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El 13 de marzo de 2020, cuando el Gobierno anunció que decretaría el confinamiento, Anna Prats decidió irse a la casa que la familia de su pareja posee en Beníssiva, un pequeño pueblo de Alicante. “Vinimos por quince días, para no pasar el confinamiento en la ciudad, y aquí seguimos”, dice esta joven valenciana que llevaba años viviendo en Barcelona. Siguieron pagando el alquiler de sus pisos en la capital catalana varios meses porque, debido a las restricciones por la COVID, no podían volver para hacer la mudanza. Finalmente, ese verano rompieron los lazos con la ciudad.
La pareja hacía tiempo que jugaba con la idea de volver al País Valencià, de donde ambos son originarios. “Pero queríamos esperar unos años”, dicen. La pandemia fue el detonante para cambiar una ciudad de un millón y medio de habitantes por un pueblo de 70. Y se muestran encantados con el cambio. Durante el confinamiento se dedicaron a hacer jabón y diversos licores con los que elaboraron cestas de Navidad, junto con unos amigos que producen aceite. “Han triunfado”, explica, satisfecha. Recogen sus propias hierbas, comparten un huerto con unos vecinos y complementan su alacena con los productores de verduras que itineran por el valle una vez por semana. “Solo nos faltan las gallinas”, bromea.
El caso de Anna es el de cientos de personas que, ante el hartazgo de pasar el confinamiento en pisos pequeños, se decidieron a cambiar a entornos con menos población y más conectados con la naturaleza. El teletrabajo, que se impuso durante los primeros meses de la pandemia, fue uno de los grandes detonantes. Debido a ese interés creciente, Ton Lloret, vecino de Argensola (Catalunya), decidió poner en marcha la cuenta de Twitter Repoblem, desde la cual pone en contacto pueblos que necesitan más vecinos y gente que quiere dejar atrás las ciudades. “El confinamiento puso sobre el papel una necesidad que muchos hacía tiempo que tenían: un cambio drástico de vida”, explica Lloret, que ha convertido su experiencia tuitera en libro.
Vida rural, ¿vida sostenible?
Huir de las junglas de cemento para llegar a pueblecitos de calles empedradas, donde poder llevar un estilo de vida más calmado y, también, más sostenible. Consumir producto de kilómetro cero, reducir los plásticos y las emisiones. Esa es la idea que muchos urbanitas meten en el petate cuando se mudan al campo. Pero ¿es realmente la vida en las zonas rurales más sostenible? El economista Edwar Glaeser lo tiene claro y así lo dejó plasmado en su obra El triunfo de las ciudades (2011), en la que aseveró que las ciudades son más eficientes y menos contaminantes, comparativamente, que las zona rurales.
La dispersión lleva a la dependencia del coche, a más dificultades a la hora de regular térmicamente los hogares, y a tener que hacer malabarismos para garantizar servicios básicos a todos los habitantes. Así lo demostró un estudio realizado por la Consejería de Hacienda de Galicia en 2014. Hacia la mitad de núcleos de población en España se encuentran en esta comunidad, donde también se halla el 60% de pueblos con menos de 100 habitantes, según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta dispersión demográfica llevó a la Consejería a cifrar en 500 millones de euros el sobrecoste sanitario en la región. También aseguró que el transporte para llevar a alumnos de zonas rurales a la escuela podía llegar a costar hasta 4.277 euros por niño.
La dependencia del coche se convierte en el día a día de personas como Mauricio O’Brien, mallorquín de nacimiento y ahora residente en Candamo, una pequeña población de Asturias de 130 habitantes, donde no hay ni colmado ni servicios. “En 2019 hice 35.000 kilómetros en coche. Mi huella de carbono patinó”, asegura, debido a que tiene que realizar desplazamientos recurrentes a Madrid o Barcelona por trabajo. Mauricio no tiene carné de conducir y, cuando no puede ir en coche con su mujer, debe usar el transporte público. “A 3 km de distancia tenemos un tren de vía estrecha, que tiene muchos déficits de mantenimiento”, explica. El resultado es que los 30 minutos que tarda en llegar a Oviedo en transporte privado se transforman en una hora con el tren. Eso, si es que no se retrasa o se cancela el servicio.
El riesgo del aislamiento
La falta de infraestructuras o dificultad para acceder a servicios básicos son el día a día de muchos pueblos pequeños. Mauricio asegura sentirse afortunado porque, poco antes de mudarse a Candamo, la red de Internet se elevó hasta los 20 Megas… aunque lo cuenta a través de una conversación telefónica que se inicia con problemas de cobertura. “La posibilidad de teletrabajar no solucionará la despoblación si no se aseguran los servicios básicos”, considera Manel Fernández Jaria, profesor de Economía y Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), quien pone el acento en el deber de las administraciones de “enfocar los presupuestos a potenciar servicios sanitarios y educativos”.
La población envejecida de muchos de estos pueblos lleva a una falta de niños y niñas que, a su vez, deriva en el desmantelamiento de escuelas rurales. Por eso, muchos de los Ayuntamientos que intentan aumentar su comunidad a través de la cuenta de Twitter de Repoblem buscan específicamente familias con hijos para asegurar la continuidad del colegio. Este es el caso de Imma Ferrer quien, en ver que podía teletrabajar tranquilamente desde Terrassa, decidió hacer realidad el sueño de la familia de irse a vivir a un pueblo de montaña. Gracias a Repoblem encontró su actual hogar, en Ossera (Lleida) que, debido a la incorporación de los cuatro miembros de la familia de Imma, incrementó en un 16% su población, sumando 24 habitantes.
El requisito que ponía el pueblo para acoger a nuevos vecinos es que vinieran con niños, ya que, antes de la llegada de estos terrasenses, en Ossera no había menores. Con la llegada de esta familia, la escuela rural, que da servicio a diversos municipios, llegó a los 10 alumnos que garantizaron su continuidad. “Nuestra llegada supuso la incorporación de una línea de transporte escolar. Esto ha significado un beneficio para todo el valle, ya que el paso del bus ha asegurado el paso del quitanieves por las carreteras durante las nevadas”, explica Imma.
La incomunicación durante los meses de frío es un grave problema para los vecinos de la zona, ya para acceder a cualquier servicio deben desplazarse hasta la Seu d’Urgell, que se halla a una hora en coche. Ossera fue tímidamente repoblada hace unas décadas por productores de mermeladas y miel, que ofrecen los únicos productos locales que se pueden comprar en el pueblo. Esto supone que, a pesar de que el cambio de vida ha sido radical para Imma y su familia, sus hábitos de consumo no han variado tanto. “Tenemos que ir a un supermercado una vez cada dos semanas y cargamos el coche, por lo que no podemos comprar demasiado producto fresco ni de kilómetro cero y nuestro consumo de plástico tampoco se ha reducido”, se lamenta.
Caminar hacia la soberanía
“Se ha tomado conciencia de la importancia de consumir producto local, pero si no se potencia la producción de proximidad desde la administración, no será sostenible. La gente tiene una memoria muy corta y volveremos a los modelos de antes”, sentencia Manel Fernández Jaria. La situación de despoblamiento ha hecho que muchos productores hayan optado por las dinámicas de la agroindustria, “lo cual, a su vez, genera más despoblamiento”, afirma Ton Llorent, impulsor de Repoblem. Los terrenos que antaño servían de huertas se han convertido en “grandes extensiones de bosques selváticos que en verano se incendian. Antes estaban bien gestionados, con cultivos que hacían de cortafuegos y enriquecían la biodiversidad”, señala.
Las últimas generaciones se han ido de los pueblos y solo regresan a pasar las fiestas o a visitar a los familiares que resisten en zonas despobladas. “Hasta que la gente de la ciudad no ha necesitado a los pueblos, no hemos descubierto que la mitad del país tiene carencias de servicios y está dejada de la mano de Dios”, reflexiona Llorent, quien apunta a la necesidad de aprovechar la migración interior para conseguir mejores infraestructuras y condiciones. “Mudarte a un pueblo no es como ir a pasar el fin de semana a tu segunda residencia, que si no tienes Internet o no puedes ir a comprar no pasa nada”, asegura Mauricio O’Brien.
El cambio tiene que venir por una apuesta más en firme de la administración, pero también desde dentro. Asturias, según cuenta Mauricio, está plagada de iniciativas de agricultura y ganadería ecológica que “plantean el sector primario de una manera diferente, pero esto se tiene que trasladar también al sector servicios”, opina. Generar iniciativas de movilidad compartida u opciones para garantizar la soberanía energética serían buenas soluciones para mejorar la falta de infraestructuras y garantizar un menor impacto ecológico, a la vez que se crearían ofertas de trabajo para repoblar las zonas. “Lo sostenible está en la agenda, pero la realidad nos dice otra cosa. En núcleos pequeños y repartidos, la organización es difícil y esto se lo pone muy fácil a los oligopolios, que se llevan todo el pastel”, apunta el mallorquín.
“Somos un país de servicios. Nos cuesta generar iniciativas y el emprendimiento no está extendido en los pueblos”, explica Fernández Jaria. Es por eso que en lo rural, “la sombra del desempleo es brutal”, asegura Mauricio, quien se quedó en paro a los pocos años de llegar a Candamo. Su formación y capacidad para teletrabajar hizo que pudiera subsistir como freelance. De otra manera, asegura, no hubiera podido persistir en un pueblo tan pequeño. “En estas zonas hacen falta más veterinarios, maestros, pero también diseñadores, empresarios y artistas que las dinamicen”, asegura Llorent. Y es que lo que realmente generaría un estilo de vida sostenible sería el equilibrio entre vida rural y urbana, descongestionando las ciudades y dando vida a los pueblos, de tal manera que ambos, a su manera, puedan ser autosuficientes.
Sierra de Guadarrama: Protección versus especulación.
[Financiación colectiva]
Recurso para anular el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG)
Ecologistas en Acción en colaboración con la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), la Asociación Ecologista del Jarama “El Soto” y el Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA), ha interpuesto un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) solicitando la nulidad del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG).
Este reglamento que regula las actividades y usos en el territorio supone un retroceso en los niveles de protección de la Sierra con respecto a los preexistentes en el Parque Natural de la Cumbre, el Circo y las Lagunas de Peñalara y en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. El PRUG permite actividades incompatibles en un parque nacional y que no estaban autorizadas en esos espacios naturales como son los usos hosteleros, nuevas edificaciones con usos ajenos a la conservación, competiciones deportivas, maniobras militares, etc.
Con esta nueva regulación se está favoreciendo la masificación de los enclaves más sensibles de la Sierra de Guadarrama, provocando procesos de degradación (erosión, apertura de caminos, ruidos, acumulación de basura). Ante la avalancha de vehículos y visitantes, la capacidad de gestión de muchos ayuntamientos se está viendo desbordada repercutiendo negativamente en la calidad de vida de los habitantes de los municipios del Parque Nacional y su entorno.
Para hacer frente a los costes del proceso legal, Ecologistas en Acción, ARBA, El Soto y GRAMA, lanzamos desde el 12 de enero al 12 de marzo de 2022 una campaña de donaciones.
https://www.ecologistasenaccion.org/187179/financiacion-colectiva-proteccion-vs-especulacion-en-el-parque-nacional-de-la-sierra-de-guadarrama/
(TON LLORET, no Llorent)
Aviso a los que os vais a pueblos pequeños: cuidaros de cazadores y caciques, los amos de los pueblos pequeños, os prevengo, es gente con poder y de instintos primarios que aborrecen a las personas progresistas y sensibles, no las quieren en «sus dominios». Los pueblos pequeños serían encantadores y sumamente relajantes sin ésos pobladores.
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Hace más de una década, al menos 55 ejemplares de fauna murieron envenenadas y tiroteadas en un coto de caza, entre ellas, especies catalogadas en peligro de extinción, como un águila imperial y cuatro milanos reales.
Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF ejercen la acusación popular en este procedimiento, cuya vista se celebra 11 años después de producirse los hechos.
El envenenamiento más grave de rapaces en Castilla-La Mancha dio lugar a la suspensión cautelar de la actividad cinegética en el coto por parte de la administración de medio ambiente provincial. No obstante, la suspensión se mantuvo apenas unos días, volviéndose a permitir casi de inmediato para la celebración de una competición de caza con galgos, suponiendo un riesgo para la recuperación de las poblaciones de aves rapaces de la zona.
Once años después de los hechos, dos de los tres imputados inicialmente ya han fallecido. El único encausado al que se podrá juzgar ahora, y que actuaba como guarda del coto, había sido acusado anteriormente por un caso de envenenamiento y caza de rapaces con búho en la misma finca.
En este caso de envenenamiento masivo están personadas como acusación las entidades Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF España, que han conseguido mantener vivo el procedimiento a lo largo de una década, pese a los recursos de los acusados, la petición de archivo de la Fiscalía de Toledo y la lentitud en la tramitación del procedimiento en sede judicial. El juzgado, a petición de la acusación de las ONG, decidió imponer una fianza solidaria a los tres acusados de 168.000 € por la responsabilidad civil por los daños causados a los ejemplares.
Según los datos de WWF y SEO /BirdLife, Toledo es la provincia que encabeza el número de envenenamientos de águila Imperial ibérica en la última década y la cuarta en número de envenenamientos en el caso del buitre negro. Para esta última especie el ranking lo encabeza Ciudad Real que además es la segunda en intoxicaciones de águila imperial. Ello evidencia que Castilla–La Mancha sigue siendo una comunidad en la que la disposición de medios y aplicación de medidas contra el uso ilegal de veneno es clave para la conservación de estas especies, dada la afección que sufren por la utilización de este método ilegal de caza masivo y no selectivo.
Mucho más reciente (octubre de 2020) es el caso de envenenamiento en el término toledano de Calera y Chozas, directamente relacionado también con la caza de liebres y donde se encontraron envenenados dos buitres negros, dos buitres leonados, 3 aguiluchos laguneros y otras especies de fauna silvestre y doméstica, así como numerosos cebos envenenados. A pesar de la solicitud de información acerca de este caso, y de la petición de WWF de ser considerada parte interesada en el expediente el pasado mes de julio de 2021, la administración de medio ambiente de Toledo no ha dado respuesta a estas peticiones ni ha tomado ninguna medida cautelar, como la suspensión de la caza.