Infraestructuras resilientes: eficaces, desiguales y cortoplacistas

En Estados Unidos las inversiones públicas para resistir los fenómenos asociados al cambio climático funcionan. ¿Pero llegan a todo el mundo? Ese es hoy el gran debate.
Buena parte de la ciudad de Norristown (Pensilvania) quedó bajo las aguas tras el paso del huracán Ida. Foto: MICHAEL STOKES / FLICKR

Desde el sótano de mi casa, en Filadelfia, donde tuve que refugiarme tras varias alertas por tornado debido al huracán Ida, pensaba en los 10 días que pasé sin electricidad tras la devastación que provocó Sandy, ocurrido en 2012 también en el noreste estadounidense. Aquella tormenta lejana de categoría 1 fue el primer aviso tangible de que fenómenos meteorológicos impropios de estas latitudes podrían manifestarse cada vez más frecuentemente.

Nueve años más tarde, los últimos coletazos de Ida arrasaron esta zona del país, dejando a su paso al menos 50 personas muertas, algunas de ellas –paradójicamente– en sótanos, esos habitáculos subterráneos que protegen de los tornados pero pueden ser letales en caso de inundación. Al sur del país, unos días antes, el mismo huracán con una potencia bastante superior, categoría 4, golpeaba fuertemente Luisiana provocando 26 muertes. Entre una cifra y otra reside una diferencia urbanística que pasa por las infraestructuras: si ciudades como Nueva York apenas mejoraron la suya tras Sandy, Nueva Orleans reforzó su complejo sistema de diques con una inversión federal de 14.000 millones de dólares después de sufrir el embate del Katrina.

Preparar las infraestructuras para las catástrofes climáticas que, sin duda, vendrán, es un tema que está siendo discutido mundialmente y, desde luego, en Estados Unidos. Se trata de una prioridad no solo en la agenda de Biden, sino también a nivel regional y local, con estados como Florida a la cabeza: la península cuenta con un Programa de Costas Resilientes que destina financiación tanto a obras –diques, rompeolas– como a otras iniciativas naturales consistentes en restituir antiguos manglares o poblar de dunas y vegetación la primera línea de una costa que no para de erosionarse. La ciudad de Miami posee, además, su propio plan, una inversión de 400 millones de dólares que refuerza las propuestas anteriores, añade otras como la actualización del alcantarillado y nuevos proyectos para mejorar la salubridad del agua, y la ampliación de zonas verdes, que incluye aumentar un 30% la masa forestal urbana.

Infraestructuras para la “resiliencia climática”

A lo largo y ancho del país, la llamada «resiliencia climática» está permitiendo poner en marcha desde pequeñas iniciativas como la de la calle Percy, en Filadelfia –donde se sustituyó el asfalto tradicional por otro poroso que permite la filtración de agua–, hasta el mayor invernadero vertical del mundo, que se encuentra en Chicago. En este local de más de 8.000 metros cuadrados se cultivan verduras gracias a lámparas LED y un sistema de agricultura hidropónica que no requiere pesticidas y aprovecha el agua de piscifactorías. Y es que cuando se habla de infraestructura resiliente –o verde, o sostenible–, se alude a un complejo entramado de proyectos que a menudo necesitan implementarse en conjunto para maximizar sus resultados. Si bien este tipo de infraestructura ha conseguido logros notables, tanto en la reducción de daños económicos como, sobre todo, de vidas perdidas –compárense la veintena de muertos recientes en Nueva Orleans con las más de 1.800 personas que fenecieron como consecuencia del Katrina, cuando los diques se rompieron–, también ha generado una serie de críticas que deben ser tenidas en cuenta.

Ante el plan de Miami, por ejemplo, el Architect’s Newspaper ha advertido que el edificio de 12 plantas que se derrumbó el pasado junio, matando a casi 100 personas, se había construido sobre roca porosa en un área donde antes había un manglar, lo que ha llevado a algunos medios a especular con la posibilidad de que los cimientos se resintieran por las subidas del nivel del mar. Si las causas se confirmasen, los planes urbanísticos previstos poco podrían hacer contra este tipo de desastres.

Por otra parte, numerosas zonas de Luisiana que quedan fuera de la red de diques –en su mayoría distritos donde vive gente de clase baja– sí que se inundaron y sufrieron numerosos daños materiales, lo que está generando un debate que apunta a la desigualdad social creada por la infraestructura resiliente: qué zonas proteger y según qué criterios lleva tiempo siendo discutido. Sobre esto existe un consenso relativamente unánime que afirma ya lo inevitable: habrá población que, para muchos, no merezca ser rescatada.

Asumiendo un enfoque utilitarista, se está apostando por desplazar a pueblos enteros cuando la financiación de diques y otras medidas similares no resulta rentable Es el caso de Isle de Jean Charles, en la costa del Golfo de México, el primer proyecto federal de traslado forzoso que, según The New York Times, fue diseñado como modelo para que otras comunidades lo sigan. Además, la inversión en infraestructuras protectoras plantea el dilema de si se está incentivando que la gente se mude a lugares donde la habitabilidad a largo plazo no está garantizada, lo que podría provocar más víctimas. Todo esto desafía los relatos triunfalistas que depositan en la infraestructura una confianza plena como para mitigar los efectos del cambio climático, sin destacar que se trata de medidas paliativas que, en la mayoría de los casos, contribuyen significativamente a que se liberen más gases de efecto invernadero, debido al alto coste energético que implica este tipo de arquitectura, calificada erróneamente de ‘verde’.

En definitiva, la solución a la emergencia climática no encuentra una respuesta fácil. Es necesario un enfoque diversificado que se centre, al mismo tiempo, en evitar daños a corto plazo pero teniendo en cuenta las consecuencias en un futuro cercano. Como ocurre con los sótanos, la infraestructura resiliente puede convertirse también en un arma de doble filo.

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