prevenir la pérdida involuntaria de pélets”, insisten fuentes de la asociación.
“Sabemos que esta contaminación se produce porque no existen medidas obligatorias para las empresas, y que las prácticas voluntarias han demostrado ser insuficientes. Por eso hemos impulsado este proceso de responsabilidad ambiental”, recalca Xavier Curto. El caso ha traspasado los límites de Tarragona y de Catalunya: el pasado agosto, el Govern de les Illes Balears anunció que se personará en la causa ahora recurrida en el TSJC. “Esto es importante, porque la contaminación proveniente de tierra de la actividad industrial en Tarragona no solo afecta a la provincia de Tarragona, sino a todo el mar Balear”, añade Jordi Oliva.
Además de formar parte de la iniciativa Operation Clean Sweep, las empresas de la cadena del plástico del polígono tarraconense también han puesto en marcha una plataforma junto a las principales administraciones (la Generalitat, la Diputación y el puerto de Tarragona): la plataforma cero pellets. Sin embargo, otra investigación publicada por Porta Enrere a principios del año pasado concluye que esa plataforma es poco más que un lavado de cara de las empresas petroquímicas, ya que durante su primer año de vida solo se reunió en dos ocasiones (incluyendo la de la constitución de la entidad). Por su parte, la Asociación de Empresas Químicas de Tarragona señala que en el último año se celebró también una jornada en la que se mostraron las medidas que utiliza una compañía (LyondellBasell) para evitar las fugas involuntarias de pélets.
Mientras todo esto sucedía a nivel local, la situación también ha cambiado a nivel europeo. El pasado octubre, el Parlamento Europeo aprobó de forma definitiva el reglamento relativo a la prevención de las pérdidas de granza de plástico para reducir la contaminación por microplásticos, el resultado de un trabajo legislativo que se inició poco después del vertido del Toconao. La norma impone obligaciones a todas las empresas que producen, manipulan o transportan pélets de plástico.
Entre otras cosas, el reglamento exige prevenir las pérdidas en toda la cadena, desde la fabricación y el almacenamiento hasta el transporte, mediante planes obligatorios de gestión de riesgos, mejores prácticas de embalaje, formación del personal y protocolos de actuación rápida en caso de derrames. Además, las empresas de mayor tamaño deberán someterse a certificaciones independientes, con el objetivo de aumentar la transparencia en el sector.“Es una ley que todavía tiene que aterrizar a nivel nacional y que tendrá sus márgenes de aplicación, no se verán efectos inmediatos. Pero es importante destacar que, en Tarragona, a raíz de la causa administrativa iniciada en 2023, las empresas llegaron a estar obligadas a aplicar medidas preventivas y de transparencia, aunque después se negaron a ponerlas en práctica y las recurrieron en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya”, recalca Jordi Oliva.
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